Si en su momento causó sorpresa la aparición de un hotel en las afueras de Miami y de cuentas off shore en Estados Unidos como bienes personales de los principales socios de Márquez y Asociados, lo que recibieron hace unos días en el juzgado donde se tramita la quiebra de la constructora no fue muy diferente.
El titular del Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial de 52ª Nominación, Sergio Gabriel Ruiz, recibió la presentación que le llegó de parte de un apoderado de “MRQZPABAR Desarrollos SA”, el abogado Flavio Ruzzon.
El poder, según trascendió, habría sido firmado en la cárcel de Bouwer donde están detenidos siete directivos principales de la firma, especialmente su dos máximas figuras, los hermanos Ariel y Juan Pablo Márquez.
La Voz intentó hablar con el letrado, pero este se excusó, por ahora, por cuestiones personales.
A su vez, por ese mandato y de acuerdo a los mismos voceros, una de las esposas de ambos hermanos puso a disposición del juzgado concursal dos departamentos en Ciudad de Panamá, “siguiendo con la línea de colaboración en la conformación de activos de la sociedad”.
Los departamentos L-25 y L-24 del complejo “PH Villa Sur” fueron adquiridos por una representante panameña en enero de 2024 a través de un poder que le firmaron ambos hermanos Márquez. Lo llamativo es que la adquisición fue a nombre de la empresa fallida y no en beneficio del patrimonio personal.
Esta presentación a la que las partes de este proceso pueden acceder, motivó que el abogado denunciante Gastón Arrambide Carroll insistiera con la detención de las esposas de ambos máximos directivos de la constructora que dejó miles de presuntas víctimas de estafa.
Ante el pedido ante el fiscal Enrique Gavier, titular de la investigación penal a partir de esas denuncias de clientes que no accedieron al “sueño de la casa propia”, Arrambide Carroll entendió que las esposas de los Márquez no proporcionaron información a la investigación en su momento -cuando fueron los allanamientos- y podrían tener más elementos clave para el avance del proceso.
Por “ocultamiento” (o entorpecimiento), el abogado entiende que ambas consortes deberían ser privadas de la libertad.
También fueron aportados a la quiebra un galpón con una gran cantidad de aberturas, sanitarios, grifería y otros materiales para la construcción.
Más interesantes son algunos vehículos automotores que se suman a los que había secuestrado Gavier. Habría unos 31, pero en la Justicia hasta ahora “aparecieron” 21.
La novedad es que en breve, el juez Ruiz dispondría el remate de 14 de esos vehículos -entre camiones grúa, ambulancias y autos- que están en funcionamiento.
Se estima que el producido de esas subastas podría alcanzar $ 300 millones.
Una suma similar podría destinarse a créditos, si se considera que pueden sumarse al proceso de la fallida los dos departamentos adquiridos por 250 mil dólares. El trámite no será muy sencillo, debido a que no hay una aceitada práctica de convenios entre Panamá y Argentina y a esta altura ya se trataría de una “quiebra transfronteriza”.
Evitar una nueva estafa
Salvo las cautelares, el acceso a la mayoría de la documentación de la quiebra es libre, si bien el juez y los funcionarios de ese juzgado no dan entrevistas. No obstante, en Tribunales 1 ya se habla de la forma en la que se están moviendo en esta “quiebra pedida compleja” que no registra ningún tipo de antecedentes según el número de víctimas: entre seis mil (por las denuncias en fuero penal) y ocho mil (por lo que se está recibiendo en la quiebra), a partir de las primeras constancias. Se estima que podrían llegar a unos 10 mil los clientes que reclamen su crédito.
Esa forma de tratar la causa parece poner la mirada en las víctimas, particularmente en los trabajadores con salarios caídos (unos 400 ó 500) y en los clientes que soñaron con la casa propia pero se quedaron con las manos vacías, o casi.
El 9 de mayo, Ruiz abrió la quiebra al comprobar que, con los socios presos, no se podía ”convertir" el proceso en un concurso de acreedores. Designó dos estudios contables con cuatro síndicos (dos en cada uno), más asesores legales.
De inmediato, otorgó un plazo amplio, de más de 100 días, hasta el 11 de noviembre, para que quienes se consideran defraudados presenten con tiempo su documentación para verificar créditos. Recomiendan reunir toda la documentación y presentarla en formulario digital ante la sindicatura.
Para evitar una “segunda estafa” se trata de orientar a los clientes sobre caminos a seguir para no caer en un nuevo perjuicio. Que los que tienen su casa (o gran parte) no teman la ejecución de pagarés por no abonar “a la empresa”; que aquellos que tienen “prohibido” entrar a su terreno porque la obra no está finalizada, puedan hacerlo; tratar de ayudar a quienes Márquez les pagaba un alquiler (hasta darles la casa) y hoy corren riesgo de ser desalojados; y priorizar quienes necesitan “pronto pago”, entre otras situaciones y víctimas.
Los que reclaman en la quiebra deben comprender que ya no es posible construir, que sólo podrán restituirles dinero (y en parte), que no se calculará su crédito según el metro cuadrado que compraron sino por el dinero que pagaron, entre otras cuestiones.
Es difícil aún calcular a cuánto asciende el perjuicio global, si bien podría estimarse que llegaría a varias decenas de millones de dólares. Surge un dato que no necesariamente puede aplicarse a esta quiebra en particular: el promedio mundial en recupero de créditos alcanza un 6%.
Otros trámites
Una parte de esa “modalidad” que en Tribunales 1 comentan que quiere aplicarse a este proceso concursal es el intento de “aplicar la ley con una mirada en los más vulnerables”.
Entre otras medidas que tomó el juez Ruiz, se destaca la convocatoria -además de las sindicaturas- a las oficinas de Derechos Humanos, del Consumidor, al Ministerio Público Fiscal y la oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia. La información precisa en aguas turbulentas es clave y ahí están puestos los esfuerzos del titular de ese organismo, Leonardo Altamirano.
La prioridad del juzgado es facilitar a la gente el trámite digital de acreditación, pidiéndoles que se tomen su tiempo para reunir todos los contratos y documentos. Como no sucede habitualmente en estos procesos, tienen tiempo hasta el 11 de noviembre para llegar con todo.
Una vez que esto suceda, comenzarán a pagarse los créditos, liquidando la sociedad lo antes que se pueda.
El proceso busca “preservar” los bienes, evitar que se deterioren y no incurrir en gastos innecesarios como los alquileres de galpones y oficinas que aún erogan varios millones de pesos y que pronto se desocuparán.
A medida que se recupera dinero, también debe buscarse la manera de preservarlo, teniendo en cuenta que se usará en 2026 para abonar los créditos.
La tramitación de los pedidos de los clientes también será un gigantesco esfuerzo de tramitación en un juzgado que tiene entre cinco y ocho personas y debe ocuparse de otras causas. A razón de 10 mil pedidos, en el lapso que manejan deberían tramitar más de 100 por día, lo cual es virtualmente “imposible”.
Con una buena cuota de incertidumbre, por tratarse de una causa insólitamente grande, se aprecia que quienes tramitan el expediente en este fuero aplican la imaginación y la mejor voluntad para no volver a perjudicar a las víctimas de la “súpermegacausa” Márquez y Asociados.
