De acuerdo a lo que se venía sosteniendo con insistencia en fuentes de la Justicia federal, el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja hizo lugar al planteo de defensores de imputados en la causa de los “sanadores egipcios” y consideró que estas personas fueron víctimas de supuesta trata de personas por parte de los máximos responsables de la presunta secta.
Por esto, el magistrado se declaró competente y librará un oficio inhibitorio para que le sea remitido el expediente de la Fiscalía de Villa Cura Brochero.
La titular de esa fiscalía, Analía Gallarato elevó la causa a juicio hace pocos días, con la imputación de supuestos jefes de asociación ilícita, estafas, ejercicio ilegal de la psicología y otros delitos para el líder de la secta, Álvaro Aparicio Díaz y su esposa Carolina Cannes. Pero incluye también a otros nueve imputados cuya rol está en discusión, ya que los defensores entienden que fueron víctimas de trata de personas.
A su vez, los 11 imputados están con prisión preventiva y, pese al cambio de fuero, les será difícil abandonar esa condición, mientras el juicio sigue en marcha. Por lo pronto, si la Justicia provincial no acepta que la causa debe pasar a la órbita federal, el diferendo deberá ser zanjado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, se prevé que los detenidos sigan en esa condición, a la espera del juicio.
Planteo de defensores
Al despacho de Vaca Narvaja llegaron el año pasado los defensores de Carolina Altamirano -Carlos Hairabedian y Miguel Juárez Villanueva- y el de Flavia Stefanich y Liliana Daríomerlo -Mario Ponce-. Luego se agregó el abogado de Maximiliano Iciksonas, Lucas De Olmos, para completar un planteo de inhibitoria de la Justicia provincial en función de considerar que sus clientes eran víctimas de trata.
Según se lee en la resolución del Juzgado Federal N° 3 de este lunes, estos cuatro imputados “refieren haber sido víctimas de la manipulación psicológica ejercida por el ‘maestro’ Aparicio Díaz durante varios años”. Los imputados que se consideran víctimas “relatan que en un viaje a Egipto realizado por algunos miembros de la Escuela con Aparicio, este comenzó a hablar de la inminencia del fin del mundo, que había que prepararse para ese momento y que él iba a proteger a la humanidad del desastre, en especial al grupo de personas que él había elegido”.
Para prevenir esos males, Aparicio les dijo que “debían establecerse en su estancia, ubicada en ‘Pozos Azules’, cerca de (Villa) Cura Brochero, hasta que esto pasara y volviera la normalidad”. Les decía “que debían llevar víveres y sus cosas para pasar en ese lugar la pandemia, también aportando dinero para la compra de animales y formar una granja para todos los miembros del grupo”.
El juez Vaca Narvaja indica, según el relato de los peticionantes, “que la idea de Aparicio (...) tenía un fin concreto, preciso y determinado, la explotación laboral de las personas que lograra trasladar hasta el lugar”.
El expediente señala que “el traslado se produjo en marzo de 2020, oportunidad en que fueron al lugar Flavia Stefanich, Noelia López, Maximiliano Icksonas, Claudio Urtiaga, entre otros” y “que el llegar, advirtieron que se trataba de una construcción prácticamente abandonada, (con) ratas, arañas (y) nidos de murciélagos”.
Para reafirmar la idea de explotación, el relato sostiene que “desde el primer momento las actividades que les ordenaban eran la limpieza del lugar principal, luego tareas de desmonte con palas, picos, machetes para la apertura de una calle interna; luego el desmonte en una zona que sería destinada para plantar frutales y armar una huerta, todo bajo las órdenes de Aparicio, su esposa y su hijo”.
Los denunciantes refieren que “trabajaban todo el día, que sólo se detenían para almorzar, terminaban muy tarde y no tenían posibilidad de bañarse” y agregaron que “la casa de Aparicio se modificó para convertirlo en un loft, con baño, cocina integrada y un dormitorio, que se colocaron cerámicos desde la pared hasta el piso, se instaló un termo(tanque) solar con un complejo sistema de baterías, Internet que sólo Aparicio podía usar y un televisor que Flavia Stefanich fue obligada a llevar”.
Los presentantes relataron que estaban incomunicados porque no tenían señal de celular “y debido a las actividades que les mandaban a hacer diariamente no tenían posibilidad de comunicarse, además de una prohibición expresa de hacerlo”. Por otra parte, aseguran que “además del desmonte comenzaron con el armado del invernadero y las huertas, siendo obligados a comprar semillas, tela antiheladas, pintura, nylon y los primeros árboles frutales”.
Las condiciones de trabajo eran “durísimas”, de lunes a lunes y sin posibilidades de salir del lugar, sostiene el escrito.
Los denunciantes señalan “que esta situación de servidumbre se prolongó desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021, cuando la Policía se presentó en el lugar y los detuvo por los delitos de asociación ilícita, estafa y ejercicio ilegal de la psicología”.
Resolución
Vaca Narvaja considera que “los líderes de la secta denunciada habrían utilizado técnicas que, lejos de ser evidentes para quienes resultaron víctimas, se caracterizaron por su gradualidad y carácter larvado”.
El juez federal argumenta que “surge de los elementos arrimados al expediente que, dentro del marco de un movimiento sectario y aprovechando los mecanismos de manipulación psicológica propios de tales movimientos, se habría cometido el delito de trata” que “resulta de competencia federal”.
A partir de esto, Vaca Narvaja considera que las personas imputadas “deben ser considerados de forma inescindible del delito de trata de personas, por los mismos tribunales federales” y cita la normativa: “Las víctimas de la trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata”.
“De todo lo expuesto -concluye el juez- se desprende que no resulta posible juzgar –por una parte- el delito de trata de personas, y –por otra- los posibles ilícitos –ejercicio ilegal de la psicología, estafa y otros supuestamente cometidos por quienes habrían sido víctimas de la referida trata”.
Luego señala el magistrado federal que “escindir tales conductas supone una visión sesgada, fragmentada, que parece ignorar –no sabemos si de manera indolente o directamente deliberada- cómo funcionan los movimientos sectarios de características peligrosas como el aquí denunciado”.
