Los pasillos de Tribunales 2 de la ciudad de Córdoba suelen esconder secretos que algunos funcionarios insisten para que salgan a la luz. Uno de ellos es el fiscal de Distrito 4 Turno 3, Juan Pablo Klinger, quien se ocupó de investigar un hecho en el cual estaba involucrado un abogado que había sido inhabilitado en una condena de 2020, por 54 estafas que habían cometido integrantes de la organización conocida popularmente como “La Trenza” de los remates judiciales.
El perjuicio ocasionado a las víctimas, a mediados de la década pasada, superaba los 3,5 millones de pesos de entonces.
En aquella oportunidad, recibieron penas de la Cámara 1ª del Crimen el abogado Esteban Raúl Vega (53) –a tres años y siete meses de prisión y multa de 45 mil pesos– y su colega Patricia Ibáñez –a tres años y 10 meses de encierro y multa de 90 mil pesos–, como integrantes de la agrupación delictiva que simulaba tener influencias en estructuras de la Justicia para disponer de bienes inmuebles antes de que estos fueran subastados.
Un grupo mayoritario de “La Trenza” fue el más conocido por “copar” las subastas de Tribunales para presionar en los remates y conseguir hacerse de los bienes a precios irrisorios.
En este caso, la instrucción realizada por el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier destacaba que Vega se desempeñaba como martillero o abogado de “La Trenza” (o “La Liga” o “La Fiscalía”) y usaba su estudio jurídico para recibir a las víctimas.
Lo mismo ocurría con Ibáñez. Ambos hacían creer a sus clientes que podían disponer de los bienes antes del remate, en ocasiones lograban exhibirlos y finalmente cobraban por su “venta”.
Esa condena impuesta por unanimidad también imponía a estos abogados las inhabilitaciones para ejercer la profesión: Vega fue suspendido en su matrícula por dos años, e Ibáñez, por tres.
La sentencia fue casada y recibió la confirmación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En el caso de Vega, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en diciembre pasado terminó confirmando la condena en todos sus términos.
Pero a Vega ya lo esperaba una nueva condena, que se concretó con el reinicio de la actividad judicial en 2025.
Ejerciendo y encubriendo
Ya con el doble conforme condenatorio dictado por el TSJ, y con sentencia en condición de ejecutarse, Vega habría continuado ejerciendo la profesión en “el período de tiempo ubicable entre el 7 de septiembre de 2023 y el 2 de septiembre de 2024″, según se ocupó de investigar el nuevo instructor Klinger, quien retomó la investigación contra el abogado.
Este fiscal tipificó el primer hecho de su acusación y señaló que en ese período Vega “ejerció actos propios de la profesión de abogado” y asesoró técnicamente a varios clientes que menciona con sus nombres, de acuerdo al fiscal.
También indicó Klinger que el acusado utilizó –según consta en el expediente– la firma de su colega Lucas Enzo Ontivero (33) para presentar escritos y cumplir con otros actos, ya que tenía suspendida su matrícula.
Klinger sostuvo que Vega usó la “necesaria colaboración” de la firma del colega para la “confección de escritos técnicos, dirección letrada para la defensa de imputados por delitos penales, dirección técnica para el ejercicio de acciones en juicios laborales, y el correspondiente cobro de honorarios por las tareas desarrolladas, vulnerando la orden judicial de inhabilitación para ejercer como abogado que pesaba en su contra en razón de lo dispuesto judicialmente” por la condena de la Cámara 1ª del 24 de septiembre de 2020, según el fiscal.
Todo se descubrió porque Vega estaba siendo imputado por encubrimiento, al descubrirse que presuntamente utilizaba un automóvil que tenía pedido de secuestro por haber sido robado en la vía pública en marzo del año pasado. El Volkswagen Polo Trendline (modelo 2020) fue “levantado” en barrio Alto Verde (al noroeste de la capital cordobesa) el 15 de marzo de 2024, por otra persona que no era Vega.
La investigación
En realidad, la tarea de Klinger se inició a partir de la detención de Vega por tener estacionado el Polo en el centro de la ciudad.
El abogado estaba en un bar de avenida Vélez Sársfield y la Policía realizó un control sobre el vehículo sospechoso. Vega salió y trató de explicar indicando que, en realidad, era de una persona privada de la libertad, según la causa.
Cuando Klinger indagó al detenido Vega, este declaró con Ontivero como abogado defensor. El imputado negó los hechos y respondió preguntas, tratando de indicar que el vehículo era de un detenido en Bouwer que era asesorado por el estudio jurídico de Ontivero, el mismo que lo estaba defendiendo en ese acto, según la causa.
Pero el fiscal no se quedó en la rutina e, insistidor, quiso ir “más allá”.
Al dudar sobre estos dichos, Klinger citó a los que supuestamente habían sido asesorados por el estudio jurídico y comprobó que el letrado que los había patrocinado no era otro que Vega. Por eso, descubrió que el miembro de “La Trenza” había quebrantado su inhabilitación profesional y que no estaba cumpliendo con esa parte de la sentencia, según la causa.
Por su parte, Ontivero quedó imputado como partícipe de este tramo de la acusación.
Prisión efectiva
Por todo esto, Klinger llevó a Vega a juicio abreviado inicial ante el juez de Control y Faltas N° 3 Agustín Cafferata, por ambos hechos de la acusación.
El magistrado aprobó el acuerdo, escuchó al acusado, que confesó los hechos y mostró su arrepentimiento, y condenó al abogado Vega por los delitos de “quebrantamiento de inhabilitación” profesional y ”encubrimiento atenuado”, en concurso material.
Por esto, el juez Cafferata le impuso una nueva condena de tres meses y 15 días de cumplimiento efectivo.
En tanto, el abogado Ontivero no aceptó al acuerdo con el fiscal y continúa como acusado por el quebrantamiento de la inhabilitación de Vega, con la firme posibilidad de ser juzgado en un debate abierto.
