En muchas ocasiones, una mujer se presenta a denunciar a su ex y contribuye a resolver un hecho delictivo. En 2006, cuando se produjo “el robo del siglo” a la sucursal Acassuso (Buenos Aires) del banco Río, los investigadores no daban con ninguna pista hasta que Alicia Di Tullio se presentó y delató a su pareja, el cerebro del golpe. Este fue el principio del fin para que cayera toda la banda y se resolviera el caso.
Algo similar parece haber ocurrido en Córdoba, con la causa de “la Banda de los Bomberos”, aunque con algunas diferencias.
La investigación estaba bien avanzada, pero no lograba cerrar el cerco sobre quien se sospecha sería uno de los líderes de la supuesta asociación ilícita: el excomisario general Gustavo Folli Pedetta. El hombre fue jefe de Bomberos (2010-2015), subjefe de la Policía provincial (2015-2019) y hasta hace poco titular de Seguridad de la Municipalidad de Córdoba (desde 2019).
Considerándose víctima de violencia de género, una mujer que estuvo en pareja con él hasta hace unos años se presentó ante el fiscal Guillermo González y aportó información clave para avanzar de modo decisivo en la causa de los bomberos. Además, lo acusó de haberla obligado a hacerse un aborto.
Habiendo convivido, la mujer aportó detalles trascendentes sobre la forma de moverse de Folli, su giro económico, bienes que había adquirido y no pocos detalles de la operatoria de la banda, según fuentes judiciales.
Desde hace unas semanas era un secreto a voces en Tribunales II la detención de Folli, de quien se cree que habría sido el creador y presunto ideólogo de una banda que presuntamente cobraba coimas para extender habilitaciones a comercios e industrias desde la Dirección Bomberos de la Policía.
Este miércoles se lanzaron varios allanamientos tanto en la casa de Folli como en la del otro detenido, quien también fue jefe de Bomberos: el excomisario Sergio Sosa. Precisamente Sosa fue nombrado en Bomberos cuando Folli se convirtió en subjefe de Policía.
Los allanamientos de los investigadores judiciales también se concretaron en la sede de la Dirección Bomberos, en calle Mariano Moreno, de Córdoba capital. Allí se secuestró documentación que complementa la prueba de una causa en la que hay otros siete detenidos, entre miembros y exmiembros de esa fuerza, un policía y especialistas en seguridad e higiene laboral.
A Folli se le secuestraron unos U$S 3.500 y también un vehículo de gama media-alta.
De todos modos, existe una exhaustiva investigación patrimonial que lo comprometería, ya que sus salarios de jefe policial no se corresponderían con adquisiciones patrimoniales, con viajes y con otros gastos, de difícil justificación.
El fiscal González lo imputó por cuatro figuras penales, una general por la causa de “la Banda de Bomberos” –supuesto miembro de asociación ilícita– y otras tres que tienen que ver con su expareja: amenazas, instigación a cometer aborto y abuso de autoridad.
Esta última acusación se debe a que la mujer había sido miembro de la fuerza policial y él tenía un rango superior.
Muestras de irregularidades
De igual modo, también se efectuaron allanamientos en diversos establecimientos, como boliches, bares, laboratorios, supermercados, ferreterías y fábricas.
En todos se secuestró documentación que indicaría la situación irregular de algunas habilitaciones y en algunos se requirió la presencia de peritos de higiene y seguridad para hacer esas constataciones.
Desde hace unos dos meses, se vienen haciendo estos procedimientos.
Al determinarse que había lugares con peligros de funcionamiento, se dio participación a la Municipalidad para que tomara las medidas. Trascendió que, en algunos casos, se dispusieron algunas clausuras y en otros hubo intimaciones.
Rol y funciones
En momentos en que estalla este escándalo y también el del Servicio Penitenciario de Córdoba, una fuente judicial comentó en las últimas horas que “el quiosco de coimas en las fuerzas de seguridad no es un invento nuevo”.
Folli dejó de ser jefe de Bomberos a mediados de la década pasada, pero, al convertise en subjefe de Policía, conservó la potestad de elegir a su reemplazante entre los efectivos que combaten los incendios.
Allí entró Sosa, quien tendría vínculos estrechos con su antecesor y connivencia aceitada en la operatoria de esta banda.
Si bien algunos ya lo señalan como el presunto jefe de la asociación ilícita, el rol de Folli no está claramente determinado, por el momento. Sí se afirma que su papel en la organización sería determinante y no como un actor de reparto. Resta esperar qué declarará cuando sea indagado.
En el expediente principal, ya figuran con prisión preventiva los otros siete detenidos: Julio Zárate, Eduardo Rivadero, Marcos Lúquez, José Gorocito, Mario García, Félix Calama y Roque Olmedo.
El verdadero esquema jerárquico, sus relaciones y funciones, se determinará una vez que los nuevos detenidos sean indagados y se analice la prueba que ahora engrosa la causa investigada por el fiscal González.
Folli debe enfrentar dos frentes complicados en esta etapa judicial de su carrera: tres duras acusaciones de presunta violencia de género y la seria sospecha de formar parte supuestamente de un entramado de corrupción dentro de las filas policiales.
