No llevar el casco le costó una moto. El caso de una joven motociclista que denunció el robo de su moto del predio provincial de Potrero del Estado, en Bouwer, coloca, una vez más, en la mira por graves e inacabables irregularidades al personal policial que tiene a cargo la custodia de los vehículos secuestrados por la Justicia.
Como si se tratara de una película con el mismo epílogo que se reitera una y otra vez, Lorena Teresa Ramírez (23) presentó una denuncia penal ante el fiscal en lo Penal Económico y Anticorrupción de Primera Nominación, Matías Bornancini, y relató que su odisea personal comenzó el 14 de noviembre último.
La historia
Ramírez contó que circulaba por la calle Deodoro Roca, en el Parque Sarmiento, cuando la Policía le secuestró la moto, una Honda Wave de color rojo (modelo 2019), por manejar sin llevar el casco. Tras la incautación, el 14 de noviembre, se presentó 12 días después –el viernes 26- en la Unidad Contravencional Centro.
Cuando recibió la orden para retirar el vehículo se dirigió a la Unidad Judicial 4. Allí le informaron que había sido trasladada a Potrero del Estado, el corralón ubicado en la comuna de Bouwer, el “agujero negro” para muchos damnificados que denunciaron el robo de sus motos.
El predio cuenta con custodia policial las 24 horas durante todo el año.
El primer día hábil inmediato, el lunes 29, se presentó en Potrero y personal policial le advirtió que había surgido un problema con su moto, ya que había sido robada el sábado 27 por la madrugada, junto a otros cinco rodados.
Le informaron que debía concurrir a la Unidad Judicial N °1 sobre el robo. Al llegar, le respondieron que no tenían ninguna injerencia con su caso y que volviera a la Unidad Contravencional Centro, donde había recibido inicialmente la autorización para recuperar el rodado.
Hastiada por la laberíntica experiencia de recobre de su moto, le dijeron en la Centro que su función original sobre su causa había culminado y que lo único que podía hacer era denunciar penalmente el robo, lo que finalmente realizó en la Unidad Judicial 10, de barrio San Vicente.
Con la ilusión de que en Potero del Estado le brindaran el informe policial del robo, le manifestaron que le habían informado de forma errónea dónde retirarlo.
Así, debió concurrir a la Unidad Judicial 23. Antes de retirarse, un jefe en Potrero le explicó que el robo había sido el domingo 28, pero que el faltante había sido advertido recién el lunes 29.
Sin embargo, esa nueva versión sobre la fecha de la lustración no concuerda con la brindada inicialmente en Potrero, porque originalmente en aquella ocasión le habían transmitido que el robo se había producido el sábado 27.
Decepcionada e impotente, junto a su abogado, Carlos Nayi, decidió presentar la denuncia penal.
En septiembre, el mismo letrado, como representante de múltiples denunciantes por hechos similares, había solicitado al fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, que todas las causas se acumularan en una sola fiscalía para una “correcta y adecuada” investigación.
Delgado dispuso por entonces que los expedientes quedaran aglutinados en la fiscalía de Bornancini, lo que ocurrió con la nueva denuncia de Ramírez.
Una constante en Potrero
El caso de la joven viene a sumar un nuevo capítulo a los robos ocurridos en Potrero del Estado. Hace poco más de un año atrás, el fiscal de Distrito 1, Turno 6, José Bringas, había ordenado imputar y detener a dos policías imputados por presunto encubrimiento, tras la denuncia del abogado Nicolás Ruades en otro de los casos.
