La jueza María Celeste Orta Córdoba hizo lugar a un habeas corpus colectivo a favor de 89 presos por las condiciones de hacinamiento en varios módulos del Complejo Carcelario 1, de Bouwer. La resolución es del 12 de febrero de este año, pero no se conoció hasta este viernes. Hay, además, otros habeas corpus colectivos que se están tramitando en otros juzgados, uno de ellos por la situación de dos presos que ofrecieron pagarse las tobilleras para ir a cumplir la detención en sus casas y otro por las condiciones de detención en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA).
El habeas corpus ordena asegurar “condiciones de habitabilidad” en los pabellones B2 y B4 del módulo MD1 de Bouwer, instruyendo que haya una superficie mínima de 3,4 metros cuadrados por interno y que no haya colchones en el piso, usando la fórmula “una cama elevada a 20 centímetros del suelo”. Condiciones “compatibles con la dignidad humana”, plantea la resolución judicial.
En el planteo los detenidos habían detallado que dormían hasta cinco personas en cada celda de 3 x 2 metros. El propio Servicio Penitenciario de Córdoba confirmó esto al contestar el pedido de información de la Justicia. Admitió que en esos pabellones hay 29 celdas ocupadas por tres a cinco personas cada una y que hay colchones en el piso. Sobre el pabellón B2 en particular contestó que hay 107 internos y la capacidad es de 66.
A su vez, indica el fallo que se debe incrementar la planta de médicos y psiquiatras hasta alcanzar una relación de 2,5 profesionales cada mil internos. En una respuesta al pedido judicial, se detalló que hay tres médicos (uno por turno) y dos enfermeros (24 horas) para el módulo, ocupado por más de 1.800 internos y solo dos psiquiatras para todo el complejo carcelario, que tiene una población que supera los ocho mil internos.
El problema de fondo es la saturación de la capacidad de alojamiento carcelario. La población total ya superó los 16 mil internos, con un desborde de entre tres mil y cuatro mil plazas.
La resolución de Orta Córdoba, además, emplaza al Poder Ejecutivo y al Servicio Penitenciario de Córdoba a que dé una fecha cierta de finalización de la construcción de la nueva cisterna para el complejo carcelario para que se garantice la provisión de agua potable y, mientras tanto, se incremente la contratación diaria de camiones que provean el servicio.
La jueza rechazó el planteo sobre el control de plagas, la atención psicológica y la alimentación, por entender que en estos aspectos no hay un “agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención”. Sin embargo, recomendó al SPC que se realicen fumigaciones con mayor frecuencia, se incremente el personal dedicado a la higiene y la limpieza, y se sumen psicólogos.
El habeas corpus colectivo se gestó en la misma cárcel. Fue redactado por internos del pabellón B-2 del módulo MD1 de Bouwer, con la representación frente al juzgado de los abogados Nelly Baigorria y Marcelo Goytea. En el planteo los internos habían solicitado que, en calidad de procesados, por estas malas condiciones de alojamiento cese la prisión preventiva o bien, con tobilleras, se les conceda el derecho a la prisión domiciliaria. La jueza Orta Córdoba no accedió a este punto, por considerar que no son materia de habeas corpus ni de un planteo colectivo, sino que cada una de las solicitudes debe ser analizada y resuelta por las fiscalías o tribunales naturales.
Desde el Ministerio de Justicia se consignó que se está trabajando en la solución de los problemas planteados, dentro de una batería de medidas para atender la contingencia y buscar respuestas “que no se pueden dar ni de un día para el otro, ni en un mes, ni en dos meses”.
La declaración de la emergencia penitenciaria es una de las medidas en estudio, entre muchas otras, como la agilización de la compra de tobilleras electrónicas y otras que no fueron detalladas.
La UCA y otros planteos
Hay otro planteo que debe ser resuelto por la Cámara de Acusación, iniciado por el abogado Esteban Yangüez Papagenadio, a favor de dos internos procesados, quienes por las malas condiciones de alojamiento solicitaron que se les otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria, con la particularidad de que ofrecieron costear ellos mismos las tobilleras electrónicas.
Y también se está tramitando la resolución de otro pedido colectivo por las condiciones de detención en la UCA. La situación en esta unidad que tiene como fin ser un lugar de tránsito, de pocas horas o apenas días para un detenido hasta que se define su situación, es crítica. Actualmente, tiene 1.357 personas alojadas, de las cuales 1.246 son hombres y 111 son mujeres. De este número, 642 son detenidos primarios, 191 son reincidentes, 40 son multirreincidentes, 477 son reiterantes y siete no fueron informados. Estos datos, provistos por fuentes del SPC, son el marco en el que se discutió la saturación del sistema en una audiencia preliminar convocada por el Juzgado de Control N° 9, a cargo de la jueza Celeste Ferreyra, un acto que contó con representantes del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y los ministerios de Seguridad y de Justicia.
Todo este movimiento de recursos contra el hacinamiento carcelario tiene origen en la habilitación de un habeas corpus correctivo en favor de los cinco reclusos (federales) alojados en la cárcel de Bouwer por hacinamiento y condiciones inhumanas de detención concedido por la Cámara Federal de Casación Penal luego de un recurso del defensor público oficial Jorge Perano que fue contra los rechazos que había obtenido en primera instancia y en la Cámara cordobesa.
El prometido nuevo módulo
En la respuesta a la Justicia, el Gobierno provincial informó que está previsto que, para diciembre de este año, finalmente se pueda culminar y habilitar un nuevo módulo con capacidad para 896 internos en Bouwer, con una superficie de 24 mil metros cuadrados. La obra, que se había anunciado que estaría lista en 2024, está a cargo de la empresa Astori y tuvo varias demoras por actualizaciones de precios.
