La investigación que lleva a cabo el fiscal de Delitos Complejos del 1° Turno de la ciudad de Córdoba, Enrique Gavier, con relación a presuntos “negocios” e irregularidades en cárceles de la provincia encontró más novedades este lunes en el capítulo “Villa María”, donde se lanzaron nuevos operativos. Como resultado, se detuvo a dos personas que habrían participado en el “aviso” de movimientos de la investigación a los propios involucrados.
Un policía y un particular amigo de la banda de presuntos estafadores telefónicos cayeron presos tras la realización de allanamientos en las ciudades de Villa María y de Bell Ville.
Esta acción fue el desprendimiento de la primera oleada de operativos en los que ya se había encontrado a otro policía como supuesto “delator” de la investigación.
Ambos detenidos se suman al primer procedimiento del 14 de septiembre pasado, cuando Gavier les cayó encima a jefes penitenciarios, reclusos de esa prisión y particulares que presuntamente colaboraban extramuros con las estafas. En esa primera acción, se puso en evidencia la supuesta “colaboración” del policía comisionado Mauricio Marcos Agüero (39), quien habría avisado a los habitantes de la cárcel de Villa María, lo que se venía gestando en la investigación, de acuerdo con Gavier.
Ahora, se lanzó este desprendimiento de ese tramo de la pesquisa, la de “los delatores”, y se detuvo al sargento ayudante de policía Mauricio Martín (42), quien se desempeñaba en el departamento Investigaciones de Bell Ville.
Lo mismo se concretó con un amigo de los acusados de la banda de estafadores, Mauricio Eduardo Fernández (40), quien ahora cayó detenido presuntamente por darles aviso de todo lo que se enteraba respecto de la investigación policial.
Desde Tribunales indican que Agüero, Martín y Fernández están acusados de “revelar información secreta y confidencial a los delincuentes”, de quienes eran amigos y sabían en qué “negocios” estaban metidos.
En los procedimientos se secuestraron numerosos elementos que contribuyen como prueba en la tramitación de la causa.
A los recientemente detenidos se los sindica como miembros de la “asociación ilícita” y también se les adjudica el delito de “encubrimiento”.
El primer golpe
En esta causa, Gavier allanó el 14 de septiembre el Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María, oportunidad en la que detuvo a los tres principales jefes: el director del presidio, Andrés Américo Aciar; el subjefe de operaciones de ese penal, Edgar Ezequiel Arroyo, y el jefe de seguridad, Néstor Gómez.
Además, en aquella operación policial-judicial también fueron detenidos 20 acusados de ser parte de la banda, entre seis presos –integrantes del “call center tumbero”– y 11 “particulares” que actuaban desde afuera para consumar las estafas telefónicas. Además, cayó el policía Agüero. Ahora, se les sumó el sargento Martín y Fernández, presuntamente amigo de los presos.
Los seis reclusos que fueron sorprendidos como supuestos explotadores de la “pyme” carcelaria y quedaron detenidos son Sebastián Ezequiel “Pitu” Moyano (36), Carlos Daniel “Cocoliso” Oroda (25), Braian Silva (23), Cristian José Vera (36), Javier Ignacio Peralta (22) y Daniel Santucho (33). Están acusados de haber ejecutado ingeniosas maniobras de estafa para perjudicar a decenas de personas vulnerables, en su mayoría adultos mayores.
Entre los “externos” que fueron detenidos en la vía pública por supuestas relaciones con los presuntos estafadores de la cárcel, están Jonathan Tardable (26), Iván Fernando Cittadini (39), Ulises Moyano (19), Pamela Rosales (33), Sofía de los Milagros Abbas (23), Omar Jesús Urcia (69), Mariana Soledad Pombo (20), Franco Vázquez (26), Agustín Valdez (18), Joel Elías Vázquez (20) y Laura Moreno (31), esta última con detención domiciliaria.
Negocios permitidos
Antes de los allanamientos, se hizo viral una serie de videos en los que se apreciaba a los detenidos de Villa María manejándose con total discrecionalidad en torno a las actividades del call center desde donde se concretaban las estafas telefónicas.
Allí se puso en evidencia la comodidad que tenían los internos en sus celdas para moverse con celulares y notebooks, instrumentos esenciales para cometer los delitos de defraudación a particulares.
Por otra parte, debe recordarse que, en el otro “capítulo” de investigación de Gavier sobre irregularidades en la cárcel de Bouwer –que se extiende también a la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) y al penal de Cruz del Eje–, está detenido quien era subjefe del primer presidio, el subprefecto Sergio Alejandro Guzmán, dos particulares y tres abogados penalistas. Los primeros procedimientos se lanzaron el 6 de septiembre, pero luego hubo más detenciones, la última la del exjefe de Seguridad Penitenciaria.
La sospecha sobre los jefes penitenciarios en estas causas es, por un lado, por la permisividad que tienen con los reclusos para que hagan estafas permitiéndoles el ingreso de celulares previo pago de “peaje”; y, por el otro, por cobrar favores a los internos o a sus familiares para que quienes están tras las rejas “progresen” en su tratamiento penitenciario o tengan mejores condiciones de encierro. Todo, por cierto, a cambio de dinero.
