Un escándalo mayúsculo se escribe desde hace meses en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) en Córdoba. De forma solapada y metódica, se robaron en las narices del fisco casi 44 mil fojas de pruebas contra involucrados en causas de alto impacto por asociación ilícita fiscal y evasión millonaria, algo luego denunciado por la misma Afip.
El juez federal N° 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, le solicitó el viernes a su par del Juzgado N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, la declinación de su competencia para entender en la investigación por la sustracción de una importante cantidad de legajos de inspecciones efectuadas a contribuyentes del Grupo Mengo.
Bustos Fierro consideró que existe “conexidad” entre aquella sustracción y las otras que tiene a su cargo: la del robo de dos tablets del edificio de la Afip (secuestradas en la causa principal en la que está imputado Gustavo Arce, dueño de Agustino Cueros por supuesta evasión tributaria y lavado de activos), y la del expediente “Wolfel” (que terminó en condenas por asociación ilícita).
La historia de un escándalo
El empresario Arce (exsocio del periodista Jorge Rial en Agustino) fue detenido en 2019 tras múltiples allanamientos. Ampliamente conocida en Córdoba, Agustino supo presentarse como la proveedora oficial de la indumentaria del gobernador, Juan Schiaretti, y aprovisionó de camperas a la Policía.
En la investigación, efectuada por el entonces fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, se detectó que cierta compañía mantenía conexiones financieras con Agustino (Arce ya había sido investigado en 2016 por supuesta evasión).
En la causa de 2019, varias firmas habrían sido creadas de manera aparentemente fraudulenta por Arce con “testaferros” a su cargo, lo que derivó en la imputación de otras 10 personas. La hipótesis es que se habrían utilizado cheques y efectivo entre las compañías para evadir ganancias y materializar el aparente lavado. Arce no fue procesado pero sigue imputado, al igual que el resto de los involucrados.
A fin de proseguir con la instrucción, el 2 de septiembre del año pasado –tras la flexibilización de las medidas por la pandemia– Sánchez Freytes ordenó la desintervención de los dispositivos electrónicos secuestrados que faltaban ser sometidos a análisis, ya que a principios de 2020 se había realizado el mismo procedimiento pero respecto de la documentación impresa.
Al solicitarle a la Afip, como depositaria legal, que desinterveniera los elementos guardados en una oficina de la Afip (en San Juan 325, del centro de la ciudad de Córdoba), llegó la primera sorpresa. Cuando abrieron el armario en el despacho en la División de Fiscalización N° 1, encontraron dos sobres rotos y vacíos, sin las dos tablets, como había informado La Voz.
Unos días después, el director interino de la delegación Córdoba de la Dirección General Impositiva (DGI), de la Afip, Fernando Farnochi, denunció el robo. En la misma caja sí se hallaron, en cambio, los demás elementos secuestrados en la causa, en excelente estado.
Farnochi explicó que esa oficina no es de libre acceso. Señaló que existía un solo juego de llaves en poder del jefe de la división y que la cerradura no presentaba evidencias de haber sido forzada. Este funcionario no habría asistido durante cierto lapsus en la pandemia (por su edad avanzada), por lo que las llaves habrían quedado a cargo de otros dos empleados.
¿Las tablets contenían información relevante para la causa principal? La orden judicial apuntaba a develarlo con la desintervención, algo que no será posible determinar.
Sánchez Freytes concluyó que no surgía una vinculación entre la causa de Arce y el robo de los elementos secuestrados, por lo que no debía acumularse por “conexidad”, tal como postulaba Bustos Fierro (quien estuvo de turno al momento de la denuncia por sustracción).
La Cámara Federal finalmente le ordenó el juez N° 1 que entendiera en el robo, ya que no existían pruebas que acreditaran que la desaparición tuviera como fin procurar la impunidad de los imputados (Arce y los demás involucrados).
¿Nadie vio nada?
Con el expediente del robo de las tablets en su poder, Bustos Fierro le solicitó entonces a Farnochi que informara las medidas de seguridad de la División Fiscalización y, particularmente, si el robo había resultado un hecho aislado o ya se habían producido otros.
A partir de allí, la historia escaló a los niveles escandalosos. El funcionario le remitió la copia de la denuncia realizada por otros dos robos: la sustracción de elementos probatorios incautados en la causa “Wolfel” y la copia de una tercera denuncia por el robo de legajos de inspecciones a contribuyentes del Grupo Mengo.
En los pasillos de Tribunales Federales no salen aún del asombro por el volumen del material sustraído en custodia de la DGI en un depósito ubicado en calle Guillermo Reyna 2860, en barrio Alto Alberdi. En un esfuerzo evocativo, no se recuerda, al menos en Córdoba, la colosal desaparición de pruebas robadas en manos del fisco, necesarias habitualmente para la Justicia federal en causas penales.
Resulta de difícil comprensión cómo pudo ocurrir. La cantidad de fojas robadas es proporcional al escándalo: 29.400 fojas de la causa “Mengo” y 14.500 del expediente de “Wolfel”. En total, son casi 44 mil fojas que dejaron de existir en manos del propio Estado, responsable exclusivo de su resguardo. El volumen físico, medido en metros cúbicos, podría expandirse hasta el doble si se estima que cada foja es foliada y encarpetada.
En el caso de “Mengo”, la documentación que desapareció (presuntamente entre marzo de 2017 y noviembre de 2019) había sido ofrecida por la Afip como prueba contra una banda condenada en 2020 por asociación ilícita para evadir con comercialización de soja.
Entre las sentenciadas, sobresalió la abogada y exfuncionaria municipal María Pía Cardoso, conocida en Río Cuarto por su actividad, y por haber sido pareja de Marcelo Macarrón, el viudo de Nora Dalmasso. La causa sentó un precedente en la provincia. “Fue la primera condena en Córdoba por asociación ilícita fiscal”, según destacó por entonces el fiscal general, Carlos Gonella. El fallo luego fue confirmado por la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal federal del país.
A partir de la denuncia, Sánchez Freytes ordenó investigar ese robo (“Mengo”), pero archivó de manera provisoria la instrucción hasta la eventual aparición de nuevas pistas esclarecedoras. Bustos Fierro le solicitó el viernes la declinación de su competencia y le remisión del expediente para la sustanciación de una investigación integral, conducente a develar las desapariciones.
“Salto” en el juicio a Wolfel
El tercer robo trascendió en medio del juicio a Jorge Edgardo Wolfel, el contador Víctor Hugo Iglesias y el licenciado en Administración Sergio “Checho” Tovagliari, condenados en 2021 por asociación ilícita tributaria. Los robos de fojas “no son algo nuevo”, recordó Gonella. “Se debatió en juicios orales y públicos”, señaló, aunque ahora cobró nuevo impulso con la investigación de Bustos Fierro.
La banda delictiva aparentemente generó crédito fiscal espurio con “usinas” de facturación apócrifa e intentó obtener beneficios fiscales fraudulentos, utilizando además “carpetas” para dar apariencia de licitud a firmas inexistentes. En la investigación se corroboró la existencia de empresas vinculadas a las cerealeras usadas para la creación de crédito fiscal ficticio y su posterior venta.
Entre ellas, dos firmas manejadas por Tovagliari e Iglesias (junto a otras cuatro) que ocultaron ventas de granos por 508 millones de pesos. Wolfel era el encargado de conseguir y motorizar aquellas “carpetas” para el blanqueo de la compraventa de granos y la obtención de crédito fiscal ilegítimo.
Fue la abogada querellante de la Afip quien alertó al Tribunal Oral N°2, un mes antes de que culminara el juicio, que el fisco había denunciado la “desaparición” de las 14.500 fojas. El robo se habría efectuado entre octubre de 2012 y abril de 2021.
El fiscal N° 3, Maximiliano Hairabedian, solicitó a Farnochi las constancias de que la documentación “desaparecida” efectivamente fue trasladada en 2012 desde la exsede de la Afip (27 de Abril 785) a la actual (San Juan 325), y de allí a Alto Alberdi. Al tornarse inviable la posibilidad de establecer las responsabilidades en la sustracción, pidió archivar la causa, que se cerró en noviembre.
Interrogantes y más interrogantes
El pedido de Bustos Fierro a Sánchez Freytes para investigar de forma integral los tres robos encuentra su justificación en tres elementos centrales: las sustracciones fueron “sistémicas y metódicas”, el volumen probatorio desaparecidos, altísimo, y las investigaciones, irresueltas.
Si Sánchez Freytes declina su competencia para investigar el robo en el expediente “Mengo”, Bustos Fierro concentrará las tres denuncias realizadas por la Afip por robos en la misma Afip, debido a que “Agustino” y “Wolfel” ya estaban en su poder.
Surgen algunos interrogantes que comienzan a apilarse: ¿contaba el depósito de Alberdi con medidas de seguridad adecuadas para resguardar la documentación, anulando perspicazmente cualquier posibilidad de robo? ¿Existían por entonces las jaulas protectoras de pruebas, las cámaras de vigilancia y la consigna policial que existen actualmente?
¿Quiénes eran los responsables de custodiar tanto la oficina de la Afip como el depósito de Alberdi? ¿Ningún funcionario se percató de la evidente “desaparición” de miles de fojas? ¿Quedaron registrados por videocámara los movimientos de la oficina de Fiscalización? ¿Quién se beneficia con las fojas robadas?
¿Podrían apelar los defensores de los imputados en los dos juicios las condenas de comprobarse que pudieron haber sido sentenciados, en parte, con pruebas físicas inexistentes en los depósitos, sólo plasmadas en informes oficiales alusivos a tales pruebas? Enfáticamente, como fiscal de los dos juicios, Gonella aseguró que las pruebas robadas solo eran una porción de elementos que tuvo en cuenta -los otros fueron la documentación secuestrada y los testimonios de testigos- para sostener y robustecer la acusación y lograr así las condenas. Y que, a pesar de las sustracciones, existen copias certificadas de las fojas.
“Estos faltantes son graves y escandalosos. Y hay, sin dudas, hechos de corrupción que deberán investigarse porque hay intereses detrás y muchos interrogantes que hay que plantearse. Pero no tiene nada que ver con las condenas de estas personas que avanzan sobre pasos firmes, porque no puede sustentarse en la falta de prueba cuando hay un montón de otros elementos de prueba que corroboran que (los condenados) cometieron graves delitos de fraude fiscal”, dijo a La Voz.
Y en último término: ¿los responsables de custodiar las pruebas sustraídas tuvieron incrementos patrimoniales inusuales durante el período de “desaparición” de las casi 44 mil fojas?
Hairabedian no parece tener una tarea sencilla por delante.
