La causa del narcoescándalo que se investiga en Río Cuarto genera impacto nacional, por su volumen e implicancias. Es que la investigación no sólo dejó al descubierto lo que se supone una red de envergadura con base en esa ciudad del sur provincial, sino también una densa estructura de corrupción policial a su alrededor.
Mientras un exjefe de Investigaciones de la Policía permanece preso, el juez Carlos Ochoa ya dejó plasmado en el expediente que las primeras dos fuerzas con la que comenzó a investigar, Gendarmería y Policía Federal, incurrieron en gruesas y llamativas anomalías.
Por todo esto, la causa federal que se aceleró en enero último tras el crimen por parte de sicarios de un "capo" narco de esa ciudad hoy tiene todos los condimentos para convertirse en uno de los expedientes más calientes en toda Córdoba.
Estos son los puntos clave para comprender el origen de la causa judicial, sus desencadenantes y protagonistas, y qué se puede esperar hacia adelante.
1) Un asesinato de tipo “mafioso”
Claudio Lorenzo Torres, alias "Lecayo", nacido el 21 de marzo de 1975 y sindicado como "el zar de la droga" en Río Cuarto, fue baleado en la puerta de su casa, en Laprida 1264. Había llegado con Gabriel Bossi en un Audi TT desde Buenos Aires.
Dos sicarios le habrían disparado y huido en una Kangoo, luego quemada y abandonada. Torres murió horas después. Curiosamente la Policía no allanó esa noche la casa, y no secuestró su celular ni el auto de alta gama en el que se conducía.
2) Droga, autos, lujos y lavado
La presunta banda integrada por Mariano Rivarola, Andrés Rivarola, Cristian Ortiz, Claudio Torres, Cristian Berti y Gabriel Bossi, entre otros, era investigada desde el 2014 por el juez Carlos Ochoa. Supuestamente se dedicaban al narcotráfico y utilizaban el negocio de venta de autos, una venta de pollos, un lavadero y un quiosco como pantalla.
En las redes sociales, varios se mostraban con motos y vehículos de alta gama y en las rutas de provincias y países vecinos, donde habrían comprado y vendido estupefacientes.
A los procesados les secuestraron bienes muebles por el valor de 450 mil dólares, más 2,6 millones de pesos, 87 mil dólares en efectivo, títulos y joyas tales como anillos Bulgary, relojes y cadenas de oro. Algunos vivían en los edificios inteligentes más caros de Río Cuarto.
El juez incautó un centenar de vehículos, gran cantidad de alta gama, y motos de diferente cilindrada.
3) Gendarmes y un alto jefe policial
Dos de los gendarmes que iniciaron la investigación de la banda de Torres fueron involucrados por escuchas en otra causa de narcotráfico y terminaron presos. Uno de ellos, Luis Naser, desde la cárcel, aseguró a La Voz que fue víctima de "una cama" que le hicieron integrantes de otra fuerza que supuestamente amparaba a Torres.
La presunta interna entre policías tuvo otro capítulo en una causa conexa: la filtración de escuchas de la Federal que involucraron en otra causa a Leonardo Hein, llamado por los narcos “el Avispón”. El exjefe de Drogas de la Policía de la Provincia en Río Cuarto fue condenado a un año y medio de prisión en suspenso por incumplimiento de deberes (por no denunciar a supuestos “dateros” o informantes).
Pero lo más escandaloso que surgió tras el crimen de Torres fue la detención y el posterior procesamiento con prisión preventiva de Gustavo Oyarzábal, quien hasta mediados de enero fue jefe de Investigaciones de la Policía de la Provincia y mano derecha de todos los fiscales de Río Cuarto.
Está acusado como presunto “partícipe necesario” de la organización de narcolavado. Para el juez Ochoa, podría haber brindado información clave a los narcos. Su detención provocó el descabezamiento y la renovación de la cúpula policial de la Departamental Río Cuarto y convirtió al narcotráfico en uno de los ejes de campaña en Córdoba.
Al momento del crimen de Torres, Oyarzábal aún estaba en funciones. Poco antes de que fuera detenido, la Provincia aceleró su pase a retiro. En la Justicia provincial, Oyarzábal también tiene una imputación por presunto encubrimiento de los secuestradores de Nicolás Sabena.
4) Más de cien allanamientos, 30 imputados y nueve detenidos
Luego de tener problemas con personal de Gendarmería y la Federal, el juez Ochoa recurrió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Tras realizar más de cien allanamientos y diversos operativos en simultáneo, en estudios contables, cajas de seguridad, countries, edificios inteligentes y agencias de autos de la ciudad y de Buenos Aires, llegaron a 30 los imputados por narcotráfico y lavado.
El 27 de junio pasado, el juez Carlos Ochoa dictó el auto de procesamiento con prisión preventiva a Gabriel Bossi, Mariano Rivarola, Andrés Rivarola, Jonathan Becerra, Cristian Berti, Cristian Schiaroli, Sueli Suárez, Jonathan Monserrat y Gustavo Oyarzábal. Varios de los detenidos, como Gabriel Bossi, tienen un pasado delictivo. La mayoría apeló la sentencia. Por estos días, se espera una resolución del magistrado sobre dos imputados: el financista Ariel Cortez y el ex basquetbolista Andrés Pelussi.
5) Recompensa de un millón por dos prófugos
De acuerdo con lo solicitado por el Juzgado Federal de Río Cuarto, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través del programa Buscar, ofreció una recompensa de un millón de pesos para quien aporte información sobre los dos prófugos de la causa de narcolavado: Jonathan Daniel Palacios (27) y Cristian Fabián Ortiz (41). Ambos también figuran como "buscados" por Interpol, con orden de captura internacional.
Ortiz habría estado en el grupo de los cabecillas de la organización y se habría ocupado de realizar varios viajes a Paraguay, Bolivia y Chile con Rodrigo Marcial Villar Benítez (paraguayo, imputado sin prisión preventiva que aún no pudo recuperar la libertad porque no ofreció la fianza). A Palacios la investigación lo considera “partícipe” y lo menciona varias veces con Ortiz, en escuchas y en observaciones, frente a concesionarias de autos, domicilios de integrantes del grupo, viajes al exterior y en el negocio El Pollo Loco, de uno de los hermanos Rivarola.
6) Vínculos con "Yerba Mala"
Una pericia fonaudiológica de escuchas telefónicas, encargada por el juez federal de Río Cuarto, reveló que integrantes de la banda de Río Cuarto habrían sido los que compraron los 3.500 kilos de marihuana secuestrados por un juez de Bell Ville, en el 2017.
El operativo Yerba Mala detectó, en Sauce de Luna, Entre Ríos, un gran cargamento de droga que tenía a Córdoba como destino. Para Ochoa, habrían sido Mariano Rivarola y Cristian Ortiz los que la encargaron. La marihuana viajaba disimulada junto con bolsas con el polvo de yerba mate, de escaso valor. En Bell Ville no se había esclarecido para quién era la sustancia y la brigada que la descubrió fue sorpresivamente desarticulada.
7) El reproche de un juez amenazado
El juez Ochoa planteó que sintió "una pérdida total de confianza en las fuerzas de seguridad con asiento en la ciudad". Citó el caso de los gendarmes condenados y de policías federales que filtraron escuchas a la prensa. Relató que la Policía Federal Aeroportuaria y sus integrantes, con quienes finalmente pudo investigar, recibieron intentos de coimas y serias amenazas.
Dejó sentado que el tribunal “viene hace años advirtiendo el crecimiento exponencial de las organizaciones que proveen, distribuyen o comercializan estupefacientes”.
Solicitó además “a los distintos estamentos de gobierno que se procuren medios para combatir el narcotráfico, concretamente aumento de fuerzas de seguridad, personal forense como por ejemplo contadores y diversos medios materiales y tecnológicos”.
Remarcó la necesidad de dar una respuesta adecuada y suficiente al adicto. Tras la fuerte polémica que el tema provocó en la campaña política por la gobernación, Ochoa recalcó el deber del Estado de actuar a nivel local, provincial y nacional.
"La drogadicción, que es una enfermedad social, y las enfermedades no entienden de jurisdicciones: son enfermedades y como tales es necesario brindar la respuesta más efectiva", reclamó.
