El juez federal número 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, respondió positivamente al requerimiento de elevación a juicio que le había hecho el fiscal Maximiliano Hairabedian en la causa por la supuesta venta de exámenes de Microbiología en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
La citación a juicio es para el profesor titular de la cátedra Luis Augusto Olmedo, imputado de “extorsión continuada” a alumnas y alumnos, y la exdecana de la facultad Mirta Mónica Spadiliero de Lutri, en su caso por “incumplimiento de los deberes de funcionaria pública” al no haber respondido a las denuncias de las irregularidades que se remontarían a más de 25 años en esa casa de altos estudios.
A su vez, también fueron enviados a juicio quienes se encargaron sucesivamente de la academia paralela que Olmedo habría montado para que los alumnos concurrieran y pagaran a fin de aprobar el examen de la materia. Ellos son Augusto Massimino y Adrián Oscar Casalis, quienes soportan la misma acusación de Olmedo.
Más allá del pedido de Hairabedian, Bustos Fierro recibió recientemente el aval de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que confirmó el procesamiento que el juez instructor había dictado en abril para los cuatro acusados.
Spadiliero de Lutri dejó el mes pasado su cargo de decana en la Facultad de Odontología y siguió todo el proceso sin haber sido privada de su libertad.
Pero los otros tres acusados fueron detenidos y luego beneficiados con la prisión domiciliaria. No obstante, hace unos meses Massimino fue sorprendido en Mina Clavero cuando estaba fuera de su hogar, donde tenía fijado el domicilio para cumplir con el arresto preventivo. Cuando una comisión que tutela el cumplimiento del beneficio se presentó, les comunicaron que Massimino estaba en la casa de un familiar.
Por esto, Massimino sufrió la revocación de la domiciliaria y recientemente su defensa ha tramitado un pedido de restitución de ese beneficio, argumentando que había tenido problemas de convivencia en su casa. Sobre esta petición, el fiscal Hairabedian dio su opinión para que no se le otorgue la domiciliaria y siga detenido en la cárcel hasta el juicio.
Pagar para aprobar
Las actuaciones del fiscal Hairabedian establecieron que aquellos que no abonaban, en su gran mayoría eran “bochados” sistemáticamente, conociéndose denuncias de algunos que fueron reprobados hasta siete veces y otros que decidieron abandonar la carrera por la cantidad de aplazos y por negarse a aceptar el pago.
El fiscal Hairabedian inició a mediados de 2020 su actuación de oficio, que vino a poner fin a más de 20 años de rumores, quejas, presentaciones y denuncias en el ámbito académico sin que se pusiera freno a la situación.
A comienzos de septiembre de ese año se conoció que el instructor tomaba declaración a alumnos que ratificaron de manera coincidente el accionar de Olmedo y sus dos “instructores” de la “academia”. El 23 de ese mes, el profesor y los otros dos señalados fueron detenidos.
Más tarde se avanzó sobre la decana, al acusarla Hairabedian de no haber actuado pese al conocimiento que tenía de las irregularidades de Olmedo, según le adjudica la acusación.
En abril de este año, Bustos Fierro dictó el procesamiento de los cuatro acusados, lo que generó las apelaciones de los abogados de Olmedo y de Spadiliero de Lutri. También lo hizo Casalis, pero la defensora pública desistió el recurso.
Ahora, los defensores de los acusados todavía están en posición de apelar la elevación a juicio.
Investigan lavado
De manera paralela, Hairabedian continúa con otro tramo de investigación por supuesto lavado de activos tendiente a determinar si el dinero de la academia fue a parar a propiedades de los imputados.
Satisfecho con el aval de la Cámara Federal, el fiscal señaló que está avanzada esta pesquisa, con la participación de técnicos y la colaboración de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
