La muerte de César Moreno llevó a que, por decisión de otro fiscal, José Mana, se imputara y detuviera a seis empleados penitenciarios acusados de tortura seguida de muerte.
Moreno murió luego de pasar varias horas sujeto a una camilla, luego de haber recibido fuertes golpizas.
La investigación del fiscal Gavier devela que en dos casos la estructura de corrupción carcelaria encabezada por Bouvier pedía pagos a los familiares de los internos que necesitaban habilitaciones para distintos tratamientos médicos fuera del penal. El favor estaba “tarifado”, como muchos otros: 150 mil pesos.
Gavier enumeró otros siete casos de fallecimientos de internos que según testimonios de otros internos o familiares murieron por brutalidad penitenciaria o falta de una atención médica adecuada, con o sin intención.
José Luis Sciacca, “el pastor”, falleció por una hemorragia interna e insuficiencia hepática. No le dieron una atención médica adecuada ni siquiera cuando gritaba de dolor en el pabellón por la hinchazón en las piernas y los vómitos de sangre.
Eva Gabriela Molina había perdido el control de esfínteres, además de sentirse mareada y con vómitos. En la guardia le dieron Reliverán y Buscapina. Sus compañeras de celda la encontraron desvanecida y la tuvieron que derivar al Hospital Misericordia, de la Capital provincial, en coma. La tomografía indicó que tenía un derrame cerebral por aneurisma.
Bruno Nazareno Llanos murió luego de una descompensación hemodinámica. Llanos estaba aislado en un box, luego de morderle la mano a un agente, que lo golpeó hasta dejarlo inconsciente, según los testimonios de otros internos. Este presunto homicidio abre otra línea de investigación penal.
Sergio Rivarola se mató porque no soportó más los dolores y la falta de tratamiento adecuado contra su cáncer, según sus familiares. Tenía una protuberancia en el cuello que el servicio médico catalogó como un “tumor benigno y encapsulado”. Se extendió a los pulmones, Rivarola no podía respirar y sólo lo trataron con calmantes.
Mauro Carrizo fue a enfermería por un dolor lumbar, le inyectaron un fármaco desconocido y, horas más tarde, lo encontraron muerto en su celda.
Jonathan Nicolás Centeno murió cuando era trasladado a Tribunales II un día en el que la temperatura era de 40 grados y él se descompuso al ir engrillado en un espacio sin ventilación. En este caso, el fiscal Gavier devela que una autoridad del SPC ordenó llevar el móvil 120, que había trasladado a Centeno, a “chapa y pintura” antes del peritaje judicial. Esto daría lugar a otra causa criminal.
Ezequiel Castro falleció en el Hospital Misericordia, adonde ingresó golpeado y con signos de tortura.
Carlos Trejo tuvo una crisis de asma y murió luego de agonizar una hora sin atención médica.
Existen hasta el momento 293 habeas corpus presentados por internos que denuncian violación de derechos fundamentales durante sus respectivas detenciones. “Es una cantidad que no puede considerarse normal, más aun teniendo en cuenta que existe un temor generalizado a sufrir represalias por parte de los internos a la hora de acudir a la Justicia”, consigna Gavier.
Alarma por suicidios
A su vez, Gavier se hace eco de las denuncias por el desmantelamiento de los programas Prevención de Suicidios y de Salud Mental dentro de los establecimientos penitenciarios. “Sólo entre enero y octubre del año pasado, se documentó e investigó 30 fallecimientos producidos en contexto de encierro, entre los cuales 12 se produjeron como consecuencia de ahorcamientos, en principio, autoinfligidos”, resume el fiscal.
“Esto evidencia la falencia del Servicio Penitenciario para alojar y contener a los internos (su primordial función), a los que alberga en condiciones lamentables, en establecimientos sucios y mal mantenidos, sin orden ni disciplina, brindándoles pésima alimentación, con negligente asistencia médica, impartiendo trato violento e intimidante, donde reina la ausencia de una política proactiva de promoción y protección de la salud mental y física de las personas detenidas”, concluye.
