Los padres de Santiago Aguilera, el joven secuestrado, torturado y asesinado brutalmente en el valle de Traslasierra en 2022, denunciaron penalmente este miércoles por la mañana al fiscal federal del caso, Enrique Senestrari, por presunta violación de los deberes de funcionario público al señalar que actuó con supuesta “desidia y desdén” en la investigación.
Carlos César Aguilera y Mónica Lucía Allende se presentaron con su abogado, Alejandro Dragotto, y denunciaron a Senestrari ante el juez federal N° 2, Alejandro Sánchez Freytes. Por su parte, consultado por La Voz, Senestrari dijo que no se expresaría sobre el asunto por “respeto a los padres” del joven.
Todo esto sucede mientras en el Tribunal Oral Federal 3 se hacen los preparativos para el juicio para los dos primeros acusados: Walter Gil y Julio César Ramírez, quienes deben responder por supuesto secuestro seguido de muerte. El proceso se desarrollará en las próximas semanas. El apuro en juzgar está dado en que se vencen prisiones preventivas.
En tanto, hay otros cuatro acusados que permanecen presos a disposición del fiscal Senestrari. Estas personas no serán juzgadas.
Estos imputados fueron detenidos en los últimos meses por orden del instructor luego de que le regresara la causa judicial que había quedado trabada tras una serie de presentaciones cruzadas entre fiscalía, el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, su par Alejandro Sánchez Freytes y la Cámara Federal de Apelaciones, confiaron fuentes judiciales.
Una vez que la causa retornó a la fiscalía, se pudieron resolver cuestiones, pruebas, peritajes y los pesquisas de la Policía cordobesa terminaron concretando detenciones en Traslasierra.
Este tramo del expediente se ejecutó de manera paralela a lo de Gil y eventualmente estas personas serán juzgadas en otro proceso.
De todas maneras, desde un primer momento, la familia de la víctima ha expresado en numerosas oportunidades reclamos por tardanzas en la causa y falta de avances concretos.
El crimen de Santiago Aguilera
Santiago Aguilera, de 18 años, desapareció en la madrugada del 17 de agosto de 2022. Sus padres recibieron amenazas desde el teléfono celular del muchacho, aparentemente por parte de uno de los posteriores detenidos e imputados, Walter Gil, junto con un pedido de una alta suma a cambio de su integridad.
Horas después, Senestrari comenzó una búsqueda que priorizó un rastrillaje profundo en torno al paraje Chuchiras, donde vive la familia, en jurisdicción de Las Tapias. No hallaron al joven.
Recién el 21 de agosto, fortuitamente, un trabajador rural encontró muerto a Santiago. Presentaba signos graves de haber sido torturado durante días.
Por el hecho, durante más de dos años hubo sólo dos detenidos en el marco de una pesquisa polémica, por sus vaivenes y reclamos de demoras en avances.
Primeramente, Gil fue detenido en Villa Dolores pocas horas después de la desaparición de Santiago. Era compañero de trabajo de la víctima en el corralón del padre de la víctima, Carlos Aguilera.
La investigación cree que fue él quien captó al chico, que luego quedó en manos de otros sospechosos. En las horas en que Santiago fue torturado y asesinado, Gil ya estaba preso. Muchas pruebas lo involucran, según los investigadores.
Luego, Julio César Ramírez fue detenido en 2023. Fue acusado de haber interactuado en las horas de la desaparición de Santiago con el teléfono de éste. Fue liberado y luego detenido nuevamente.
Posteriormente fueron arrestados Alejandro Altamirano, un joven vinculado a la venta de estupefacientes; Pedro González; Marcos Maldonado, de Villa Dolores; y Lucas Rejas, un comerciante de la misma ciudad.
En agosto pasado, a dos años del resonante crimen, encontraron en la zona rural de Villa Dolores el DNI de Santiago.
Numerosas manifestaciones se han realizado en Traslasierra pidiendo justicia por el caso. Su familia, constituida en querellante, ha solicitado en duros términos que el caso sea investigado por la Justicia provincial, tras críticas al titular de la Fiscalía N° 1, Senestrari, por su actuación.
Denuncia penal contra Senestrari
Los padres del joven asesinado se presentaron en Tribunales Federales y denunciaron penalmente a Senestrari por presunta violación de los deberes de funcionario público.
Con la asistencia técnica del abogado Dragotto, pidieron constituirse en querellantes y solicitaron al juez Sánchez Freytes que intervenga que remita la denuncia a la Procuración General de la Nación para la apertura del procedimiento de remoción ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Respecto a esto último, consideran que actuó con “grave negligencia”.
“Desde el inicio mismo de su intervención, la actuación funcional del fiscal resultó absolutamente reprochable, dado que en reiteradas ocasiones efectuó comentarios que evidenciaban una actitud soberbia, irreflexiva y poco profesional de su parte; lo que nos produjo honda zozobra y preocupación ya que nos hizo avizorar lo que, para nuestro dolor y desconsuelo, luego habríamos de confirmar: el señor fiscal nunca trató el caso como un secuestro extorsivo, siendo que, paradójicamente, intervino él por tratarse precisamente de un secuestro”, sostuvieron los padres en la denuncia.
“Y fue esa actitud soberbia e irracional la causal de su rotundo e irreparable fracaso, en la más importante y prioritaria de las funciones que debía cumplir. Tal como oportunamente lo expresamos en el expediente respectivo, el fiscal cometió el más común y nocivo de los pecados de soberbia: sobrestimarse a sí mismo y subestimar a los demás”, agregaron en duros términos.
“Nos subestimó a nosotros, subestimó a Santiago, subestimó a Walter Gil, subestimó los riesgos de la situación, y lo que es peor: subestimó un previsible resultado del que recién se percató cuando ya fue irreparable. Y todo ello por soberbia”, añadieron.
“Su soberbia, su intolerancia al disenso y la sobrestimación de su propia convicción por sobre cualquier otra consideración, fue lo que lo llevó a anteponer su errónea y arbitraria apreciación de la situación, frente a las claras y categóricas pautas de actuación que le imponían la ley”, consideraron.
Y remarcaron: “El principal y prioritario objetivo que debió guiar su actuación funcional cuando asumió su intervención, estando Santiago aún cautivo y en riesgo inminente, era devolvernos a nuestro hijo con vida. Y si bien en dicho cometido no podía exigírsele garantía de eficacia, sí le era en cambio exigible el deber de eficiencia y el compromiso de su máximo empeño y dedicación”.
“Pero para nuestro pesar, en esa que era su función preponderante, el fiscal fracasó irremediablemente por haber omitido dolosamente cumplir las obligaciones a su cargo”, sostuvieron.
Le reprocharon específicamente que imputó a Gil el jueves 18 de agosto de 2022 pero “dejó para el lunes”, es decir cuatro días después, la indagatoria. “Lo que el fiscal, imperiosa e indefectiblemente, debió haber hecho, por expreso mandato legal (artículos 212 bis y 294 del Código Procesal Penal de la Nación) era tomarle inmediatamente declaración, haciéndole conocer lo previsto en el artículo 41 ter del Código Penal”, indicaron, en este último punto, a la figura del imputado “arrepentido”.
“Dicho de manera más simple: si el fiscal hubiera cumplido con su obligación legal, hubiera sentado a Gil en frente suyo y le hubiera explicado que lo más conveniente, inclusive para sí mismo, era que dijera dónde estaba cautivo Santiago. Probablemente nuestro hijo hoy seguiría con vida y Gil no enfrentaría una condena a prisión perpetua”, hipotetizaron.
“Pero a ese, que era su deber más imperioso y urgente, el fiscal lo dejó para el lunes”, insistieron. Plantearon que en ese interregno de varios días entre la imputación y la indagatoria, conforme a las constancias técnicas del expediente, a Santiago “lo torturaron (perforándole una de sus manos con un elemento punzante) y luego lo mataron a golpes y arrojaron su cuerpo sin vida en un basural, donde fue encontrado el domingo 21 de agosto”.
Recordaron que para brindar de mayor eficacia y celeridad a la investigación y prevención de los secuestros extorsivos, se reformó el artículo 196 bis del Código Procesal Penal. Así, se dispuso que las causas por este tipo el delito queden a cargo del Ministerio Público de principio a fin.
Asimismo, indicaron que los fiscales tienen la facultad de recibir declaración al imputado debiendo hacerlo inmediatamente o en 24 horas. También subrayaron que la directiva de informar al imputado que las escalas penales podrán reducirse a las de la tentativa respecto de los partícipes o autores por algún delito cuando brinden información o datos precisos, comprobables y verosímiles.
Enfatizaron que las modificaciones se realizaron para “maximizar las posibilidades de rescatar indemnes” a las víctimas de secuestros extorsivos, fueron “lisa y llanamente desdeñadas por Senestrari, quien deliberadamente decidió prescindir de ellas y no aplicarlas tempestivamente; frustrando así las más concretas y verosímiles chances de haber podido rescatar” a Santiago con vida.
“Por tratarse de normas legales que disciplinan su actuación funcional, mal podría alegar el fiscal una eventual ignorancia o error a su respecto. De modo tal que su deliberada omisión de cumplir con las obligaciones que éstas le imponían, solo puede atribuirse a su menosprecio o desdén por las previsiones legales en cuestión; lo cual lo torna incurso en la comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público”, indicaron.
“En la emergencia no actuó con negligencia o descuido, sino que lo hizo con desidia”, dijeron y agregaron: “El fiscal no quiso cumplir con las obligaciones a su cargo que sabía que la ley le imponía. No actuó con descuido o ligereza, sino con desdén”.
“Su repudiable omisión funcional implicó que nuestro hijo siguiera cautivo en mano de los salvajes que lo sometieron a torturas y finalmente lo mataron del modo brutal en que lo hicieron, en cumplimiento de las amenazas anunciadas”, sostuvieron y ofrecieron prestar declaración en la causa como testigos.
Denuncias anteriores contra Senestrari
Hace varios años, Juan Pablo Salvay –escribiente auxiliar en el área de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal-, trabajaba en la fiscalía de Senestrari cuando detectó, según su versión, irregularidades en la actuación de su jefe en la causa de la financiera Cordubensis (CBI).
El caso nació luego de que uno de los socios y directivos de CBI, Jorge Suau, fuera hallado muerto en Alta Gracia, tras haber enviado una carta con detalles de las operaciones de la firma a la Justicia federal y a otras personas.
A la denuncia de Salvay ante el juez Sánchez Freytes, se sumó otra del entonces juez N° 1, Ricardo Bustos Fierro (jubilado). Este magistrado acusó a Senestrari de haber pedido a empresas de telefonía el listado de llamadas entrantes y salientes de Bugliotti entre el 1° de octubre de 2013 y el 28 de marzo de 2014 a pesar de que nunca se había investigado en CBI hechos vinculados a secuestro y extorsión.
La tercera denuncia contra el fiscal fue efectuada por dos abogados defensores de la causa CBI, al reprocharle la forma en que produjo la prueba, sin anoticiar a Bustos Fierro del pedido de las “sábanas” y sin notificarlo a las partes.
A partir de las denuncias contra el fiscal N° 1, el jefe de los instructores, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, ordenó en 2018 un “relevamiento” del rol de Senestrari en la causa de CBI, en cualquier investigación preliminar u otras complementarias.
