Al menos nueve vehículos de alta gama fueron entregados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a la Legislatura provincial, uno de ellos el BMW X1 que tenía asignado el presidente provisorio del cuerpo, Oscar González, según información oficial de la Legislatura. González, quien gestionaba estos vehículos, se había autoasignado, además del BMW, una camioneta VW Amarok, otra camioneta Land Rover y un Audi.
El BMW, que fue protagonista del siniestro vial en las Altas Cumbres, fue recibido en 2019 en la Legislatura.
Según confiaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el auto fue entregado a la Legislatura en 2019 en calidad de “depositario judicial”, en el marco de las atribuciones de la ley 8.550. Actualmente, se encuentran a disposición del TSJ 3.442 vehículos, informaron desde la Justicia.
El propio González, como presidente provisorio de la Legislatura, es quien solicitaba periódicamente al TSJ que se deriven vehículos. Y él los asignaba a otros legisladores.
Uno por uno
El 1° de octubre de 2019 el TSJ le entregó al Poder Legislativo el BMW, modelo X1, dominio colocado AB292MY, que conducía González en el momento del siniestro en Altas Cumbres.
Además, la Unicameral recibió, siempre por gestión del presidente provisorio Oscar González, otros ocho vehículos de alto valor:
- Volkswagen Amarok. Entregada el 17 de abril de 2017. Dominio AA260UF (PCG120). Reservada para su uso por el propio Oscar González.
- Toyota SW4 SRV. Entregada el 26 de diciembre de 2016. Dominio NNG 378. Entregado al legislador Dardo Iturria (Hacemos por Córdoba).
- Land Rover. Entregada el 12 de septiembre de 2018. Reservada para su uso por el propio González.
- Citroen C4. Entregada el 3 de octubre 2019. Derivada para su uso al legislador Orlando Arduh (radicalismo).
- Jeep Renegade. Entregada el 23 de julio de 2021. Dominio AE 010 YW. Provista al legislador Miguel Majul (Hacemos por Córdoba).
- Audi A4. Entregada el 6 de abril de este año. Dominio: LTN 619. Asignada al legislador Dario Capitani (PRO).
- Nissan Sentra. Entregada el 13 de abril de 2021. Dominio NHO 639. Asignada al legislador Juan Jure (UCR).
- Audi A5. Entregado el 31 de mayo de 2022. Dominio: JJG 529. Autoasignado para su uso por Oscar González.
Responsabilidades de la Legislatura
Los vehículos que derivó el TSJ a la Legislatura fueron en calidad de “depositario judicial”. La ley 8.550 establece para el caso en el que superados los 30 días de su secuestro, no se pueden devolver los automotores a sus propietarios, estos “deberán ser puestos a disposición del Tribunal Superior de Justicia, quien podrá entregarlos en depósito al organismo pertinente para su exclusiva afectación a una función o servicios públicos específicos”.
Se desprende de la ley que no pueden ser usados estos vehículos como un auto particular, sino como una herramienta para el ejercicio de las funciones.
“El organismo que recibiere un automotor en depósito, asumirá las obligaciones inherentes a su guarda y conservación, debiendo contratar un seguro de responsabilidad civil”, agrega la ley.
Desde la Legislatura aseguraron que el vehículo siniestrado contaba con seguro vigente del resguardo automotor del Gobierno provincial.
Lo que se busca con la tenencia a un depositario judicial es que el vehículo no termine en Bouwer, donde si no es desguazado antes por los robos piraña de autopartes termina en compactación de chatarra.
Derivación federal
Hay un aspecto puntual que llama la atención en el caso del BMW que conducía González. Este vehículo, si bien fue entregado en 2019 por el TSJ, en diciembre de 2021 había sido reclamado por la Justicia federal de Villa María, que solicitó toda la causa, incluidos los bienes secuestrados.
La ley 8.550 dice expresamente que la cesión termina cuando la Justicia lo reclama. “La entrega en depósito se dejará sin efecto si correspondiere la devolución del automotor con arreglo al artículo 217 del Código Procesal Penal”, dice la norma. Por algún motivo, siguió en depósito judicial en la Legislatura provincial.
La acordada de la Corte Suprema de 2018 sobre la entrega en depósito judicial de autos secuestrados debe priorizar su uso para el propio Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. Y deja abierta la posibilidad de que sea “asignado provisoriamente en carácter de depositario judicial a entidades con fines de interés público, para el cumplimiento de sus objetivos específicos”.
