La Cámara de Acusación confirmó la semana que pasó la competencia del Juzgado de Control y Faltas N° 3 para investigar al fiscal Raúl Ramírez, imputado por el presunto delito de encubrimiento tras el faltante de drogas decomisadas por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en Cruz del Eje.
El tribunal rechazó los recursos presentados por la defensa, que cuestionaba la jurisdicción del juez Agustín Cafferata, y destacó la necesidad de preservar la “imparcialidad y objetividad” en una causa que sacude al Poder Judicial.
El fallo, firmado por los vocales Patricia Farías, Maximiliano Davies y Carlos Salazar, respaldó la decisión del juez de primera instancia y del fiscal Juan Pablo Klinger, quien lleva adelante una compleja investigación por supuesta asociación ilícita en filas de la FPA que funcionaba en el norte de la provincia de Córdoba.
Ramírez –fiscal de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico en Cruz del Eje, Carlos Paz y Cosquín– está acusado de omitir denunciar la sustracción de 357 gramos de cocaína y 158 de marihuana, que habrían sido usados por policías para pagar a informantes, cosa que es investigada en una causa paralela bajo la figura de “asociación ilícita” y que ya tiene a siete efectivos y tres civiles imputados.
La nueva resolución de 19 páginas desestimó los planteos de los defensores Gustavo Núñez (abogado de Ramírez) y Nicolás Cerrito (representante del secretario judicial Patricio Bazán, también imputado).
Ambos alegaban que el juez Cafferata carecía de competencia territorial, ya que los hechos ocurrieron en Cruz del Eje, a 140 kilómetros de la ciudad de Córdoba.
Sin embargo, la Cámara consideró que el desplazamiento de la causa a la Capital no viola la garantía del “juez natural”, sino que busca “economía procesal” y evita conflictos de interés, dado que los sospechosos son funcionarios judiciales de Cruz del Eje.
En sus argumentos, los vocales advierten que se debe tener en cuenta la “gravedad y complejidad del contexto institucional”.
“Se encuentran involucrados, en calidad de sospechosos, funcionarios adscritos al Poder Judicial de la provincia con sede en la ciudad de Cruz del Eje, en el marco del ejercicio de sus respectivas funciones. En consecuencia, a fin de garantizar los principios de imparcialidad y objetividad que deben regir el desarrollo de la presente investigación, la intervención del Juzgado de Control y Faltas n° 3 resulta adecuada”, expuso el Tribunal.
El texto también hace hincapié en la teoría de la “ubicuidad” –que permite juzgar delitos complejos en múltiples jurisdicciones– y en el Acuerdo del Tribunal Superior, que asigna al Juzgado N° 3 las causas del Distrito IV de la Fiscalía.
La compleja trama delictiva
La investigación comenzó en febrero de 2024, cuando el entonces jefe de la FPA, Adrián Salcedo, denunció el faltante de droga en la fiscalía de Cruz del Eje.
Las pesquisas revelaron que policías de la FPA –entre ellos el jefe de brigada Mauricio Oyola– habrían integrado una red que usaba estupefacientes incautados para pagar a “dateros”.
Según desarrolló Klinger en una investigación que instruye en paralelo, los miembros de la FPA de Cruz del Eje y Dean Funes habrían destinado al menos una parte de los dos importantes cargamentos de droga decomisados para “generar operativos positivos”.
Dicho de otro modo, los uniformados, que tenían acceso al salón donde permanecía (de manera irregular) la droga secuestrada, fraccionaban el producto y entregaban a “dateros”. De esta manera, les “pagaban” para obtener una dirección de un punto de venta.
Los operativos, según consta en la investigación, siempre fueron de poca monta. Luego de entregar cocaína o marihuana, la Policía recibía una indicación que les permitía organizar una redada exitosa, donde por lo general se hallaba poca cantidad de narcóticos.
En ese marco, el fiscal Ramírez y su secretario Bazán están acusados de no actuar ante las sustracciones, pese a su obligación funcional.
Según la fiscalía, los chats intervenidos muestran que, al menos, conocían y minimizaron el hecho e intentaron soslayarlo.
Oyola, en tanto, enfrenta cargos por negligencia en la custodia de la evidencia. Él tenía bajo sus funciones la obligación de cumplir con un protocolo de protección del material decomisado.
Sin embargo, y siempre según la investigación, la droga estaba en un salón al que cualquier persona tenía acceso.
Por estos hechos hay 10 personas detenidas hasta el momento, incluidos siete policías y tres civiles. Uno de ellos, Raúl Moreno, se declaró “arrepentido” y admitió que entregaba “porros” a cambio de información.
Con el rechazo de la Cámara, la causa seguirá en manos del fiscal Klinger.
Ramírez permanece en libertad, pero su situación procesal se agrava: si la investigación avanza, podría ser sometido a un juicio.
La defensa aún puede apelar la acusación del fiscal ante el Tribunal Superior, aunque los fundamentos de la investigación cierran varias puertas, según sostienen fuentes con acceso a la causa.
El fallo y las defensas
Volviendo al fallo de la Cámara de Acusación, la decisión se basó en tres ejes principales.
En primer lugar, los vocales hicieron referencia a la imparcialidad y la objetividad. La Cámara destacó que, al tratarse de funcionarios judiciales de Cruz del Eje, era necesario evitar cualquier tipo de interacción con personal vinculado a esa repartición.
En cuanto a la ubicuidad, el tribunal aplicó este principio, que permite juzgar delitos complejos en múltiples jurisdicciones, argumentando que los hechos investigados no se limitan a un solo territorio.
La sustracción de drogas y la posterior omisión de denuncia generaron efectos en distintas esferas, lo que justifica la intervención de un juez fuera de Cruz del Eje.
Finalmente, la Cámara respaldó la decisión del fiscal general de la Provincia, Juan Manuel Delgado, quien asignó la investigación a una fiscalía de Córdoba por razones de eficiencia.
El fallo señaló que esta redistribución no constituye una violación al juez natural, ya que no hubo arbitrariedad en la designación.
