Contadores de estudios que habían sido allanados en marzo, en Río Cuarto, fueron imputados por el juez Carlos Ochoa en el marco de la investigación por narcolavado.
Se trata de la causa precipitada tras el asesinato de Claudio Torres, el llamado “zar de la droga”, acribillado a balazos frente a su casa el 16 de enero, apenas se bajó de un Audi TT.
Uno de los imputados es el contador Martín Boiero, quien habría asesorado a la madre de Torres para ingresar en el blanqueo de capitales. Según confirmó Lucía Storani, secretaria penal del Juzgado, se lo acusa por el artículo 303 inciso 2 A, lavado de activos, y por los artículos 7 y 11 de la Ley 27.737 de Estupefacientes. Se interpreta que prestó colaboración con actividades ilícitas de la banda.
El artículo 7 prevé una pena de ocho a 20 años de prisión y multa para quien organice o financie actividades ilícitas vinculadas con el tráfico de drogas. En tanto, el 11 agrava las penas previstas “en caso de que en los hechos intervinieren tres o más personas organizadas para cometerlos”.
Boiero aparece en la primera resolución del juez Ochoa, mencionado por otro imputado, Cristian Pereyra, exempleado del Área Material Río Cuarto y expolicía de la Ciudad de Buenos Aires. Pereyra asegura que Boiero lo llamó para pedirle información, supuestamente a cambio de dinero, de los miembros de la PSA que habrían estado siguiendo a Torres. Pereyra está procesado por lavado de activos, sin prisión preventiva.
En una entrevista publicada este domingo en La Voz, el juez Ochoa habló sobre las supuestas complicidades en la causa narco y aseguró: “La comunidad puede estar tranquila que yo en esto siempre voy al fondo”.
Por Rivarola
La otra persona imputada es Silvia Andarnello, quien fue sindicada como su contadora por uno de los supuestos cabecillas de la organización de narcolavado: Andrés Hernán Rivarola. Como se recordará, según Ochoa la banda de Río Cuarto habría estado liderada por Andrés y Mariano Rivarola, Gabriel Bossi (los tres detenidos), el propio Torres, y el prófugo Cristian Ortiz.
A Andarnello no se la vincula con el narcotráfico pero sí se le endilga la presunta participación en el delito de “lavado de activos”, agravado por la habitualidad con que se habría efectuado (artículo 203, inciso 2ª).
El artículo 303 prevé una pena de prisión de tres a 10 años y multa de dos a 10 veces el monto de la operación “al que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito”.
El inciso 2ª prevé un agravamiento de la pena “cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza”.
Los nuevos imputados habrían sido indagados el 22 de octubre. Los contadores se suman a la treintena de involucrados en la megacausa, que tiene autos de alta gama y bienes secuestrados por cifras millonarias.
La causa del narcoescándalo de Río Cuarto tiene 10 detenidos y 11 procesados, entre los que figuran dos jefes policiales. Gustavo Oyarzábal, extitular de Investigaciones de la Departamental Río Cuarto (con prisión preventiva), y Sergio Almerich, exjefe de la Policía Federal, recientemente indagado por encubrimiento, en libertad.
NdE: En abril de 2022, los contadores Martín Boiero y Silvia Andarnello fueron sobreseídos por el juez federal Carlos Ochoa, quien los investigaba por presunto lavado de dinero.
