- En la dependencia de Juárez Celman vendían motos secuestradas de las calles.
- Ya hay un policía condenado.
- Otros cuatro
- entre ellos un comisario
- esperan juicio.
- Un rodado en buen estado se vendía a $ 2.500.
-Buenas. Vengo por lo de la moto. Conseguí la plata y vengo a retirar la moto...
–¿Señor?
–Que vine por la moto, la que me habían secuestrado en la calle. La necesito para volver a trabajar. Me la sacaron por no tener casco. Pero ya conseguí la plata.
–¿Qué plata, señor?
–La plata. Los 2.500 pesos que me pedían para devolvérmela…
–Señor, usted no tiene que pagar nada. Eso es un delito. A ver, aguárdeme un segundo.
De pronto, la mujer policía comprendió que todo aquello que sospechaba era cierto: la comisaría donde trabajaba se había convertido en un nido de delincuentes donde se vendían objetos secuestrados.
Indignada, la uniformada no fue a hablar con su jefe. Para nada.
Tras “puentearlo”, se contactó con otros superiores y expuso lo sucedido. Ante el tenor de lo que estaba pasando, esos oficiales terminaron radicando una denuncia judicial.
Corría julio de 2018 y otra dependencia de la Policía de Córdoba quedaba surcada por graves sospechas de corrupción puertas adentro.
Esta vez, la protagonista era la comisaría de Estación Juárez Celman, localidad ubicada 20 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba.
En poco más de dos años, la causa viene avanzando a paso firme: un suboficial ya admitió haber sido parte de una red policial delictiva que, por lo menos, vendía motos que habían sido secuestradas en controles y en allanamientos truchos.
El cabo ya fue condenado a la pena de dos años y 10 meses. Está libre.
El suboficial Alexis Mario Magnano fue sentenciado por hurto calificado, sustracción de medios de prueba, peculado y abuso de autoridad. Además, se lo condenó a no volver a ser un empleado público nunca más.
En paralelo, un “civil” también fue sentenciado a dos años.
Según la causa, Roque Martínez hacía de intermediario –algunas veces– entre los policías delincuentes y quienes decidían comprar o recuperar una moto secuestrada.
“Agujero negro”
“Esa comisaría era un agujero negro. Se había vuelto un absoluto agujero negro. No había un registro de nada. Nada. Se secuestraban las motos y no quedaban asentadas”, supo comentar una alta fuente judicial sobre la dependencia policial de Estación Juárez Celman.
“Era algo obsceno. Y todo pasaba porque estaban dadas las condiciones para que eso pasara”, añadió el informante.
Todo ese caos se descubrió luego de que la fiscal de instrucción Milagros Gorgas allanara la dependencia policial, luego de hacerse cargo de la denuncia. La funcionaria judicial, junto con su personal, secuestró libros, actas y documentos, y comenzó una prolija investigación.
La causa, pronto, llegó a tener varios policías sospechados, incluso el jefe de la dependencia.
Desde el seno de la investigación, se remarcó que los malos policías trabajaban a la par de los buenos.
Según la pesquisa de la fiscal Gorgas, en la comisaría se acumulaban motos secuestradas y “se las revendía” al mejor postor. A veces, las entregas se hacían con el patrullero.
El policía Magnano, según la causa, retiraba las motos de la dependencia. Cuando un uniformado honesto le preguntaba qué hacía, este respondía que era “orden del comisario”, comentó una alta fuente judicial que investigó a fondo el caso.
Magnano fue condenado por ladrón en 2019 por la Cámara 4ª del Crimen, en juicio abreviado.
Ahora bien, la fiscal Gorgas tenía a más uniformados sospechados, pero, al entender que los delitos cometidos excedían sus atribuciones, giró todo al fuero Penal y Económico.
Avanza la otra causa
La “causa II” de la comisaría de Estación Juárez Celman recayó en el fiscal Anticorrupción Matías Bornancini, quien avanzó en el expediente y mandó a más policías a juicio.
Hay dos hechos: por un lado, unos allanamientos a viviendas de Ciudad de los Niños, donde se robaron celulares, entre otras cosas; y, por el otro, la reventa de motos secuestradas.
Las defensas apelaron y todo pasó al Juzgado de Control.
En las últimas horas, el magistrado Gustavo Hidalgo confirmó que fueran a juicio los siguientes policías: el comisario Pascual Enrique Vargas (43) –ya se retiró de la fuerza y cobra jubilación–, el oficial principal Néstor Fabián Beas (42), el cabo primero Daniel José Díaz (37) y el cabo Alexis Magnano (ya estaba condenado).
Mientras el exjefe debe responder por el supuesto delito de omisión de los deberes de funcionario público, los demás serán juzgados por presunto abuso de autoridad.
Todos permanecen en libertad.
Sobreseído
En paralelo, y tras una apelación efectuada por el abogado defensor Hugo Luna, el juez de Control Hidalgo resolvió sobreseer por completo a un joven agente que había sido imputado en su momento.
Se trata de Jairo Martín Palomeque, quien, para el juez, no tiene relación con los demás.
Buenos contra malos. Desde el seno de la pesquisa resaltaron que todo se descubrió por la denuncia de "buenas y buenos policías".
