“‘Si esto sale bien, no trabajamos más’”. La frase, surgida en una escucha en la causa que se le sigue al líder de La Fiel, Darío Ramón Cáceres, por el gigantesco y millonario tráfico de casi 1.300 kilos de marihuana desde Corrientes en Córdoba en 2022, fue el puntapié que eligió el fiscal general Carlos Gonella para su alegato, en el que pidió casi 10 años de cárcel para el barra por ser el “jefe de una banda criminal tipo mafiosa”.
En la audiencia en el Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por José Fabián Asís, Julián Falcucci y Noel Costa, el instructor mencionó que la droga transportada a suelo cordobés implicaba un negocio ilícito “en torno a los 100 millones de pesos” (actualizados, a la fecha, 240 millones), según los dichos de los dos protagonistas de la escucha, Carlos Horacio “Gusy” Páez (integrante de la barra de la “T”) y Mauro Alejandro “Tuerto” Peralta, chofer y ladero de Cáceres.
Gonella solicitó, además, siete años y medio de prisión para otro de los imputados, el presunto correntino proveedor de la droga Daniel Medina Ramírez, y la absolución de Claribel Georgina Alexandra Espíndola, novia de Manuel Alejandro “Chaito” o “Taito” Benítez, uno de los condenados, junto a Páez y Peralta, recientemente en un juicio abreviado.
La palabra del jefe de La Fiel
Acompañado en la sala por su pareja, Cáceres se mostró nervioso (hablando reiteradamente con su defensor, Jorge Perano, y levantándose constantemente para acomodarse el pantalón) y ansioso ante la posibilidad de conocer el veredicto, que finalmente se difundirá el jueves 30. Apenas iniciada la audiencia, el barra de La Fiel pidió la palabra sin responder preguntas. El presunto narco intentó despegarse de la grave acusación, y explicó que él y su familia estaban en Brasil al momento del tráfico de marihuana, que se le endilga, y que no tenía conocimiento de nada.
“Solo estoy metido en esta causa solo por ser el jefe de La Fiel”, se excusó, y dijo que la Policía “mintió o exageró” en el marco de la causa. Mencionó además que de los teléfonos celulares secuestrados en la investigación, no se hallaron conversaciones que lo comprometieran. “No me nombraron ni directa ni indirectamente”, planteó y detalló sus actividades en la barra.
Contó cómo la barra es manejada por “37 referentes” que “manejan” 37 barrios en la Capital y se distribuyen las tareas previas para organizar la movilización de los hinchas tanto en los partidos en Córdoba como en otras provincias, las reuniones con las autoridades policiales y deportivas para un traslado y llegada pacífico a los estadios, y las negociaciones con empresarios del transporte para mover a los hinchas.
Asimismo mencionó las tareas que realiza una cooperativa que integra, las fiestas que organiza (para el día de la primavera, por ejemplo) y hasta el homenaje en la Legislatura por su aporte a la no violencia en la cancha. Lo que, no obstante, no mencionó fue la condena que le valió las amenazas al presidente de la “T”, Andrés Fassi, y a miembros de la Comisión Directiva.
“Hace varios días que no duermo bien”, le comentó por lo bajo, en el cuarto intermedio, al guardiacárcel que no separó de él en ningún momento, y a quien le expresó que no conocía a qué se dedicaban los otros integrantes de la barra, ya condenados días atrás en un juicio abreviado en el marco de la misma causa.
Pedido de casi 10 años para Cáceres
A su turno y en un extenso alegato, el fiscal Gonella pidió la absolución de Espíndola, al que adhirió el defensor Rodrigo Altamira, que solicitó la libertad, por lo que será absuelta ante la falta de acusación. El instructor planteó la existencia de la “duda insuperable” por no haber elementos “suficientes“ para seguir la acusación por su supuesta participación en la banda (viajaba con su novio Benítez en un auto, presuntamente para ver Talleres-Unión en Córdoba), ya que no hubo seguimientos y escuchas que pudieran involucrarla de forma contundente.
Pero apuntó, en cambio, contra Cáceres y el Medina Ramírez, a quienes consideró parte de la banda delictiva por sus “roles relevantes” en la estructura de la organización narco que transportó los casi 1.300 kilos de marihuana a Córdoba para revender.
Gonella mencionó que Medina Ramírez -que no controvirtió los hechos, auque sí su participación- fue el “proveedor” del estupefaciente“ en Corrientes y quien “custodió la droga” hasta Córdoba, por lo que pidió siete años y medio de cárcel. También mencionó que el correntino había sido visto en reuniones con barras de la “T”, anteriores al tráfico, y que había sido observado por la Policía Federal en una Toyota llegando a Córdoba el día del secuestro de la marihuana (puntualizó que si no quedaron registros de su paso por un hotel de la avenida Sabattini, presuntamente con el objetivo de comprar caballos, es porque buscaba consumar alguna maniobra ilegal).
También remarcó otra sospecha que se cierne sobre Medina Ramírez: la sombra del lavado del narcotráfico. En esa línea, el fiscal sostuvo que con 80 mil pesos de ingresos mensuales no podía justificar un “abultado patrimonio” (con caballerizas, caballos de polo, un auto, más de 800 mil pesos hallados y una lúgubre escultura de oro hallada en su casa).
Sobre ese punto aludió a la causa abierta por la Justicia federal de Corrientes por presunto lavado, y dijo que la forma en que el imputado se comportaba públicamente en su provincia era como salida de una “escena de la película de El Padrino” (al exigir que en una barbería lo dejaran solo, para ser atendido exclusivamente). Se debe recordar que en la causa en Córdoba no está imputado por supuesto blanqueo de activos, aunque el fiscal buscó conectarlo con maniobras vinculadas a las drogas, sospecha por la que sí está acusado en la Docta.
La parte final del alegato, Gonella la dedicó a exponer lo que, entiende, son los elementos de mayor relevancia contra quien habría sido el mandamás de la operatoria de narcotráfico: Cáceres, por quien pidió una pena de nueve años y seis meses de prisión. Al momento de escuchar el pedido, la pareja del barra se cubrió el rostro y sollozó.
Apoyado en el testimonio de uno de los policías investigadores principales, el fiscal consideró que era quien ostentaba la máxima autoridad en la estructura delictiva, quien tenía la última palabra en la toma de decisiones y a quien los demás subordinados (Carlos Horacio “Gusy” o “Gusano” Páez, Mauro Alejandro “Tuerto” Peralta y Sergio Omar a”Tomate” Busso, todos condenados) le hacían caso, venerándolo de forma orgullosa.
Bajo la concentrada mirada del jefe de La Fiel, el fiscal manifestó que los 13 condenados en el reciente juicio abreviado reconocieron su rol en el tráfico y, por arrastre, implicaron a Cáceres y Medina Ramírez, pero no a Espíndola. De acuerdo con la acusación, Páez, Busso y Peralta coordinaron maniobras de narcotráfico y mantenían líneas exclusivas con policías, que les habrían advertido de posibles operativos en su contra.
Pero el acusador recalcó que quien tenía el dominio absoluto de las decisiones era Cáceres. “Era venerado, se le consultaba, tenía ascendencia”, dijo en torno a los reiterados audios en los que se menciona “al Darío” como quien daba las instrucciones sobre qué hacer, en un lenguaje elusivo, respecto a algunos asuntos, probablemente delictivos.
Y descartó irónicamente que en las escuchas los condenados hablaran de reparto de golosinas o de entradas para los partidos. “No estamos hablando de caramelos, de entradas. Es algo que no se puede nombrar. Si algo no se puede nombrar es porque se quiere ocultar. Y si quiere ocultar es porque es algo ilícito”, indicó. El foco claramente está, para el instructor, en las maniobras de tráfico de droga.
Gonella dijo que era curioso que Peralta, hincha de Belgrano, fuera chofer de Cáceres (se autodenominó su “mano derecha”), justamente el jefe de la barra del albiazul, con la sabida rivalidad entre ambas hinchadas. “¿O es que eran socios en negocios ilícitos?”, preguntó para enfatizar que los colores de los clubes habrían quedado atrás para dar lugar a algo más: los presuntos negocios ilegales de los que habrían formado parte.
“Cáceres tenía la última palabra. Era el que cortaba el queso -dijo metafóricamente el fiscal-. Era el jefe, pero no estaba en el foco, no hablaba por teléfono, tenía ‘gerentes’. Tomaba decisiones enérgicas. Lo que él dice, se hace. Tenía un rol preponderante, liderando la organización criminal de tipo mafiosa”, que habría buscado ganar millones con la marihuana.
“Bajó la línea (a sus subordinados sobre el tráfico) y se fue de vacaciones a Brasil con su familia”, le enrostró Gonella. “Nosotros, señores jueces, tenemos excelentes sueldos. Pero tardaríamos años en ganar millones. Acá se buscaban millones en una sola operación”, comparó.
Pidió, finalmente, que el tribunal remita el veredicto a Talleres y al Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) para que “sepan qué hacen los integrantes de las barras, y tomen medidas”.
Pedidos defensivos
Perano, defensor de Cáceres, pidió su absolución pero con la salvedad de que si es condenado, debe serlo por confabulación delictiva (sentenciándolo al mínimo de la pena, ordenando la libertad por el tiempo que lleva detenido -un año y ocho meses-). Sostuvo que no había “prueba vinculante y concreta“ que pudiera achacársele sobre el tráfico, y que si bien los demás 13 condenados en el juicio abreviado habían reconocido su papel en el tráfico, no implicaron en ningún momento a Cáceres en la maniobra.
El defensor resaltó la declaración de Cáceres, sobre que él estuvo en Brasil al momento de la incautación de la droga y los allanamientos, y cuestionó el testimonio del policía federal que investigó la causa (dijo que hizo diversas deducciones, corriéndose de las “reglas de un testigo”) y que consideró al barra como el “jefe” de la banda. “No hay prueba“, sostuvo Perano, se quejó de que la Policía no investigara los supuestos movimientos de Cáceres, y tildó de “parcial” la mirada de fiscal que lo sindicó como líder narco.
Reiteró que los otros 13 condenados admitieron su participación en el tráfico, pero que nunca inculparon a Cáceres. “No hay una prueba contundente, clara e irrefutable“, agregó y recalcó que los testigos no vincularon al barra con la droga. “No dio órdenes (vinculado a negocios de narcotráfico)“, dijo, pero sí en el funcionamiento de la barra.
También excusó al imputado por haber cambiado constantemente de teléfonos celulares (el fiscal le adjudicó una maniobra habitual de quien quiere ocultar algo) a su labor como jefe de La Fiel y puntualizó que el solo hecho que Cáceres estuviera ebrio en una fiesta lo ligaba al narcotráfico (en una escucha, Peralta dijo que la celebración “parecía una película de Pablo Escobar. Había sicarios, asesinos a sueldo, estaba el que te servía la ‘alita’ (cocaína) en la nariz…”).
Para sostener su postura, Perano indicó que en una de las escuchas, otros imputados mencionaron que Cáceres “nada” conocía sobre maniobra ilícitas, con lo que insistió en el desconocimiento del barra sobre cualquier intervención en el narcotráfico.
Finalmente la defensa de Medina Ramírez solicitó la absolución, pero subsidiariamente, en caso de condena, la aplicación de la figura confabulación (una participación menor). Sostuvo que la acusación carecía de “orfandad probatoria“ y que las figuras endilgas (transporte y comercialización de drogas) no se pudieron probar durante el juicio. “No está acreditada la participación”, reiteró en distintos tramos.
En otro párrafo cuestionó al fiscal por sumar “condimentos” en el alegato, para robustecerlo extensamente contra Medina Ramírez, por la alusión al supuesto comportamiento mafioso de su defendido (sobre la mencionó a la película de El Padrino) y también por mencionar a un juez federal (por Carlos Soto Dávila) y a dos secretarios correntinos (por Pablo Molina y Federico Grau) condenados por delitos de drogas, que no formaban parte de la plataforma acusatoria en Córdoba.
Otros 13 condenados
Si bien la voluminosa causa originalmente incluía también a otros 13 involucrados en las maniobras, todos ellos acordaron diversas condenas en un juicio abreviado realizado semanas atrás.
De esta forma, los 13 imputados admitieron los hechos y el TOF2 condenó a “Tomate” Busso a ocho años, Cristian Ramón Chávez Reyes, Maximiliano Romero y Ramón Horacio Núñez a cuatro años de prisión; a Ángel López y Leandro Vallejos, a cuatro años y ocho meses; y a Ángel Emmanuel Valdez, a cinco años.
A su vez, también fueron sentenciados Claudio Ezequiel Gómez, Juan Ignacio “Rambo” La Costa, Rita Andrea “Pato” Cabral y Benítez a seis años. Sin embargo, por una pena anterior, la condena para Cabral quedó fijada en seis y dos meses, mientras que la de Benítez se elevó a 16 años y medio (por una condena previa).
Finalmente, “Gusy” Páez y “Tuerto” Peralta recibieron ocho años de prisión cada uno. Se decomisaron siete vehículos, joyas, 1.200 dólares y pesos chilenos y argentinos.
