Ya no pertenece más a la Justicia provincial. Francisco Martín Flores (37) perdió su cargo de juez de Primera Instancia de 27ª Nominación Civil y Comercial de Córdoba al ser destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales.
Por unanimidad, este miércoles el tribunal -integrado por cuatro legisladoras y el vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Luis Angulo- lo halló incurso de las dos causales de la acusación, mal desempeño como juez y posible comisión de delitos comunes, enmarcado esto en un contexto de violencia de género en perjuicio de una expareja.
Desde el 15 de mayo, Flores era sometido a jury ante un pedido de allanamiento de fueros por parte del juez de Control de Alta Gracia, Claudio Guillermo Lasso, para poder juzgarlo por los delitos que se incluyen en el auto de elevación a juicio que tramitó la fiscal de Villa Carlos Paz Jorgelina Gómez.
Ahora, destituido y como ciudadano común, será juzgado por una Cámara del Crimen que debe ser sorteada para realizar el debate por delitos de grave consideración, como abuso sexual con acceso carnal, lesiones calificadas, amenazas y privación ilegítima de la libertad, entre otros.
Ese expediente superó todas las vías recursivas de la defensa, juez de Control, Cámara de Acusación de Córdoba y TSJ.
Sólo faltaba que a Flores le quitaran los fueros para que, ahora, pueda responder en debate oral y público.
Respeto de garantías
El tribunal, presidido por la legisladora Julieta Rinaldi (Hacemos por Córdoba), ejecutó el proceso constitucional respetando todas las garantías del (ex)juez acusado y admitiendo numerosas peticiones de él y de su defensa.
El primer día, le concedió a Flores que no haya público presente -prensa incluida- para que asista al debate porque supuestamente había menores involucrados. Por esto, no fue posible a los medios seguir la declaración de los testigos.
De igual modo, el jurado -también integrado por las legisladoras Victoria Busso (Hacemos por Córdoba), Silvia Paleo (Juntos por el Cambio) y Daniela Soledad Gudiño (Juntos-UCR)- lo escuchó respetuosamente en varios pasajes del jury, en especial en la última audiencia, cuando le concedió la última palabra pero el todavía magistrado realizó una exposición que superó las dos horas.
En esa extensa alocución -sin interrupción alguna- Flores atacó a la denunciante -representada por Carlos Nayi-, a los argumentos del fiscal General, Juan Manuel Delgado, y a los medios de prensa que reprodujeron las acusaciones en su contra.
En todo momento, se presentó como una víctima que debió soportar numerosos embates de su ex al punto de conseguir un botón antipánico porque ella le provoca pánico, de los medios o de acusaciones que no son fundadas, si bien cuentan con el aval de tres tribunales superiores, hasta del TSJ.
Sus palabras trataron de mostrar una persona ejemplar, en lo individual y como magistrado.
Sin responder a las acusaciones en su contra, el ahora depuesto se dedicó a enumerar sus logros como juez respetuoso de las minorías y de los derechos humanos. También relató que en su juzgado tenía en su mayoría mujeres.
Como indicio de mala justificación, trató de disimular el despropósito que un sacerdote haya presentado una carta al jury para pedir a favor suyo, admitiendo que él conocía de ese envío. Algo parecido sucedió cuando trató de enmendar el error en su declaración inicial al reconocer que había cometido violencia en contra de su expareja pero que esa violencia no era “jurídicamente relevante”.
Pagado de sí mismo, mucho habló de sus supuestos méritos como persona y como juez, pero no se refirió a saldos negativos de la testimonial que indicaron que había fracturado un brazo de su expareja y protagonizado un altercado en un country de Carlos Paz.
Lo que se viene
Luego del veredicto, mientras los defensores del destituido salieron a enumerar los recursos que tienen a mano para revertir esta sentencia que en la Constitución cordobesa no admite reparos, ahora se disparó el proceso judicial que en el fuero penal debe convocarlo al juicio para que responda por los graves delitos en los que está imputado.
Los recursos que le quedarían al destituido son una acción de inconstitucionalidad -vía casación- ante el TSJ y luego el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Eventualmente, también puede recurrir ante la Corte Interamericana.
Sus argumentos de que ha sido destituido sin ser juzgado -para el juicio debe carecer de fueros- se debilitan cuando se lo ha depuesto no sólo por supuestos delitos sino también por mal desempeño.
Pero todas esas vías recursivas no tienen “efecto suspensivo”. En otras palabras, esas acciones no interrumpen las consecuencias de esta sentencia: está destituido y debe responder en juicio criminal como ciudadano común.
Sólo resta que se sortee una cámara del crimen y se abra la prueba para realizar el debate oral y público.
Fueron largos años de sumario administrativo, instrucción penal preparatoria, recursos de alzada y confirmaciones de todos los tribunales. Cuando el TSJ dijo “basta”, se citó al jury.
Este miércoles el Jurado de Enjuiciamiento dio su veredicto. La legisladora Julieta Rinaldi leyó el veredicto “unánime” de los cinco miembros del tribunal. Mencionó que se cumplieron las dos causales -mal desempeño y delitos- y agregó que además de la destitución como juez quedó inhabilitado de manera absoluta para desempeñarse en cargos de la Justicia provincial.
Ahora, nada impide que el señor Francisco Martín Flores vaya a juicio penal.
