La madre de una joven de 20 años con discapacidad, la pareja de la mujer, el hermano de este y un adulto mayor fueron condenados a penas de distinta cuantía tras haber sido encontrados penalmente responsables de los delitos de abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores y promoción a la prostitución.
Las peores acusaciones recayeron sobre la madre de la víctima, que reconoció su responsabilidad en los hechos atribuidos durante el juicio y fue quien recibió la pena más alta, 15 años de prisión. Su pareja fue condenado a nueve años; su cuñado, a 11, y un adulto mayor, a cuatro.
El juicio se ventiló en la Cámara 2ª del Crimen de la ciudad de Córdoba, en sala presidida por la jueza Inés Lucero, con la Fiscalía de Cámara a cargo de Laura Battistelli, y la representación de la víctima en manos del asesor letrado, Eduardo Caeiro. Los fundamentos de la sentencia se conocerán en 15 días.
En la comunidad donde tuvieron lugar los hechos, una comuna del bajo del departamento Colón de alrededor de 250 habitantes, la situación se hizo pública a fines de 2019 cuando la propia víctima narró a la Policía haber sido abusada, mientras era intensamente buscada porque el padre había denunciado su desaparición.
La investigación del fiscal Guillermo Monti no hizo más que confirmar un cuadro horroroso: familiares directos y políticos de la víctima accedían sexualmente a ella con una frecuencia alarmante y con la connivencia explícita de la madre. La nómina de abusadores quedó establecida en al menos seis personas.
De hecho, en la Cámara 3ª del Crimen se lleva adelante la otra etapa del juicio en la que aparecen como imputados otra expareja de la madre y dos tíos maternos de la joven, que ha sido diagnosticada recientemente con discapacidad intelectual de tipo moderado.
En ese trámite se investigan siete hechos de abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal y coacción agravada. De la resolución de ese juicio dependerá, especialmente si alguno de los imputados resulta absuelto, que la víctima pueda quedarse en el lugar donde dispusieron que permanezca tras conocerse las primeras condenas.
Una comunidad contenedora
El juez multifueros de primera instancia de Jesús María, Luis Belitzky, resolvió esta semana escuchar las aspiraciones de la víctima, tras explicarle en forma sencilla y detallada su situación y sus posibilidades.
La joven mujer expresó sus deseos de permanecer en la comunidad en la que nació y creció al cuidado de uno de sus hermanos mayores y ese hermano, a su vez, manifestó su voluntad de hacerse cargo.
El propio juez Belitzky le dio su número personal de teléfono móvil, y la invitó a que le llamase cada vez que lo considerara oportuno, además de prometerle una visita personal mensual para ir viendo su evolución.
Pero eso no fue todo. Durante el trámite del juicio se conoció que el propio presidente comunal con su familia alojó a la mujer durante un tiempo y mientras se investigaban los hechos y ofreció con la comuna hacerse cargo de la construcción de una habitación en la casa del hermano para que la víctima cuente con su propio espacio.
Además, el equipo de salud comunal, compuesto por una psicóloga, una trabajadora social, una acompañante terapéutica y una psicopedagoga, ya forma parte del equipo de apoyo.
“Corresponde otorgar a la joven la protección jurídica necesaria, pero no sólo desde el punto de vista sanitarista sino más bien desde un punto de vista social tendiente a que no quede ‘atrapada’ en su patología, y mucho menos en su sufrimiento, lo que nos obliga a todos a interceder con la finalidad de restaurar los derechos vulnerados”, señaló el juez en su resolución que abogó por un acompañamiento de toda la comunidad.
