En el marco de un vasto operativo nacional denominado “Operación Hermes II”, se realizaron 20 allanamientos en la ciudad de Córdoba y distintas localidades de la provincia, como Río Segundo, Río Cuarto y Marcos Juárez, por casos de estafas y robo cibernético.
Como resultado, tres hombres y una mujer, todos cordobeses, fueron imputados por “defraudación informática”. Además, se detuvo a un hombre por “tenencia ilegal de arma de guerra” al encontrarse en su domicilio un arma de fuego sin la documentación correspondiente.
Durante los operativos del ámbito local, que se llevaron a cabo este martes, se secuestraron 27 teléfonos celulares, tres tablets, una notebook, $220 mil pesos y $100 dólares, según lo informado por fuentes con acceso a la investigación.
Se calcula que bajo esta maniobras los delincuentes habrían generado un perjuicio económico de más de 80 millones de pesos, según detallaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires.
En su conjunto, el resultado de los operativos coordinados en todo el país arrojó la detención de 30 sospechosos.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la Dirección General de Investigaciones Criminales y el Departamento Delitos Económicos de la Policía Federal y del área de Delitos Económicos de la Policía de Córdoba, en el ámbito local.
El operativo, que requirió de la coordinación de varias fiscalías del país, se enmarca en una investigación judicial que busca desmantelar a una red de ciberestafadores que utilizaba métodos como el phishing (un engaño que persigue el robo de información personal, como datos bancarios) e ingeniería social para cometer fraudes financieros.
Las maniobras, según informaron fuentes de la causa, principalmente se concretaban a través de operaciones bancarias fraudulentas.
Los estafadores aplicaban varias tácticas para acceder a cuentas de distintos bancos y otros datos sensibles de las víctimas, lo que les permitía retirar dinero, realizar compras o invertir en criptomonedas con fondos robados.
Las modalidades de estafa
Según la Justicia, se presume que los delincuentes enviaban correos electrónicos o mensajes con enlaces que parecían legítimos, pero en realidad contenían malware bancario.
Este software malicioso se instalaba en las computadoras de las víctimas cuando abrían el enlace o descargaban archivos adjuntos infectados.
Una vez infectado el dispositivo, los estafadores obtenían acceso no autorizado a las cuentas bancarias de las víctimas.
En algunos casos, se requería a las víctimas que ingresaran contraseñas y códigos adicionales bajo el pretexto de “verificar” sus cuentas, lo que les permitía a los criminales hacerse con las credenciales.
Otra modalidad extendida habría sido la coerción. Los delincuentes usaban tácticas de persuasión para engañar a las personas y hacer que proporcionaran información o control de sus dispositivos.
Por ejemplo, se hacían pasar por empleados de bancos, plataformas de pago o incluso de organismos oficiales.
En muchos casos, los estafadores pedían a las víctimas descargar aplicaciones de control remoto, como “quicksupport”. Esto les permitía manejar el dispositivo de la víctima y acceder a sus datos bancarios, ejecutando transferencias o extracciones de fondos de manera remota.
Otro método era la creación de páginas fraudulentas que simulaban ser sitios de instituciones bancarias o redes sociales de atención al cliente. Al creer que estaban interactuando con operadores reales, los estafados proporcionaban sin saberlo sus datos sensibles o accedían a enlaces de descarga que infectaban sus dispositivos.
Por ejemplo, algunos casos involucraron a víctimas que intentaban dar de baja tarjetas de crédito o realizar consultas, y al contactar con estas páginas fraudulentas, los estafadores les solicitaban datos de validación de cuentas.
Finalmente, en plataformas de compra y venta, como el marketplace de Facebook, los criminales contactaban a personas que ofrecían productos y enviaban comprobantes de transferencia falsos.
Para “verificar” la transacción, los estafadores pedían a los vendedores que usaran un cajero automático, lo que a menudo resultaba en el bloqueo de las cuentas y la extracción de dinero de las mismas.
Las órdenes fueron libradas a primera orden de la mañana por: los fiscales especializados en cibercrimen del departamento de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, Jorge Leveratto y Julio Pérez Carretto, junto a Antonella Giampietro, que forman parte de la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, bajo la supervisión del Departamento Judicial del mismo partido Bonaerense, a cargo de Sandra Bicetti.
Chaco
Cabe recordar que, días atrás, otros cordobeses cayeron presos por ciberestafas cometidas contra víctimas de Chaco. Uno de los damnificados fue el propio ministro de Seguridad de aquella provincia. Según la pesquisa, habían creado una página falsa de la empresa de energía chaqueña.
