- La pista financiera
- la otra pata de las investigaciones por narcotráfico.
- El caso de una organización que vendía cocaína en Capital.
Hasta mediados de la década pasada, en la historia judicial argentina eran contados con los dedos de una mano los casos de narcotráfico en los que los investigadores habían ido, además, por el verdadero sentido de toda la operación ilegal: la pista económica.
Pero, desde hace ya más de cinco años, en el país comenzó a asomar una nueva doctrina: perseguir el lavado de dinero que los traficantes realizan para poder gozar del producto de su actividad clandestina.
Al fin y al cabo, este es el real fin de cualquier banda narco: acumular billetes para ostentar propiedades de todo tipo.
En las últimas horas, el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, que dirige el juez Ricardo Bustos Fierro, avanzó por este costado en la investigación contra una banda narco de raíces peruanas, acusada de traficar cocaína en la capital cordobesa.
Se trata de una supuesta organización que fue desarticulada hace un año, en septiembre de 2019, sospechada de abastecer a repartidores y a “quioscos” narcos de la ciudad de Córdoba y alrededores.
Fue una investigación que llevó adelante el fiscal federal N° 1, Enrique Senestrari, junto con un equipo especial de Gendarmería Nacional.
El primer día de aquel septiembre, se realizaron allanamientos simultáneos en domicilios de los barrios Alberdi, Villa Martínez, San Martín, Argüello y Granja de Funes, de la ciudad de Córdoba.
Como resultado de los procedimientos, los uniformados incautaron varios paquetes con cocaína que, al pesarlos, marcaron 72 kilos, de acuerdo con lo que se informó en su momento.
El “golpe” de los investigadores fue justo a tiempo: la cocaína estaba guardada en valijas, como si recién hubiera llegado a Córdoba.
“El principal lugar allanado no era una ‘cocina’, como se denomina a los lugares donde se fabrica cocaína. Se trataba de un ‘laboratorio’. En este lugar se estiraba la sustancia y se armaban dosis para luego abastecer a proveedores y a ‘quioscos’”, comentó tras los operativos una fuente con acceso a la causa.
Además del “laboratorio”, los demás domicilios tenían funciones específicas: uno era, al parecer, el centro de acopio; otros, puntos de venta o de distribución de la cocaína, siempre según los voceros que hablaron con la prensa en aquella oportunidad.
El principal investigado era un muchacho de entonces 22 años, de nacionalidad peruana. Junto con él quedaron detenidos otros tres familiares. Los imputados fueron identificados de manera oficial como Manuel Humberto Zurita Escalante, José Humberto Escalante Valeriano, Marianella Ramos Escalante y Pilar Marlene Valeriano Almirante.
“Se desbarató una organización narco familiar completa, que abarcaba a proveedores, a distribuidores y a vendedores que se encargaban de facilitar la distribución de grandes cantidades de sustancias en la Capital”, indicaron en su momento fuentes de Gendarmería.
Entre otros elementos, en los operativos se secuestró un total de 3.800.000 pesos argentinos y 36 mil dólares estadounidenses.
Por entonces, algunos de los investigadores dejaron trascender su decepción, pese a todo lo que se halló en los operativos. Es que, después de un año de seguimientos de todo tipo, ellos tenían el dato de que la banda estaba acopiando una cantidad de cocaína varias veces mayor que la que finalmente se secuestró.
Pero la causa no terminó tras aquellos procedimientos. De manera sigilosa, comenzó otra tarea: determinar los bienes que poseían los acusados. O sea, rastrear la pista económica de la presunta actividad ilegal.
Bienes embargados
De esta manera, en los últimos días, el fiscal Senestrari solicitó al juez Bustos Fierro una serie de embargos preventivos sobre viviendas y autos de los sospechosos.
“La ley 26.683, de junio de 2011, reformó el artículo 23 del Código Penal incorporando la figura del decomiso sin condena (’decomiso anticipado’) respecto de los delitos contra el orden económico y financiero cuando se comprueba la ilicitud del origen de los bienes o la del hecho al que se vinculan”, apuntó el fiscal en su pedido ante el juez.
Y explicó: “En lo que respecta al peligro en la demora, hay que tener presente que el objetivo de la medida cautelar es lograr la pronta inmovilización de activos, toda vez que existe el riesgo de que una eventual sentencia condenatoria resulte inocua a los efectos de lograr el decomiso”.
El juez dio el visto bueno a la solicitud y ordenó librar sendos oficios al Registro General de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Córdoba y al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor para embargar de manera preventiva los siguientes bienes: una vivienda ubicada en calle Alfredo García Voglino al 5700, Granja de Funes; un auto BMW 528; un Ford Kinetic Fiesta; un Citroën C4; un Peugeot 308; dos motos Honda CB 190, y una Honda Wave 110. Se desestimó el pedido por otra vivienda.
El operativo. La banda cayó con 72 kilos de cocaína, con 3,8 millones de pesos y con 36 mil dólares. Había montado un laboratorio en el que estiraba la cocaína y la distribuía, luego, en quioscos y a proveedores minoristas.
