Un nuevo capítulo se sumó al escándalo que sacude a la Policía de Córdoba por las presuntas fotos y grabaciones clandestinas en un baño del subsuelo de la Jefatura. En las últimas horas, una médica oficial principal con más de 15 años de servicio en el área de Medicina Laboral radicó una denuncia penal por abuso sexual gravemente ultrajante.
Su presentación fue contra un cabo de la fuerza, acusado de haber tomado fotos y videos sin consentimiento de sus compañeras mientras utilizaban los sanitarios de la Central de la Policía, en avenida Colón al 1250 en la Capital.
Todo se descubrió en julio pasado, cuando una agente denunció haber visto una mano con un celular por un hueco en el baño de esa dependencia.
Desde entonces, el caso se encuentra bajo investigación y ya acumula dos denuncias penales y al menos tres presentaciones internas y ante la Unidad Judicial del Polo de la Mujer.
La médica sostuvo que tiene motivos para creer que podría haber sido víctima de este presunto delito, ya que trabajaba en el mismo sector y durante el período en que el acusado habría ejecutado sus maniobras.
A pesar de la gravedad de los hechos y de las pruebas, el cabo señalado continúa en libertad y sin imputación formal, aunque permanece separado de toda función operativa.
El fiscal de Cibercrimen de Córdoba, Franco Pilnik, concentra las investigaciones y reúne pruebas para determinar si existe responsabilidad penal.
La nueva denuncia por fotos y videos en la Jefatura de Policía
La médica denunciante, patrocinada por el abogado Carlos Nayi, declaró sentirse profundamente afectada desde el punto de vista psicológico.
“Siento un temor que no me permite conciliar el sueño. Al igual que a otras compañeras, no sabemos cuál podría haber sido el destino final del contenido producto de esta grave violación de la intimidad”, expresó.
Su mayor miedo, según explicó, radica en la posibilidad de que las imágenes y los videos que pudiera haber obtenido el acusado se viralicen a través de redes sociales o entre los propios integrantes de la fuerza, lo que implicaría una revictimización y una exposición irreparable.
El abogado sostuvo que las afectadas esperan ser convocadas por la fiscalía en los próximos días. “Piden que se les exhiba el material secuestrado para poder determinar fehacientemente si aparecen en las imágenes tomadas en el baño del subsuelo de la Jefatura”, detalló.
En cuanto a la labor judicial, Nayi reconoció que “se está trabajando duro y fuerte”, pero pidió que el Ministerio Público Fiscal avance con rapidez.
“La acción del cabo señalado no puede ser minimizada ni tratada como una falta administrativa. Se trata de un delito de abuso sexual gravemente ultrajante y de violación de domicilio, además de las lesiones psíquicas que genera el shock postraumático de haber sido sorprendidas en un ámbito de absoluta privacidad”, subrayó.
Contravención o delito: la discusión por las fotos y los videos en la Jefatura
La principal controversia legal del caso gira en torno a la calificación jurídica.
Hasta ahora, el expediente fue tramitado como una contravención, figura que contempla sanciones menores, pero tanto las denunciantes como su representante (ambas bajo la representación de Nayi) sostienen que debe ser considerado un delito contra la integridad sexual y la privacidad.
De acuerdo con la doctrina penal y con precedentes del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), no se requiere contacto físico para configurar un abuso sexual gravemente ultrajante.
En estos casos, según el TSJ, basta que exista una acción con connotación sexual que vulnere la intimidad de la víctima mediante medios tecnológicos o telemáticos.
“La contravención es una falta menor; lo que ocurrió en la Jefatura es un delito que atenta contra la dignidad y los derechos de las mujeres dentro de la propia institución policial”, enfatizó Nayi.
Mientras tanto, fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron que el acusado fue puesto en situación pasiva y que su exoneración apareció como una medida inminente desde el minuto cero.
El caso generó una fuerte conmoción dentro de la Policía de Córdoba, especialmente entre las mujeres uniformadas, que reclaman justicia y medidas concretas para garantizar un entorno laboral seguro.
“Esto no puede quedar en una sanción. Las víctimas necesitan que se reconozca el daño sufrido y que los responsables paguen con todo el peso de la ley”, expresó una de las afectadas.
