De manera simultánea, los visitantes llegaron y golpearon las puertas de las residencias. Dentro de las viviendas nadie entendía nada. Sobre todo, porque los guardias de los complejos privados allanados en la ciudad de Córdoba habían sido alertados para que no dieran aviso de nada. Los visitantes eran policías de civil que habían llegado con órdenes de allanamiento de la Justicia y nada podía salir mal.
Las puertas de las viviendas fueron abiertas y, en pocos instantes, los policías allanaron, controlaron la situación y detuvieron a los sospechosos.
Cinco hombres permanecen detenidos acusados de haber cometido una estafa millonaria.
Según la Justicia, los sospechosos manejaban presuntamente una maquinaria de engaño a nivel nacional. Prometían casas que nunca construyeron y habrían estafado a decenas de familias en todo el país, según la Justicia.
El fiscal Juan Pablo Klinger instruyó a la división Delitos Económicos de la Policía para que, en un operativo conjunto, arrestara a los cinco sospechosos de haber montado la maniobra.
Se trata de: Sebastián Laforte, Alan Emmanuel Cano, Jorge Alejandro Flores, César Ezequiel Juárez y Matías David Pérez.
Todos están acusados de formar parte de una presunta asociación ilícita que habría estafado a decenas de víctimas en todo el país, según se desprende de la causa.
Fueron imputados por asociación ilícita, en grado de supuesto jefe para Laforte y presuntos miembros para Cano, Flores, Juárez y Pérez. Podría haber más implicados y, por ende, más imputaciones.
Los allanamientos, llevados a cabo en residencias de los complejos Causana y Tejas del Sur III, así como en las oficinas y depósitos de la presunta organización, forman parte de una investigación que comenzó en julio de 2023, pero que ya había generado sospechas (y denuncias) desde mediados de 2022.
Los sospechosos, aseguraron fuentes de la causa, operaban bajo varias fachadas comerciales, adaptándose rápidamente para llevar a cabo su presunto propósito delictivo.
Habrían comenzado con una empresa cuyo nombre fue Next House. Luego pasó a llamarse Forte Desarrollista, y finalmente adoptó el nombre de Innova Desarrollista, según surge de la causa de Klinger.
Todas estas entidades aparentemente legítimas se habrían dedicado, según se investiga, a la construcción de viviendas con los sistemas “llave en mano”.
Según la investigación, ofertaban la construcción mediante técnicas como “Steel Frame” (construcción en seco con estructura de acero) y “Wood Frame” (con madera estructural en reemplazo del acero).
Sus precios eran muy tentadores y los plazos significativamente más rápidos que el resto del mercado. Sin embargo, detrás de esa fachada se ocultaba –según investiga la Justicia– una potencial red de engaños sistemáticos.
Los acusados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero en la fiscalía, según fuentes de la causa, se apilan pruebas que describen una agresiva campaña publicitaria en redes sociales, particularmente en Instagram y Facebook, acompañada de un sitio web donde mostraban fotos de las viviendas que ofrecían.
Su estrategia de marketing apuntaba a captar la atención de personas de distintas provincias como Córdoba, Salta, Buenos Aires, Neuquén, La Pampa y Santa Fe, quienes, al contactar con la empresa, eran sometidas –según fuentes de la investigación– a una presión constante por parte de los vendedores.
Allí les ofrecían, de acuerdo a lo informado por los pesquisas, financiaciones atractivas, plazos breves y, para darles una falsa sensación de seguridad, les aseguraban que el pago final se haría contra entrega.
El engaño perfecto
Sin embargo, la realidad era diametralmente opuesta, de acuerdo a lo revelado por fuentes de la investigación.
A las víctimas se les exigía adelantar hasta el 80 por ciento del valor total de la obra antes de iniciar cualquier construcción, y, en muchos casos, las viviendas nunca fueron levantadas, según los resultados parciales de la causa.
Aquellos pocos desafortunados que vieron alguna obra iniciada se encontraron con proyectos de pésima calidad, de acuerdo a las fuentes de la pesquisa, con viviendas repletas de fisuras estructurales, desniveles y materiales de baja calidad, completamente distintos a los que se habían acordado.
Incluso algunas casas quedaron a medio construir y las víctimas tuvieron que pagar sumas adicionales si querían que el trabajo se completara, de acuerdo a lo que surge del expediente.
Cuando las víctimas comenzaban a reclamar, los acusados habrían ofrecido excusas creativas: desde problemas con los proveedores, hasta inclemencias climáticas o la situación económica del país.
Las quejas derivaban en una nueva estrategia extorsiva, tal como la definieron en los pasillos de Tribunales: obligar a los compradores a firmar adendas para actualizar los costos a valores desorbitantes, o enfrentar la pérdida total de su dinero.
Este esquema de presión y manipulación, según entienden en la fiscalía, permitió a los presuntos estafadores exprimir aún más a sus víctimas, muchas de las cuales quedaron atrapadas en un callejón sin salida, enfrentándose a un perjuicio económico irreversible.
Los roles dentro de la presunta organización
Cada uno de los detenidos cumplía un rol estratégico en la organización, según se desprende de la causa.
Sebastián Laforte, identificado como el líder, supuestamente habría tomado las decisiones más importantes: fijaba precios, estrategias de marketing, administraba el dinero y manejaba al personal.
Su mano derecha –siempre según la investigación– habría sido Alan Emmanuel Cano. Según el fiscal, ejecutaba las órdenes directas de Laforte y habría capacitado a los empleados y habría mantenido contacto directo con los clientes para presionarlos a firmar las adendas fraudulentas.
Flores, quien es cuñado de Laforte, se habría encargado de ser el prestanombre de la organización, de acuerdo a lo citado por fuentes de la investigación. A su nombre estaban registradas las líneas telefónicas y las cuentas bancarias utilizadas para recibir los pagos. Firmaba contratos y documentos legales en representación de la empresa.
Por último, Juárez y Pérez, ambos vendedores, eran cercanos a Laforte y se ocupaban de captar víctimas y gestionar la venta fraudulenta en distintas provincias, según afirman en Tribunales, y habrían viajado para concretar las transacciones en persona.
En la fiscalía hay una extensa nómina de damnificados. En la sede judicial nadie se atreve a dar por cerrada la pesquisa y temen que, con el avance de la causa, surjan más damnificados.
