Tras conocerse que el fiscal Enrique Gavier solicitó la investigación jurisdiccional de Eduardo Caeiro, defensor oficial del 28° Turno Penal de Córdoba, mucho se habló de supuestas implicancias de funcionarios y operadores judiciales en maniobras presuntamente indebidas. De hecho, el pedido al juez de Control José Milton Peralta es por la supuesta comisión de delitos.
Pero poco se habló de la prueba en la que se sustenta la decisión de Gavier. La Voz accedió a esas actuaciones que permiten conocer qué considera indebido el fiscal de Delitos Complejos en el accionar de Caeiro y de cuatro empleadas judiciales que habrían recibido ayuda para el concurso de auxiliar de la defensa y obtuvieron un resultado óptimo o casi óptimo en una de las pruebas.
En su pedido al juez Peralta de imputación por “violación de secreto oficial”, Gavier sostiene que Caeiro “reveló presuntamente, conforme a la prueba aportada, información precisa relativa al contenido del examen especial que él mismo” había elaborado, “a cuatro concursantes vinculadas a él de modo personal, académico o funcional, violando así la reserva del sistema de concursos para acceder a la función pública”.
Paz María “Pachi” Sonzini Astudillo -escribiente en la Cámara 12ª del Crimen-, Mariana Lorenzatti -auxiliar en la Oficina de Violencia Familiar-, Florencia Zuliani -auxiliar en la Cámara de Acusación- y Ana Martha Ruiz Tamagnini -prosecretaria auxiliar colaboradora en la misma defensoría de Caeiro, son las empleadas judiciales que “habrían aceptado” que Caeiro “les brindara la información secreta aludida”.
El fiscal dice que la denuncia del gremio remarcó que había irregularidades en preguntas de la evaluación, “algunas de las cuales estaban fuera de temario”, y se indica que “sólo cuatro personas” habían logrado “un puntaje cercano al ciento por ciento”, frente a un 70 por ciento promedio del resto. Se reitera que las cuatro aspirantes tenían vínculos con Caeiro.
Indica el expediente que el defensor habría evacuado consultas o abordó temas vinculados a la evaluación en clases que dictaba en la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Finalmente, se agrega que “una de las personas que había obtenido puntaje alto habría confesado ante compañeros de oficina haber tenido acceso al contenido del examen”.
Luego de un sumario administrativo cuyo resultado comprometió a Caeiro, la causa fue girada a Gavier por la Fiscalía General.
Las razones del fiscal
Como se informó semanas atrás, el fiscal de Delitos Complejos pidió al juez de Control 7 José Milton Peralta la apertura de investigación jurisdiccional a Caeiro, por presunta “violación de secreto oficial reiterada” (cuatro hechos), y a las cuatro empleadas judiciales, como partícipes necesarias de esa conducta.
Muchos pusieron énfasis en algunos intercambios telefónicos del sospechado con otros actores de Tribunales con supuestas acciones irregulares, pero eso no parece ser el núcleo del expediente, que no son más que los hechos que para el fiscal vinculan a Caeiro y a las judiciales en la filtración del examen.
Gavier, con argumentación contundente, involucra a Caeiro en acciones indebidas con sus deberes de miembro del tribunal, exhibe la prueba que lo vincula en la presunta filtración y desbarata sucesivas y cambiantes excusas que fue usando el protagonista de esta historia a medida que la divulgación de los hechos complicaba su situación.
En su análisis de prueba, Gavier extrae conclusiones preliminares como: “Surge expresamente el deber de confidencialidad que pesa sobre los miembros del tribunal examinador y la incompatibilidad con el dictado de clases vinculadas a los temas del concurso”.
También en este tramo expone lo que muestra la comparación de los exámenes de las cuatro mujeres señaladas con los del resto de los concursantes: de 289 aspirantes, sólo aprobaron 173 (59%); de los aprobados, sólo las cuatro sospechadas obtuvieron 33 puntos o más (94%), mientras que el promedio del resto obtuvo 30 puntos porcentuales menos (65%). Ellas acertaron todas o casi todas (“Lorenzatti erró una”), incluidas las que estaban fuera del temario oficial y una que estaba en contra de la actual jurisprudencia.
También se reprocha al defensor oficial que “de 165 impugnaciones presentadas, 96 se atribuyen a Caeiro”, lo que involucra casi todas las que él elaboró (12 de 13).
Si bien luego abunda con mayor profundidad en los vínculos del defensor con las cuatro aspirantes, Gavier dice que “tenían un vínculo funcional o académico con Caeiro: Zuliani fue adscripta y cursaba la especialidad (que él dictaba); Lorenzatti fue adscripta; Sonzini Astudillo, cursaba; (y) Ruiz Tamagnini era (su) auxiliar en su defensoría”.
En el análisis de la prueba, al fiscal le resulta “poderosamente llamativo” que, “por su vinculación con Caeiro, (las cuatro aspirantes) podrían haber recibido información privilegiada para sortear el examen, y acertaran (excepción hecha de Lorenzatti) las 13 preguntas que elaboró el defensor público sospechado”.
De esas cuatro aspirantes, dos entregaron el examen 20 minutos antes y dos 10 minutos antes que el tiempo fijado.
“Lo que está claro es que la diferencia –amplia, por cierto– que obtuvieron respecto del resto de los candidatos está dada por el tramo de preguntas confeccionadas por Caeiro, que son, como se dijo, las más cuestionadas y a las que menos acertó el resto de los concursantes”.
Por otra parte, Gavier cita una “sospecha preexistente” de que Caeiro haya favorecido a un empleado de su oficina y amigo personal para el mismo cargo, pero el año anterior, y siendo él también integrante del Tribunal examinador. Esa persona es cuñada de Sonzini Astudillo.
Para refirmar estos datos de los exámenes, el fiscal añade el análisis de los testimonios y los aparatos celulares secuestrados. Previamente, señala que Caeiro hizo una consulta informal ante el Tribunal de Ética respecto de la compatibilidad de dictar el curso en la UCC y estar en el concurso, pero no la hizo formal (por escrito o en una audiencia) como le indicaron en esa consulta.
Intercambio de comunicación
Tras analizar de manera pormenorizada las relaciones que tuvo Caeiro con las cuatro sospechadas (a dos de las cuales visitaba en sus oficinas de Tribunales 2) y cruzar esos datos con las fechas del concurso, el fiscal analiza el intercambio de llamadas y de mensajes de él con las mismas.
Resalta que “esta práctica de borrar los mensajes del chat específico Caeiro la ha tenido con Zuliani, con Lorenzatti, aparentemente con Sonzini Astudillo” y no con Ruiz Tamagnini, con quien compartía oficina a diario.
También sostiene que a partir de determinada fecha la práctica del “borrado automático de los mensajes, además de con Zuliani, Caeiro también la ha establecido, significativamente, con Miguel ”Cuti" Aliaga, quien fuera empleado del asesor, con quien además tiene profuso intercambio de llamadas por WhatsApp, y a quien se sospecha que Caeiro favoreció en el concurso anterior en el que fuera miembro del Tribunal examinador, para acceder al mismo cargo".
El núcleo de la acusación tiene que ver con los diálogos que Sonzini Astudillo tuvo con una compañera de trabajo –GL– que se transformó en la “testigo estrella” o “testigo de oro”. Vuelve a mencionar el fiscal que Sonzini Astudillo es cuñada de Aliaga y repite la sospecha de haber sido favorecido este en el concurso anterior.
Hay mensajes borrados entre el defensor y la aspirante, pero en ambos teléfonos no fueron borrados los mismos. Para el fiscal, el objetivo del borrado “sin dudas” ha sido “eliminar rastros comprometedores” relacionados “con esta investigación”.
Lo que mucho se dijo días atrás sobre “irregularidades en otros concursos” probablemente tenga que ver más con lo que Gavier reitera varias veces en este expediente: el acceso al mismo cargo en 2021 por el que habría sido favorecido “Cuty” Aliaga.
Volviendo a la “testigo de oro”, tras su declaración administrativa también lo hizo ante el fiscal y frente a los defensores. Allí ratificó sus dichos y negó que haya sido presionada: declaró sin fisuras que “Pachi” le había confesado que recibió ayuda de Caeiro.
La testigo recordó que Caeiro fue novio de una hermana de Sonzini Astudillo. Señaló que el defensor le preguntó a la empleada “si iba a rendir el examen de asesoría y que cuente con él para toda ayuda que ella necesite”. Cuando la testigo le preguntó qué tipo de ayuda, Sonzini Astudillo –según su compañera– le dijo “no sé, qué se yo” y “como que me dará las respuestas”.
La testigo señaló que su compañera le dijo tras el examen: “A mí me fue muy bien y me pone muy nerviosa que a todos les haya ido mal; seguramente yo me saqué una muy buena nota” porque –según relató la testigo que ella le comentó– “dos días antes del examen la había llamado el Flaco (Caeiro) y le había dicho que lleve la ley de integridad de no sé qué, que le había dicho que se lleve tal jurisprudencia, como que le había nombrado qué material llevarse, y que le había ido bien porque ella tenía todo ese material”.
En un diálogo en el que su compañera lloraba mientras relataba las facilidades que había obtenido, la declarante agregó: “Ella me dijo que el material que tenía no era el que teníamos todos, porque si no nos hubiese ido distinto”. En llanto, “Pachi”, según la testigo, le pidió disculpas por no haberle contado antes.
En otra conversación, “Pachi” le pidió que no cuente nada, que no la denuncie, porque “podían echarla a ella y podían echarlo a Caeiro”.
Después de que se realizó la denuncia y comenzaron las publicaciones de La Voz, Sonzini Astudillo abordó a la testigo y le reprochó que estuviera hablando “por todo Tribunales” que ella había recibido las preguntas del examen. Ella le negó haberlo hecho, pero aclaró en su declaración que su compañera “empezó como a querer cambiar lo que me había dicho, ‘porque yo nunca te dije que había tenido material que no esté en el temario’”, a lo cual GL le dijo que no quería hablar más del tema. Le respondió: “Bueno, ‘Pachi’, no quiero hablar más de este tema, espero que no estés inventando todo esto para sacarme de mentira, verdad”.
El fiscal relata también un enfrentamiento que hubo en la cámara cuando Sonzini Astudillo increpó a LG y se generó una escena violenta que motivó la intervención de terceros.
Otra testigo, la secretaria de la cámara donde ambas trabajan, reafirma que LG en su momento le había contado “que una tarde Paz la llamó para contarle que había recibido información de Caeiro ‘sobre unos temas que se iban a tomar’”.
Luego, el fiscal Gavier transcribe un mensaje de WhatsApp de Sonzini Astudillo en el que este le dice a LG: “Che... le quiero pedir una ayuda a Caeiro...” y “no me animo... vos decís que no da??” Luego dice: “Veo si se la deslizo.. no sabía q tenía esta fama ni lo de mi cuñado... capaz quiera ayudarme ami tmb ajja” (sic).
Sobre esto, el fiscal concluye: “Este diálogo arroja claridad prístina en cuanto a que, efectivamente, Caeiro le ofreció ayuda a Sonzini para el examen”.
Luego, el instructor dice que hay mensajes entre ambos que fueron borrados.
El mismo análisis, con elementos de comunicaciones, formula el fiscal sobre Zuliani y Lorenzatti.
El fiscal señala que “existe un indicio más en contra de las sindicadas: ninguna de ellas, tras la anulación del concurso por parte del TSJ, se inscribió ni rindió nuevamente para el nuevo concurso de aspirantes”.
Excusas cambiantes
Gavier también enumera las diferentes argumentaciones que fue usando Caeiro para justificar su no participación en las maniobras reprochadas. Primero, hablando de un “carpetazo” porque a él supuestamente le ofrecieron el cargo de adjunto en el Ministerio Público de la Defensa; después argumentando una operación de un periodista de este diario para perjudicarlo en su intención de postularse para un concurso en Tribunales federales.
También señala Gavier que Caeiro les dijo a sus colegas del Tribunal examinador que “si bien existía vinculación objetiva entre él y las cuatro concursantes”, ellas eran “excelentes, tenían las mejores notas en el examen general y en los otros concursos que habían rendido”. A posteriori, el instructor derrumba esas afirmaciones brindando detalles de los antecedentes de las postulantes, que no eran tan “excelentes”.
Rasgo de personalidad
Para finalizar, el fiscal Gavier introduce un razonamiento que parece describir una herramienta que el sospechado tendría: “Caeiro es proclive a cultivar y sostener relaciones y contactos para beneficio propio o por interés personal y que le permitan acceder a cargos de mayor jerarquía que el que ya ostenta; y que le permitirían en su visión de las cosas acceder a ellos porque él cree que es la única forma de llegar y para ello estaría predispuesto, a inclinarse y pedir y a cometer irregularidades, a favor de sí y de las personas de su círculo”.
Y luego, añade: “Este rasgo de personalidad resulta congruente también con lo ocurrido en el caso, es decir, que violando el secreto cuya protección tenía el deber funcional de proteger, quisiera favorecer a estas cuatro personas de su círculo, quienes también reprochablemente habrían alentado el delito de propia mano de aquel para obtener un beneficio ilegítimo”.
Antes de cerrar su razonamiento, el fiscal cita una frase de Caeiro extraída de un chat telefónico: “Para mis amigos TODO... la vida es así, si yo puedo dar una mano a alguien, seguramente el día de mañana me la van a dar a mí”. Sobre esto, Gavier sostiene que “evidencia que el nombrado es capaz de realizar la conducta penalmente reprochable cuya investigación se requiere”.
