El final de 2025 llegó con varias novedades para la situación del exlegislador provincial Oscar González (77) a quien la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba le anuló el 17 de diciembre el procesamiento que le había dictado el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, pero al mismo tiempo le sostuvo la detención domiciliaria.
Ante esto, el lunes pasado, los abogados defensores Miguel Ángel Ortiz Pellegrini y Leandro Ortiz Morán presentaron ante el máximo tribunal cordobés un recurso para que sea elevado a la Cámara Federal de Casación Penal. El escrito contiene duros términos -aun contra los camaristas locales- y considera que González sufre una “privación ilegítima de la libertad” porque sin tener procesamiento se mantiene su detención domiciliaria.
A su vez, el pasado martes, el juez federal Carlos Arturo Ochoa le denegó un pedido de excarcelación que paralelamente habían interpuesto ambos defensores de quien fue “hombre fuerte” de la administración provincial. La resolución del magistrado riocuartense fue acompañada por el dictamen del fiscal Maximiliano Hairabedian en el mismo sentido y también está firmado por el secretario penal de Vaca Narvaja, Patricio Lutteral.
El procesamiento de Vaca Narvaja se remonta a octubre pasado y fue dictado por los presuntos delitos de “enriquecimiento ilícito” y lavado de activos agravado por su condición de funcionario público". Para esto se sostuvo la prisión preventiva con modalidad domiciliaria y otras medidas cautelares de carácter patrimonial.
Al revocar ese procesamiento la Cámara Federal cordobesa -con el tribunal de la Sala A integrada por Abel G. Sánchez Torres, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos- se indicó que el juez instructor debe incorporar “a la mayor brevedad” un “informe pericial contable” ordenado en esta causa. En el punto siguiente, la alzada sostiene la prisión domiciliaria.
Estos dos extremos son considerados por los defensores Ortiz Morán y Ortiz Pellegrini como contradictorios y lo transformaron en un recurso de casación.
La causa es una consecuencia del incidente original, producto de la tragedia de las Altas Cumbres, en la que González, al mando de una BMW X1, protagonizó un choque en el que murió la docente Alejandra Bengoa (54, manejaba un Renault Sandero) y dos adolescentes resultaron gravemente heridas (una quedó parapléjica).
Esa investigación, en la que el exlegislador está imputado por “homicidio culposo agravado” y “lesiones culposas agravadas” (ofreció 300 millones de pesos de reparación a las familias de las víctimas), derivó en una denuncia federal, por “lavado” y “enriquecimiento”, presentada por la legisladora Luciana Echevarría.
Duros términos
Para los defensores de González, la medida configura una “privación ilegítima de la libertad” y carece de sustento legal, al haberse desmoronado el principal presupuesto que la justificaba.
En su planteo, la defensa advierte una contradicción central en el fallo de la Cámara: el mismo tribunal que reconoció la falta de pruebas suficientes para sostener el procesamiento -al considerar imprescindible la realización de una pericia contable aún pendiente- decidió, sin embargo, confirmar la detención domiciliaria. Según ambos abogados penalistas, esa decisión vulnera el principio de inocencia y el derecho constitucional a permanecer en libertad durante el proceso.
Uno de los ejes del recurso es la aplicación del artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece que, ante la falta de mérito para procesar, corresponde ordenar la libertad del imputado.
Para la defensa, al revocar el procesamiento, la Cámara debió disponer de manera automática el cese de la medida de coerción, ya que no existe en la ley una figura que habilite una “prisión preventiva autónoma” sin auto de mérito vigente.
Los defensores también cuestionan los argumentos utilizados para sostener el supuesto riesgo procesal. Señalan que la Cámara apeló a consideraciones abstractas, como la gravedad del delito o una eventual expectativa de pena, pese a haber reconocido que la investigación se encuentra inconclusa. En ese sentido, sostienen que no puede presumirse peligro de fuga o entorpecimiento cuando ni siquiera existe un grado suficiente de probabilidad sobre la comisión del delito.
Otro punto destacado del recurso es la crítica a la supuesta “actitud elusiva” atribuida a González durante la etapa de tasación de inmuebles. La defensa sostiene que no hubo obstrucción alguna y que, aun en hipótesis, el ejercicio de garantías constitucionales —como exigir una orden judicial para el ingreso a un domicilio— no puede ser interpretado como un indicio de peligrosidad procesal.
Finalmente, el planteo remarca la situación personal del imputado (que en semanas cumplirá 78 años), sin antecedentes penales computables y con arraigo acreditado.
Para sus abogados, mantenerlo bajo prisión domiciliaria en un escenario de falta de mérito probatorio implica una pena anticipada, de duración incierta, que traslada al imputado las demoras del Estado en producir la prueba pendiente.
La defensa solicitó que la Cámara de Casación Penal anule el mantenimiento de la detención y ordene la inmediata libertad de González, al considerar que la medida carece de base legal y constitucional.
El escrito de casación fue presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones el pasado lunes. Ahora, el tribunal cordobés analiza si lo admite y eleva a la cámara porteña, o si lo rechaza.
