“No son 43 mil armas, son nada más que 92 pistolas vendidas en regla; no son 250 millones de dólares, son menos de 60 mil en blanco”. Las expresiones de Diego Dirisio desde la cárcel cordobesa de Bouwer están contenidas en una llamada telefónica y en una carta dirigida a la redacción de La Voz.
El próximo jueves él y su mujer, la paraguaya Julieta Nardi, asistirán al juicio de extradición que les hará el juez federal N° 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, para responder al pedido formulado por la Justicia de Brasil que lo requiere por presunto tráfico ilegal de armamentos desde su empresa radicada en Paraguay.
Dirisio y Nardi fueron detenidos en febrero pasado en inmediaciones de su casa en el barrio Cerro de las Rosas, en el noroeste de la ciudad de Córdoba. Estaban prófugos y tenían alerta de Interpol ante la requisitoria brasileña.
Cuando cayeron, los partes policiales se hicieron eco de reportes de prensa internacionales que lo mencionaban a él como “el mayor traficante de armas de América latina”. Se señalaba en esas informaciones que ambos habían fugado de Paraguay como “prófugos” para evadir una orden de detención.
Dirisio es porteño y se casó con Nardi, una modelo paraguaya con la que tiene dos hijos. Preso desde hace 10 meses, espera el juicio de extradición que viene resistiendo porque considera que el requerimiento de la Justicia de Brasil forma parte de una persecución montada por un militar paraguayo y miembros de las Fuerzas Armadas brasileñas.
Señala que la persecución se concretó con la formación de cargos falsos, que antes había eludido con absolución tras un procesamiento en Paraguay, a partir de “falsas denuncias”. Asegura que todo tiene que ver con su denuncia de irregularidades de un acuerdo espurio entre un general paraguayo y una empresa bélica que pertenece a las Fuerzas Armadas de Brasil.
Carta detrás de las rejas
La misiva que envió Dirisio a La Voz está titulada “La verdadera historia, crónica de una salvaje persecución”. En seis carillas manuscritas de su puño y letra, el empresario expresa en el primer párrafo que no tiene “ningún tipo de antecedentes, que se interpuso en un negociado entre la CBC (Compañía Brasileña de Cartuchos), propiedad de las Fuerzas Armadas del Brasil, y un general paraguayo, Aldo Ozuna”.
“Yo decidí hacer público este negocio espurio, lo que llevó a diversas investigaciones, y la Contraloría General de la República (paraguaya) anuló el contrato y remitió los antecedentes a la fiscalía, causando un bochorno a las Fuerzas Armadas del Brasil”, expresa Dirisio.
Su relato sostiene que la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y su titular, “nutriéndose de informes falsos del general Ozuna decidieron armar una causa en contra mía y de mi empresa”. Como ese proceso no prosperó y quedó libre de culpa y cargo, sostiene, “decidieron trasladar la misma causa a su país en lo que ellos llamaron ‘un golpe aleccionador’”.
La carta prosigue: “Parte de la estrategia de la Abin fue confundir a la prensa y hablar de miles de armas y millones de dólares, pese a que en su propia denuncia hablan de 92 pistolas 9 milímetros, que fueron importadas y vendidas legalmente con todos los recaudos de la ley”.
Su empresa IAS opera en Paraguay desde 2014 con importación de armas de fuego y municiones. “Durante los primeros años nuestros clientes eran exclusivamente cooperativas militares y policiales”, dice la misiva. Al respecto, completa que “en Paraguay, tanto los oficiales como los suboficiales, cuando egresan de sus respectivas academias y previo a incorporarse a las fuerzas policiales deben comprar sus propios uniformes y armas, con esta función existen diferentes cooperativas que cumplen con ese rol”.
El cuestionamiento legal de la Justicia brasileña (y en su momento la paraguaya) es porque él vendió pistolas con toda la normativa exigida a clientes registrados de Paraguay. Luego, muchas de esas armas aparecieron en Brasil de manera clandestina, lo que terminó convirtiéndose en una persecución hacia él, su esposa y su empresa.
La primera “persecución” -en Paraguay- es relatada por Dirisio de esta manera: “Con la llegada de Ozuna, la Fiscalía reactivó la investigación y en los tres años que duró la operación Urutu, inspeccionaron nuestras importaciones, nuestras ventas, nuestros despachos aduaneros, y no hubo ningún indicio de nada incorrecto, al punto de que el 29 de noviembre de 2023 se cierra por falta de mérito dicha investigación. Previo al cierre, la Fiscalía de Paraguay en tres ocasiones pide al Brasil más información, sin obtener respuesta”.
Pero luego, comenzó otra persecución: “Junto con nuestra absolución en Paraguay comenzó la más despiadada persecución”. Producto de su denuncia, la Contraloría General de la República ordenó la rescisión del contrato y que se envíe al Ministerio Público los antecedentes contra Ozuna. “Este hecho le costó el cargo a Ozuna y produjo la vergüenza internacional a las Fuerzas Armadas del Brasil, en aquel momento gobernado por Jair Bolsonaro”, manifiesta el empresario preso.
El eje de su defensa está contenido en este párrafo: “Como eso no era suficiente, y con el objeto de sembrar el terror y convertirme en un paria, las Fuerzas Públicas de Brasil MINTIERON, hablaron de 43 mil armas y 250 millones de dólares, siendo que la empresa en 10 años de actividad importó 17 mil unidades y contábamos con tres mil en stock. El 92 por ciento de nuestras ventas eran realizadas a cooperativas. La realidad es que en la acusación enviada por Brasil a Argentina, hablan de 92 armas identificadas, que fueron vendidas en forma legal en Paraguay a compradores debidamente habilitados por las autoridades. El valor de estas armas no alcanza los 60 mil dólares”.
A la espera del juicio
El jueves se decidirá la suerte de Dirisio y de su pareja Nardi. De algún modo, también la de sus hijos que están siendo cuidados por ella que tiene una prisión domiciliaria que está en discusión.
Sobre su expectativa frente a esta audiencia, el empresario argentino señala que es víctima de la persecución gestada entre militares paraguayos y brasileños. “Esta infame persecución hasta ahora ha separado familias inocentes, ha privado a mis hijos de su hogar, de compartir con sus padres, y a mí me tiene rehén de las mentiras de este grupo mafioso”.
Dirisio manifiesta su expectativa procesal: “Ansío que llegue el 21 de noviembre y poder demostrar junto con nuestros abogados (Pedro Despouy Santoro y Eduardo Rodríguez Aramburu), tanto a Su Señoría, como al fiscal, todos los derechos que ha pisoteado el Estado requirente y la falta de coherencia y legalidad en su pedido”.
Al final, se despide con un pedido subsidiario: “Si las autoridades encuentran méritos para investigarme, sólo pido que sea en un país serio, como Argentina”.
