La “producción” de estafas inmobiliarias en la ciudad de Córdoba parece transcurrir una interminable seguidilla, desde hace años. Pocos días atrás, la fiscal de Delitos Complejos del 2° Turno, Valeria Rissi, ordenó la detención de tres miembros de una familia titulares de una empresa desarrollista que acumula al menos 14 denuncias de defraudaciones.
El presunto fraude habría sido ocasionado por la empresa Crea Grupo Constructor SAS -y presuntamente otras razones sociales-, una firma de desarrollos inmobiliarios con sede en la capital provincial que viene acumulando denuncias por la falta de entrega de viviendas.
Ante estas presentaciones de particulares, la fiscal Rissi ordenó la detención de los titulares de la firma, miembros del mismo grupo familiar: Miguel Ángel Tallone y sus hijos Franco y Romina.
Fue llamativo, según los primeros datos que trascienden, que la empresa fue cambiando de sede hasta no tener una oficina conocida por los clientes que querían sostener sus reclamos. La firma comenzó en 2019 con un coqueto local en el centro comercial ubicado al final de calle Lamarca, al 4135 (barrio Urca), para luego mudarse en 2022 a una oficina menos visible en barrio Alejandro Centeno, en Benigno Ocampo 2158. Los clientes le perdieron el rastro en diciembre de 2023, cuando las quejas eran reiteradas y los reclamos dejaron de ser atendidos, según refieren los testigos y los propios denunciantes.
Operatoria engañosa
La oferta era de viviendas con el sistema constructivo Emmedue, que prioriza el ensamblaje rápido de paneles de aislamiento termoacústico.
Por otra parte, de acuerdo a datos de quienes iniciaron la investigación, el marketing aplicaba un sistema de ventas “tentador”, con páginas web y profusa actividad en redes sociales.
“Cumplí el sueño de tu casa propia; con nuestro sistema de libre aporte vos elegís cómo pagar. Accedé a tu vivienda de la manera más conveniente con Crea“, era uno de los mensajes publicitarios que se ofrecían a través de redes sociales y que generó numerosas ventas.
De acuerdo a fuentes judiciales, las ventas se habrían producido con entregas y pagos por etapas, sin que se hayan cumplido los avances de obra ni la entrega de las viviendas. En algunas ocasiones, según estas fuentes, se habría recibido dinero de créditos hipotecarios (Crear) por aproximadamente el 40 por ciento del valor total de la construcción. En varios casos, los particulares aportaron terrenos que ya habían adquirido.
Luego, los incumplimientos dejaron de ser creíbles para quienes optaron por formular la denuncia. Algunos fueron primero a Defensa del Consumidor de la Provincia, otros lo hicieron directamente en la Justicia. Para la fiscal Rissi, los hechos pasaron a ser considerados como presuntas estafas.
En la causa actúan como querellantes al menos dos abogados, Carlos Nayi (con la mayoría de los denunciantes) y Mario Ponce.
De acuerdo a las primeras actuaciones, los fraudes inmobiliarios se habrían gestado entre 2021 y 2023, y las denuncias se recibieron desde el año pasado.
El incumplimiento fue el factor común, según los datos recibidos en la causa y la prueba que se está manejando. Fuentes judiciales indicaron que la investigación aún es muy incipiente, pero todavía no pueden ubicar al menos una vivienda que este grupo constructor haya terminado. Sólo refieren un caso de uno de los denunciantes, que finalizó la construcción pero con aportes personales.
Como de manual
La mecánica del presunto engaño se asemeja a muchas otras empresas fraudulentas: recepción de dinero con diversas promesas de plazos de entrega; dilaciones en los cumplimientos; algunas obras “sobre platea”; aparición de excusas; exigencias inusuales para justificar los retrasos y, finalmente, la evasión. Esto último habría operado a fines de 2023, cuando no fue posible encontrar sede de la firma.
Según refieren quienes denuncian, también como suele suceder en estos casos que se vienen conociendo en los últimos años, los clientes que reclamaron la disolución del contrato vieron que esa intención era una misión imposible.
Otras prácticas que recuerdan a tantas otras causas que inclusive ya llegaron a juicio y condena es el destrato a los clientes. Muchos refieren que sentían que los empresarios buscaban desgastarlos. Otros, ante el temor de que un incumplimiento les quitara posición de reclamo, siguieron pagando a pesar de la parálisis de las obras.
La marcha de la causa
La imputación que aplicó la fiscal Rissi a los tres detenidos al momento de la privación de la libertad fue de “estafas reiteradas”, por 12 hechos. Con el correr de los días, se amplió esa acusación a 14 presuntas defraudaciones y en la última semana habrían entrado algunas otras que podrían ampliar la cifra de supuestos damnificados.
Además, es motivo de análisis para los próximos actos procesales si corresponde ampliar esa acusación a la figura penal de asociación ilícita para cada uno de los integrantes del grupo familiar.
La detención de los tres integrantes de este grupo familiar se produjo el pasado martes 3 de septiembre.
Mientras sigue recibiendo prueba y tomando testimonios, Rissi prevé tomar declaración indagatoria a los tres acusados la semana entrante, según indicaron algunos voceros de Tribunales 2.
En principio, los acusados estaban asesorados por un abogado que en los últimos días abandonó la defensa. No fue posible precisar este viernes quien está ahora a cargo de la tutela de los tres imputados.
