Las comparaciones resultan inevitables cuando se están escuchando sentencias a estafadores con una tendencia sostenida de penas de prisión superiores a siete años.
Hasta hace poco se destacó que el fiscal Gustavo Arocena venía logrando penas de prisión efectiva y resarcimientos a autores de delitos económicos, que en casos similares venían recibiendo sanciones en suspenso y sin reparación económica. Ahora parece sostenerse que, con la repetición de hechos delictivos y sin conseguir que los autores se hagan cargo del daño efectuado, se piden y se aplican condenas elevadas de encierro.
Este es el caso de lo que ocurrió el pasado viernes en la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba, donde se someten a juicio estos delitos complejos. Una mujer de 75 años, Liria Olga Aguilera, fue condenada a la pena de siete años y cinco meses de prisión por “estafas reiteradas” (29 hechos).
El vocal unipersonal Carlos Palacio Laje respondió casi fielmente el pedido del fiscal de cámara Gustavo Arocena y aplicó la condena a la mujer nacida en Huinca Renancó. La mujer engañó a particulares en la ciudad de Córdoba, pidiéndoles dinero para “facilitarles” diversos trámites y gestiones, invocando tener influencias por haber sido criada por una religiosa del Buen Pastor.
Entre enero y julio de 2015, Aguilera afirmaba tener poder para conseguir diversos beneficios: la obtención de viviendas de programas habitacionales del gobierno provincial, el otorgamiento de chapas de taxi o puestos de trabajo para la Municipalidad de la Capital provincial o en Epec.
Para esto, invocaba relación con una “madre” o “monjita” del Buen Pastor que la había “criado” cuando era niña. Añadía que esa religiosa tenía vinculaciones con funcionarios encumbrados en diversas dependencias públicas. Por esta acusación, el perjuicio ocasionado a esos particulares supera los 30 millones de pesos, actualizados a noviembre pasado.
En uno de los hechos, se conoció que Aguilera engañó a una mujer con la excusa de conseguirle una vivienda en barrio Marqués de Sobremonte, asegurando ser la propietaria. La compradora hizo trato para adquirir tres casas, para ella y su hijo.
No conforme con invocar su supuesta relación con la religiosa, Aguilera agregó que esa monja era tía del entones intendente Ramón Mestre.
El ardid se nutría de otros detalles, como por ejemplo que la congregación religiosa había recibido esas unidades habitacionales en esa zona de la capital provincial.
De este modo, la víctima fue entregando, en sucesivas fechas, diversas sumas de dinero bajo la creencia de estar pagando las casas prometidas. Llegó a abonar un total de 240 mil pesos en concepto del pago total por las viviendas.
Luego se conoció que Aguilera no le entregó ni iba a entregar las viviendas prometidas porque, además de carecer de las influencias que argumentaba, jamás había iniciado trámite alguno en los organismos oficiales.
En la primera audiencia del juicio oral y público, el 13 de febrero pasado la acusada aceptó un juicio abreviado por el monto de prisión que finalmente fue condenada y admitió su responsabilidad en los 29 hechos, según sostiene la acusación instruida por la fiscal del 2° Turno de Delitos Complejos, Valeria Rissi.
Aguilera no pidió disculpas a las víctimas, muchas de las cuales se hicieron presentes en el debate, y tampoco ofreció resarcimiento económico para reparar el daño ocasionado a los damnificados.
Durante las tres audiencias del juicio, se produjeron algunos cruces entre la acusada y los damnificados, que en varias ocasiones se expresaron en contra de Aguilera.
Paralelismos
El resultado de este debate remite luego al trader catamarqueño Edgar Adhemar Bacchiani (48) quien espera sentencia por 50 estafas para el próximo lunes 10 de marzo. Existen no pocos paralelismos entre un caso y el otro.
Las comparaciones entre estos dos debates y otras condenas anteriores hacen prever que los 10 años de prisión pedidos a Bacchiani por el fiscal Arocena -también en juicio abreviado- pueden encontrar eco en el mismo tribunal, en este caso colegiado: Palacio Laje, Mario Centeno y Juan José Rojas Moresi.
Ambos son juicios abreviados, los dos acusados reconocieron los hechos y los dos declinaron ofrecer resarcimiento a las víctimas. En el caso de Bacchiani, responde por más hechos: 50.
En ambos casos, los defensores pidieron morigeración de la pena. En Aguilera, Arocena pidió siete años y ocho meses de prisión y el tribunal le restó tres meses. Por Bacchiani, su defensor Eduardo Gómez Caminos requirió a los jueces siete años de prisión, una pena inferior a los 10 años solicitados por el fiscal.
Por lo demás, ya hay otros juicios sin resarcimiento cuyos autores pagaron con elevada pena de prisión. El caso más concreto es el del arquitecto Jorge Ribeiro, por estafa con departamentos en pozo, quien recibió 11 años de prisión con un perjuicio patrimonial de casi tres millones de dólares a cerca de una treintena de damnificados.
