Tras el fallecimiento de Guillermo Bustamante (39) durante un procedimiento de la Policía en una estación de servicio de barrio Villa Páez, zona oeste de la ciudad de Córdoba, la fiscalía actuó de manera rápida e instruyó cinco imputaciones y detenciones.
El fiscal a cargo, Guillermo González, continúa investigando y la tarea de los pesquisas hoy se centra en saber qué pasó desde el lunes 24 de marzo a las 3 de la mañana, cuando Bustamante llegó a la estación de servicio ubicada en la esquina de avenida Octavio Pinto y Mariano Castex.
Hasta donde se sabe, gracias a testimonios y a filmaciones que ya obran en poder de González, la víctima llegó a la playa, pidió $ 10 mil de nafta y comenzó a discutir con uno de los playeros. El operario tomó su celular, luego de presuntamente observar actitudes amenazantes de parte del cliente, y llamó a un allegado de él, oficial de la Policía. No llamó al 911.
A la zona llegaron 15 uniformados en cuestión de minutos, mientras que Bustamante continuaba hablando por teléfono con su pareja. Según lo investigado, los uniformados intervinientes le ordenaron a la víctima que cortara su llamada, pero este hizo caso omiso a la orden.
Durante el procedimiento de reducción, el hombre, que aparentemente venía de concluir un trabajo relacionado con la colocación de unos paneles de durlock en una panadería, acabó muerto.
En esta etapa incipiente de la pesquisa, González dijo contar con elementos suficientes para dictaminar las primeras detenciones.
Así fue como imputó al subinspector Marcos Guzmán Altamirano, al oficial ayudante Nicolás Bulacio y al cabo Juan Martín, todos por el delito de “homicidio calificado por abuso de sus funciones en calidad de miembros de las fuerzas policiales, en calidad de coautores”.
También fueron acusados el oficial inspector Walter Perfumo, bajo la figura de “encubrimiento por no denunciar la perpetración de un delito, doblemente agravado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público en concurso ideal, y en calidad de autor”, y el sargento Mariano Córdoba, que carga con la imputación de “omisión de los deberes de funcionario público en calidad de autor”.
No obstante, la fiscalía confirmó que aún podría haber cambios en las imputaciones. Se podrían agravar, se podría ampliar la cantidad de implicados y también podrían sufrir algún cambio en la figura, que termine por morigerar la acusación.
Lo que por estas horas está muy firme, y que es una afirmación que se repite cada vez con más peso, es que durante este acto hubo “violencia institucional”. Así lo afirman los laderos del fiscal y ese es el enfoque que va tomando la investigación.
En las últimas horas, los investigadores trabajan con las imágenes de las cámaras de seguridad, con la ampliación de testimonios y fundamentalmente con el entrecruzamiento de los datos relativos a las comunicaciones que se realizaron durante el procedimiento policial.
Allí, dicen los pesquisas, podría aparecer –y siempre en términos potenciales– una llamada hacia algún superior en la que se confirmara la información sobre un exceso policial. Si esto se descubre, se esperarían nuevas imputaciones por encubrimiento.
No obstante, en el Ministerio de Seguridad hay plena confianza sobre el cumplimiento de los protocolos. El titular de la cartera, Juan Pablo Quinteros, fue enfático: “Desde el primer minuto de la investigación, estuvimos presentes este ministro; el jefe de la Policía, Leonardo Gutiérrez, y el director de Investigaciones Criminales, Alberto Bietti”.
En ese ínterin, dijo, lo que se buscó fue preservar cada una de las pruebas. “Para nosotros es muy importante que se conozca realmente qué fue lo que sucedió. Y que, si hubo excesos, se pueda investigar hasta el último detalle”, expresó Quinteros.
Además, el propio ministro se presentó ante la fuerza el pasado martes para “moralizar”. “Este caso tiene que servir para aprender: los protocolos se deben cumplir al pie de la letra. Y hicimos mucho hincapié en eso. Esa fue una fuerte bajada”, dejó trascender.
Ese mensaje fue acompañado por palabras de fuerte respaldo. “Les pedí que salieran a la calle a cumplir con su función. Y les dije que tenían que salir seguros de lo que saben, porque están preparados para este tipo de casos”, planteó.
Según datos oficiales expuestos por Quinteros, el año pasado hubo 15 mil detenciones complejas, con 929 caracterizadas de “estado crítico”, en las que los policías debieron realizar alguna reducción o aplicar la gradualidad de la fuerza.
Este año, ya se registran cuatro mil detenciones complejas, con 214 por reducciones críticas. “No hubo otros casos similares. Es un hecho, al que se le debe dar trascendencia, porque para nosotros un solo caso es inaceptable. Pero la casuística me indica que no hay un problema en los procedimientos”, alegó.
Las imputaciones
El abogado querellante, Carlos Nayi, que representa a la viuda Agustina Daiana Escotorin, pareja de Bustamante, se mostró conforme con la celeridad de la investigación. No obstante, pidieron que la causa no detuviera su avance y subrayaron que los uniformados son 15 en total.
“Quiero que todos terminen presos. Había mucha Policía para reducir a mi marido, y todo porque no pudo pagar $ 10 mil en ese momento”, expresó la mujer, sumida en el dolor.
El abogado caracterizó el caso como un hecho grave de violencia institucional y pidió la máxima responsabilidad por parte de los responsables de investigar.
En cuanto a las imputaciones, fuentes con acceso a la causa explicaron que, para el caso de los oficiales, Altamirano y Bulacio, al igual que para Martín, acusados del presunto homicidio calificado por abuso de su función en calidad de miembro de la fuerza policial, la única sanción para este delito es la prisión perpetua.
Se trata de la pena máxima prevista en el Código Penal. Y es una pauta de que para los investigadores los policías habrían tenido un protagonismo activo en la dinámica que terminó con la muerte de Bustamante, de mantenerse la figura en este mismo grado.
La viuda le dijo al fiscal que vio cuando algunos policías subían al móvil a su marido y cómo lo golpeaban dentro de la patrulla.
Además de estos testimonios, que habrían guiado al fiscal hasta los tres uniformados sobre quienes pesa la mayor acusación, otros elementos arrojados por el informe preliminar de la autopsia habrían dado solvento suficiente a González para acusar durante esta etapa.
En cuanto a Perfumo, cuya imputación es por encubrimiento al no denunciar la perpetración de un delito, doblemente agravado por el hecho precedente y su calidad de funcionario público, se le achaca la conducta de tapar hechos que tienen que ver con actividades ilegales dentro de la fuerza pública.
En la escala penal, en el caso de comprobarse el delito, podría pesar sobre él una condena de tres años de prisión. Teniendo en cuenta que se trata de un hecho cometido por un funcionario público, la figura aumenta al máximo de seis años de prisión.
En cuanto al sargento Córdoba, imputado por omisión de los deberes de funcionario público, la pena fluctúa entre un mes y dos años de cárcel, más una inhabilitación especial por el doble de tiempo.
