“Vergonzoso; si no es por Blas, estaría libre”. Tal fue la primera expresión de Soledad Laciar al enterarse de la condena al cabo 1° Lucas Gómez a una pena de prisión condicional por encubrir al violador serial de La Calera.
La mujer es la mamá de Valentino Blas Correas (17) -el joven asesinado por balas policiales el 6 de agosto de 2020- y Gómez está señalado por la Justicia como quien efectuó el disparo fatal.
Lo que surge después del juicio finalizado este martes en la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba es que por ese encubrimiento Gómez no debería haber estado en funciones porque lo habían pasado a situación pasiva. Sin embargo, el Tribunal de Conducta Policial revirtió la medida y lo restituyó “a la calle”, con la posibilidad de empuñar la pistola 9 milímetros que mató a Blas.
“Estas son las condenas que uno nunca entiende. Nunca hubiera estado preso y no sé si hubiera llegado a juicio de no ser por lo que pasó con Blas”, prosiguió Soledad.
“Tengo sensaciones encontradas. Lo condenan pero me pongo en el lugar de esas familias (seis víctimas abusadas). Dicen que (Gómez) es culpable (de encubrir al abusador) y le dan dos años y medio” de prisión, agregó.
Sobre la restitución de un imputado de encubrimiento a sus funciones en la calle y con un arma, Soledad opinó: “Si la Justicia hubiera actuado en tiempo y forma, Blas estaría acá. La Policía es un desastre y la Justicia también. Esto sucedió en 2016 y ahora lo condenan, después de lo que pasó con Blas”.
Con relación al monto de la condena, dos años y medio de ejecución condicional y 15 meses de inhabilitación, la madre de Blas se quejó: “No es una persona común que encubrió a un violador; es un servidor público que tiene que cuidarte”.
Condena a cuatro policías
A pesar de la pena condicional, Gómez sigue detenido porque está cumpliendo prisión preventiva, a la espera del juicio como autor del homicidio calificado de Blas.
Los cuatro policías encubrieron a Leandro Castañares (32), un violador serial que en mayo de 2018 fue condenado por la Cámara 3ª del Crimen a 15 años de prisión por seis hechos de abuso sexual, más otros delitos “menores”.
En un proceso regular podrían haber sido juzgados también quienes lo encubrieron, lo que recién se concretó ahora. No siempre esto se puede lograr, pero que sigan en libertad o, lo que es peor, en funciones, resulta por demás llamativo.
En el juicio de la Cámara 8ª, Gómez y otros tres uniformados recibieron penas de ejecución condicional por hechos cometidos en la segunda mitad de 2016. El vocal unipersonal Juan Manuel Ugarte aplicó penas de prisión en suspenso a los cuatro.
El principal comprometido por encubrimiento, Diego Osvaldo Bustos aceptó juicio abreviado y recibió tres años de prisión en suspenso e inhabilitación por el mismo lapso por “encubrimiento por favorecimiento personal y real, y por omisión de promover la persecución de un delito” agravado por ser funcionario público.
Lucindo Gabriel Miranda Ércoli, también recibió tres años de prisión condicional e inhabilitación por 21 meses al ser considerado coautor del mismo tipo de encubrimiento, más “abuso de autoridad” e “incumplimiento de la obligación de promover la represión y persecución del delito”.
Estos mismos delitos se adjudicaron a Gómez y Vigil, ambos con dos años y medio de prisión, pero con inhabilitaciones de 15 y 17 meses, respectivamente.
Juego sucio
Lo que el fiscal Hugo Almirón reprochó a los acusados en su alegato describe cómo fueron las maniobras de encubrimiento, en especial con una mujer víctima, vecina de Castañares en La Calera. Según el acusador, Bustos era el más comprometido porque teniendo algún parentesco con el abusador trató de convencer a ella para que no lo denuncie, porque él ya lo había hablado y “le había caído la ficha” de lo que había hecho.
Miranda y Gómez llegaron al lugar del abuso y omitieron resguardar la ropa de la abusada y otros elementos de la escena. Además, según el fiscal, posibilitaron la huida del abusador y no llevaron a la mujer a sede judicial para decidir libremente si iba a realizar la denuncia. Según la acusación, la fuga de Castañares permitió que este abusara de otras tres mujeres, dos de ellas menores de edad.
Vigil fue “distraído” según el expediente porque, actuando de sumariante, no contuvo a la víctima, no activó los protocolos, “cajoneó” la actuación y no comunicó el hecho a las autoridades judiciales.
En el juicio de Blas Correas, además de los acusados por el crimen, también hay numerosos policías involucrados en encubrimiento.
