En la Municipalidad de Mendiolaza sus autoridades detectaron un desmesurado número de conductores que tramitaban su licencia de conducir con el mismo domicilio. A poco de averiguar, se dieron con que allí reside un conocido empleado de la comuna que habría gestionado más de 90 carnés a nombre de personas que, está claro, no conviven con él.
Si bien la maniobra y sus particularidades todavía no han sido precisadas por los investigadores, los primeros datos del sumario administrativo de la comuna llegaron a la Justicia a partir de una denuncia de la intendenta Adela Arning y el viernes pasado los efectivos policiales y judiciales de la Unidad Judicial Delitos Económicos cayeron sobre la vivienda de este empleado y de otros que también estarían involucrados en la maniobra.
“Todavía no está clara cómo era la maniobra ni cómo funcionaba el ‘quiosquito’ de este empleado” infiel, precisó una alta fuente judicial luego de los allanamientos.
No hubo detenidos y hasta el momento no hay imputaciones, pero se secuestró abundante material probatorio, en especial teléfonos celulares de los agentes municipales investigados. En la memoria de esos móviles se espera descubrir cuáles fueron las particularidades de la maniobra, quiénes están involucrados y de qué modo se hacían de dinero para “otorgar” licencias a particulares de otras localidades.
Resta por determinar si el empleado que concentraba más de 90 licencias en su domicilio –según lo primero que evalúa la Justicia– ha estado acompañado de compañeros de trabajo, porque también se allanaron otros cinco o seis domicilios de municipales o allegados a estos.
La causa judicial recayó en el fiscal Anticorrupción y Penal Económico N° 1 de la ciudad de Córdoba, Matías Bornancini, quien ante la consulta de este medio prefirió no adelantar detalles de la investigación.
Otras fuentes judiciales respondieron a la requisitoria de cuál podría ser la imputación que encuadraría a estos hechos –que aún no están del todo claros– y se inclinó por dos posibles figuras penales: “defraudación en perjuicio de la administración pública” o “falsificación de documento”.
Pese al hermetismo, en esa zona del departamento Colón trascendió de fuentes seguras que el empleado cuestionado, pese a desempeñarse en el área de Seguridad Ciudadana, concurría “muy seguido” al Registro Civil acompañando a particulares que hacían el cambio de domicilio. Este fue uno de los aspectos que llamaron la atención de quienes iniciaron la investigación interna.
“Se supone que ha sido por un beneficio personal, pero habría que cuantificar cuál ha sido el perjuicio y si esta persona actuó sola o con cómplices”, indicó la fuente sobre el proceder de la persona apuntada.
El empleado que está en la mira de todos –y cuyo nombre por el momento no se divulga oficialmente– tendría cierta antigüedad en el municipio, es muy conocido en el medio y se investiga si un pedido de adelanto de sueldo que hizo fue para “adquirir” licencias que luego cobraría a los particulares.
Más allá de todas estas sospechas y del sumario administrativo municipal, desde la Justicia insisten que por el momento no hay imputados.
Municipio denunciante
En la tramitación espúrea, según datos proporcionados por Delitos Económicos, se falseaban presuntamente las declaraciones juradas y los cambios de domicilio, como una forma de poder gestionar la licencia en esa localidad del departamento Colón.
Sabido es que una modalidad histórica es tramitar licencias en localidades cercanas a las grandes ciudades, donde los exámenes para otorgar los carnés de conductor son menos exigentes.
Desde Delitos Económicos emitieron un comunicado en el que sostienen que “se realizaron 22 allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, en Mendiolaza, Unquillo y alrededores”, por decisión del fiscal Bornancini.
También se explica que todo se inició por “la denuncia que formuló la intendenta de la Municipalidad de Mendiolaza, Adela Arning”. Se añade que “la funcionaria expuso las irregularidades en el otorgamiento de licencias de conducir a personas que no viven en la referida ciudad de Mendiolaza”.
Consultada por La Voz, Arning confirmó que fue su gestión la que detectó la desmesurada concentración de domicilios de carnés en la vivienda del empleado. Cuando presentaron la denuncia, fueron 50 los “convivientes”, pero la cifra podría ser mayor.
La intendenta especificó que “yendo para atrás” en la investigación, al empleado cuestionado se le suman unos 170 titulares de licencia que “viven” en su casa si el estudio se remonta hasta 2019.
Por otra parte, Arning sostiene que se han detectado al menos 10 viviendas donde hay “superpoblación” de personas, según los domicilios declarados en las licencias.
Todo esto parece emparentarse con viejas sospechas de alteraciones en los padrones electorales y algunas denuncias formuladas en elecciones anteriores, con domicilios superpoblados y la afirmación de que había votantes que llegaban a sufragar desde otras jurisdicciones.
Yendo a los primeros indicadores de la investigación, se explica desde Delitos Económicos que “los beneficiarios (del proceder doloso) habrían falseado declaraciones juradas y efectuado los respectivos cambios de domicilio, consignando para ello la dirección correspondiente al domicilio en el que residía un empleado municipal, para ulteriormente gestionar y obtener las licencias de conducir pretendidas”.
Sobre el número de licencias que tenían el domicilio del empleado apuntado, las cifras son variables o van en aumento. La denuncia inicial sostuvo 50 carnés con la dirección de la casa del agente municipal. La Justicia sostuvo tras los allanamientos que serían más de 90. Ahora, el municipio declara que “yendo para atrás”, detectan que desde 2019 se acumulan 170 licencias de conducir con ese domicilio.
Mucho por determinar
Con relación al saldo de esos procedimientos, la unidad judicial de la Central de Policía conducida por los ayudantes fiscales Pablo Bazán y Carolina Carranza informó que “de los procedimientos se concretó el secuestro de las licencias de conducir irregularmente obtenidas, una importante cantidad de dispositivos electrónicos y documentación de relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados”.
A pesar de que la investigación está afianzada y ya dio el paso clave de los allanamientos para hacerse de prueba esencial, todavía no se avanzó en la determinación precisa de responsabilidades. Todo esto, porque aún sigue pendiente una pregunta que necesitará del análisis de la evidencia: ¿Cómo ha sido la maniobra?
