La Real Academia Española (RAE) define a la impotencia, entre otras acepciones, como la “falta de poder para hacer algo”. Leandro Vargas tenía 26 años, una pareja, dos hijos y un cúmulo de sueños que iba alimentando con lo que ganaba con el sudor de su trabajo como albañil. Un laburante que quería progresar en la vida.
Pero toda su existencia tuvo un abrupto punto final el martes, cuando –ya cansado de que nadie tuviera el “poder para hacer algo”– decidió ir a vengar un intento de robo por parte de un vecino: terminó con una herida mortal.
El lunes y el mismo martes había denunciado en el destacamento policial de Villa del Prado, localidad próxima a Alta Gracia, a los mismos que ya había señalado tiempo antes. “Sufrimos varios robos en el tiempo que estamos viviendo acá. Son siempre los mismos delincuentes. Tenemos varias denuncias; mi señora fue apuñalada por los mismos tipos, pero ya no sabemos qué más hacer. Ayer (por el lunes) hicimos otra denuncia y la Policía me dijo que no puede hacer nada porque no me robaron... pero me rompieron toda la casa para intentar entrar...”. Así se lo escucha en un audio que se transformaría en un pedido de auxilio y que envió apenas minutos antes de ser asesinado.
¿Qué más debe hacer un vecino de la provincia para pedir que la Policía y la Justicia lo mire aunque sea un momento? Las denuncias sólo fueron acumulando polvo. La impotencia trastrocó en la mal llamada justicia por mano propia, en medio de una comunidad en la que todos conocen al otro. Decisión que llevó a Leandro a recibir la puñalada mortal.
El caso que se refleja en la tapa y en la contratapa de la edición de hoy, y que ayer tuvo amplio despliegue digital, desnuda un desamparo institucional que lejos está de ser una excepción en esta Córdoba que varias veces muestra a sus funcionarios públicos, políticos, policiales y judiciales maximizando aquella recomendación de la distancia social.
