El fiscal José Alberto Mana informó este miércoles que detuvo a ocho de los nueve imputados en la causa que investiga el fallecimiento de un preso de 50 años de edad, muerte que según la fiscalía fue el efecto seguido a actos de tortura, entre el 16 y el 18 de septiembre de 2023 adentro de la cárcel.
Los hechos investigados ocurrieron en una de las celdas y en la guardia médica del penal Reverendo Francisco Luchesse, más conocida como “cárcel de Bouwer”, en la localidad cordobesa homónima.
Por la muerte del presidiario César Darío Moreno (50) fueron imputados como presuntos autores del delito de “tortura seguida de muerte” un alto directivo del módulo de varones junto a seis guardias del penal y dos médicos. Entre los imputados todavía hay un guardia que permanece sin ser detenido y en la fiscalía esperan que se produzca su entrega durante las próximas horas.
La figura de tortura seguida de muerte prevé la pena máxima en la escala jurídica: prisión perpetua.
Moreno habría sufrido duros golpes seguidos por sujeciones, según los resultados de las primeras investigaciones. Resta saber si del lado de los médicos hubo ocultamientos en los informes realizados por el área.
La fiscalía trabaja amparada en un estricto hermetismo y no descarta nuevas imputaciones ni tampoco nuevas detenciones.
Los imputados deberán fijar su defensa y tendrán la oportunidad de actuar ante las acusaciones de las cuales son objeto.
Por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia no hubo mayores precisiones y prefirieron no realizar declaraciones, ya que la causa está en manos de la Justicia, señalaron altas fuentes de esta cartera. Además destacaron que en su momento las autoridades del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) pusieron a disposición de la fiscalía todo el material probatorio que fue requerido.
Sin embargo, fuentes allegadas a la investigación reconocieron que se trató de una tarea ardua, por ser los investigados quienes tienen control directo sobre los testigos, el registro de los hechos y el gobierno de los acontecimientos internos de un penal. No obstante, nadie en la fiscalía habló, al menos hasta el momento, sobre maniobras de entorpecimiento.
Una desdichada aprehensión y una muerte inesperada
El entorno carcelario vive por estas horas un duro pesar. Fuentes allegadas a los internos aseguran que la noticia sobre la detención de los guardias penitenciarios se regó con rapidez entre los presos.
“El hombre pasó pocas horas en Bouwer porque no se le callaba a nadie. Los guardias lo ‘verduguearon’ para que aprenda las reglas internas, pero tampoco se quedaba callado. Lo molieron a palos”, dijeron desde las celdas voces que prefirieron el anonimato.
Lo cierto es que Moreno no registraba antecedentes penales, según informó la fiscalía, al momento de su ingreso a la penitenciaría.
Había llegado a la cárcel por un altercado que había protagonizado en septiembre de 2023 en una panadería de Nueva Córdoba.
En los pasillos de Tribunales se escucha de manera reiterada un único comentario: “Estaba de regalo en la cárcel”. Nadie se puede explicar sin perturbarse el final que debió soportar Moreno por una presunta pelea que habría tenido dentro del negocio comercial de la zona céntrica de Córdoba.
“Lo habían detenido porque había concurrido en un supuesto hecho de ‘baja entidad penal’. Dentro de la cárcel no era un hombre conocido ni manejaba los códigos carcelarios”, dijeron las pesquisas.
Al ingresar al complejo de Bouwer, habría sido gravemente golpeado por personal penitenciario, posteriormente fue atado e inmovilizado por más de 48 horas. Para la fiscalía, el preso no recibió atención sanitaria ni médica adecuada.
Producto de lo que habría sido una seguidilla de vejámenes, y a raíz de severos padecimientos, el estado de salud general de Moreno fue empeorando. Todo desencadenó en su fallecimiento.
“Lo que le pasó a César pasa muy a menudo. El que se porta mal, va a parar a la cama de sujeción. Y en la cama no te podés quejar ni tenés derecho a pedir nada”, dijeron desde adentro de Bouwer.
El proceder de la Justicia
La fiscalía trabajó durante seis meses para reunir un importante caudal probatorio. Entre los elementos recolectados hay filmaciones, documentos y un importante compendio de pruebas testimoniales.
“A esta altura del proceso se puede sostener la existencia del hecho y la participación de los imputados”, dijeron desde el entorno de Mana.
La investigación requirió numerosos allanamientos y el secuestro de prueba digital, como suele ocurrir en los hechos que se producen dentro de las unidades penitenciarias.
Pero además, Mana ordenó análisis interdisciplinarios por parte de la Dirección General de Policía Judicial y del Instituto de Medicina Forense. Para hacerlo, se valió de protocolos de actuación internacionales.
Durante las autopsias, según aclararon en Tribunales, se aplicaron los protocolos de Estambul y de Minnesota. El primero se utiliza en los casos en los que se sospecha que podrían haber existido procedimientos de tortura. El segundo es válido para todas las muertes ilícitas en contextos de encierro.
“Los protocolos indican cuán profundos son los cortes y numerosos aspectos técnicos de las autopsias que se realizan en estos casos. Es un trabajo muy específico y debe ser cumplimentado tal como ocurrió en este caso”, sostuvieron los investigadores.
