Se conoció este lunes que el Juzgado Civil y Comercial N° 9 de la ciudad de San Isidro (provincia de Buenos Aires) se declaró incompetente para tramitar el pedido de concurso preventivo de acreedores que solicitó la fintech Wenance SA.
La jueza Gabriela A. Paladín, a través del auto interlocutorio de este lunes, respondió con una declaración de incompetencia a la solicitud que había presentado el lunes anterior el CEO de la firma, Alejandro Muszak.
Entre los puntos de esta resolución, Paladín rechaza “la competencia para entender en las presentes actuaciones” por entender que ese juzgado con sede en San Isidro no puede entender en ese pedido porque, según la documentación aportada por Wenance ante diversos entes, su domicilio estaría en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), en Vuelta de Obligado 1947, y no en la localidad bonaerense de Vicente López, como informaron al formular la presentación.
Posteriormente, al realizar un análisis de los hechos y por las operaciones que realiza Wenance, entiende la jueza que Wenance debe ser calificada como una entidad financiera y no como una sociedad comercial. A partir de esto, se indica que está sujeta a la ley de Entidades Financieras y que la competencia para resolver esas cuestiones es de la Justicia federal.
Por esto, por territorialidad y por jurisdicción, la jueza Paladín se declaró incompetente para tratar el pedido de Wenance de convocatoria de acreedores.
De esta forma, si bien la resolución no se encuentra firme, puede deducirse que hasta hoy Wenance no está “concursada”. En las últimas jornadas, se presentó la posibilidad de que la situación se encauzara ante el reconocimiento de Promotora Fiduciaria SA (que administra los fideicomisos de los accionista) de que asistiría al concurso para verificar sus créditos y que restablecerá el cobro de los créditos con los que se nutre a esos fondos de inversión.
De acuerdo al criterio de la jueza de San Isidro, Wenance debería presentar su solicitud ante la Justicia federal y en la Caba.
En el país hay varios juzgados que analizan diversas denuncias por estafas, presentadas por inversionistas que reclaman el pago de sus rendimientos caídos desde julio y la restitución de su capital.
En Córdoba, entre 500 y 700 inversores serían los damnificados. Ya hay numerosas denuncias por supuestas estafas que acumuló el fiscal de Distrito 1, Turno 4, Rubén Caro. Las presentaciones han sido formuladas en su mayoría por el abogado penalista Carlos Nayi y por el comercialista Justiniano Martínez Yadarola.
