Tras cumplirse siete meses de la detención de César Moreno, el hombre de 50 años que sufría padecimientos mentales y que fue atado en una cama de sujeción en la cárcel de Bouwer para luego morir de un paro cardiorespiratorio, la fiscalía detuvo a nueve imputados y prepara la etapa indagatoria.
Los acusados por el delito de “tortura seguida de muerte” podrán contar su versión sobre lo que pasó entre el 16 y el 18 de septiembre del año pasado dentro de la penitenciaría.
Para el fiscal de la causa, José Alberto Mana, la víctima fue sujetada de tal manera –luego de haber acabado en la cárcel sin antecedentes penales y con un historial de atención psiquiatríca– que la medida representa una tortura en sí misma. Atado, sufrió una descompostura y murió de paro cardiorrespiratorio.
Antes de llegar a la prisión había tenido un altercado en una panadería de Nueva Córdoba, zona céntrica de la ciudad de Córdoba, donde fue expulsado a empujones. Por ese incidente leve fue detenido y enviado a la Unidad de Contenidos y Aprehendidos (UCA). Allí habría sido sujetado por primera vez, según la causa. Luego, un informe del Centro Psico Asistencial (CPA) señaló que tenía antecedentes psiquiátricos, que había interrumpido su tratamiento y que debía continuar con un seguimiento ambulatorio.
El fiscal Rubén Caro, a cargo de la primera etapa de instrucción, lo envió al Complejo Carcelario Nº 1, Reverendo Francisco Luchesse, más conocido como cárcel de Bouwer, dado que para él allí habría mejores condiciones para su atención médica. Sin embargo, Moreno encontró su muerte y la causa pasó al fiscal Mana, que tiene bajo su órbita todas las muertes que ocurren en centros de detención.
Desde la oficina de este último fiscal no descartaron que pueda haber nuevas imputaciones por este hecho.
La lista actual de acusados comienza por el alcalde mayor de Bouwer, Pablo Luján. Hay seis guardias: Mariano Santucho, Leonel Vaquel, Nicolás Cebrero, Roberto Molina, Lucas Argüello y Néstor Bazán, quien se encontraba en situación pasiva.
En cuanto a este último operador, el interventor del SPC, Gustavo Vidal Lascano, había informado días atrás que lo habían separado de sus funciones a raíz de que se pudo constatar que Bazán había puesto su pie encima del cuerpo de Moreno.
La lista cierra con el médico de guardia, Ignacio Eduardo Segovia, que fue el que recibió a Moreno, y la médica psiquiatra, Ana Laura Grassi.
Todos ellos se sentarán en los próximos días –se espera que las primeras indagatorias se tomen durante la próxima semana– en frente del fiscal y podrán contar su verdad sobre los hechos.
Cuando hay secreto de sumario y los acusados aún no conocen los hechos en su totalidad, habitualmente optan por abstenerse de declarar. Incluso hay quienes niegan los hechos.
Hasta ahora, se conoce que Segovia será defendido por el abogado Tomás Aramayo, mientras que aún no se conocen precisiones sobre el resto de los defensores.
“Todavía no hemos sido llamados para la etapa indagatoria Nuestra postura será la de la abstención dado que no conocemos la prueba hasta que se libere el secreto de sumario. Cuando esto ocurra, evaluaremos los pasos a seguir”, confirmó Aramayo.
Las horas dentro de Bouwer
Tras entrevistarse con agentes ligados al funcionamiento de Bouwer, La Voz pudo reconstruir los acontecimientos que habría protagonizado Moreno.
Siempre según la versión de testigos y operadores, el detenido habría agredido con un golpe de puño a un guardiacárcel. En ese momento, se habría producido una golpiza.
Vale aclarar que Soledad González, la exesposa de Moreno, relativizó que su pariente pudiera haber tenido un comportamiento violento. “No era para nada agresivo, incluso cuando estaba atravesando un episodio psicótico, como el que creemos que padecía en ese momento”, dijo.
Luego de ese presunto incidente, el hombre habría sido llevado entre varios a la enfermería.
En la causa se pudo acreditar que en ese lapso Moreno fue objeto de golpes y apremios ilegales.
En la guardia médica habría sido recibido por el médico clínico Segovia, quien no cuenta con la especialidad en psiquiatría, como se pensó en un primer momento. Fue quien ordenó la sujeción.
“Se lo ató como con unas sábanas, que es lo que se utiliza en estos casos. Y se procuró que no sea una atadura tan ajustada”, dijeron las fuentes consultadas.
Luego fue controlado por la doctora psiquiatra Laura Grassi, quien no hizo cesar las medidas de contención.
Finalmente el hombre sufrió un paro cardiorespiratorio.
Violencia institucional
Para el abogado representante de la familia de Moreno, Alejandro Pérez Moreno, el caso se encuadra en un hecho de “violencia institucional”, dado que los operadores que deberían haberse ocupado de velar por la integridad del detenido habrían hecho todo lo contrario.
La familia de la víctima pide justicia y advierte que “César, oriundo de la ciudad de Villa María, había llegado a Córdoba a acompañar a un amigo”. “Era un excelente padre, daba clases de rugby a los niños y era muy querido por todos”, lamentaron sus deudos.
