Concluye una semana en los tribunales provinciales con más casos de corrupción o de empleados con conductas reñidas con lo que se espera de un agente judicial. Por suerte, se aprecian reflejos que demuestran que la propia Justicia tiene sus mecanismos de detección y de corrección de esas desviaciones.
Por lo que se viene escuchando desde mediados de febrero, los abusos funcionales cometidos por ordenanzas no son aislados y no se reducen a uno o dos casos. El exceso de confianza y el conocimiento detallado de los movimientos dentro de los edificios tribunalicios suelen albergar nichos de corrupción que permiten a unos “vivos” sacarles dinero a personas inocentes o a aquellas no tan ingenuas que pretenden que mediante un atajo van a conseguir beneficios fuera de lo legal.
Por pedir dinero con la excusa de que iban a destinar esos fondos a un juez para liberar a un preso, uno a uno fueron cayendo los ordenanzas Sergio Guerrero, Pablo Esnaola y Carlos Daniel Moreno, implicados en la misma maniobra a partir de lo que viene investigando el fiscal Guillermo González, y que tiene a los tres detenidos.
Cuando algunos creían que hasta ahí llegaba el hecho de corrupción de algunos integrantes de la sección maestranza de Tribunales 2 de la ciudad de Córdoba, surgió el dato de que se estaba juzgando un hecho de octubre de 2020 por el cual otro ordenanza, Martín Tofino, confesaba en el estrado que cobró dádivas para entregarle su computadora a una mujer que la había perdido en un robo. El dispositivo electrónico estaba secuestrado en un depósito judicial.
Ya no conviene repasar la inmensa cantidad de ejemplos de estos “cuentos” que algunos “vivos” hacen creer a quienes llegan a Tribunales por primera vez y sin saber cómo funcionan las cosas. Los hicieron los quiosqueros que entraban a los despachos a llevar los almuerzos, los hicieron fiscales que fueron destituidos, y también algunos abogados que les “cuentan” a sus clientes que es necesario poner dinero para resolver una causa.
Pero en la semana que se transita también se conoció un caso de otro tipo de fenómenos que no han sido aislados en los últimos años: el de Ginés Martín Jodar, el asesor letrado itinerante de Río Segundo y de Jesús María que terminó presentando su renuncia cuando sobre él se había desencadenado una investigación porque entraba a los baños de mujeres con fines aún no determinados.
Se descubrió en esos baños, a los que él accedía para agacharse bajo los lavabos, que había “instalados” unos dispositivos consistentes en una media con un pequeño orificio que apuntaba en dirección a los inodoros. También había otros de estos artefactos anudados en los caños de los bidés, dirigidos en la misma dirección. Entre el material secuestrado, además de su computadora y de su celular, se halló en uno de sus despachos una llave del baño de mujeres que hacía mucho tiempo había desaparecido. Las testigos lo ubican en ese lugar incómodo, dentro de los baños femeninos, más otras evidencias que quedaron “congeladas” como prueba porque, al renunciar, se frenó la investigación administrativa.
Pero las presuntas víctimas no se quedaron tranquilas y están exigiendo –gremio mediante– que prosiga una investigación penal para que se analice esa prueba que está en Policía Judicial. Entienden que la pesquisa no debe agotarse con la excusa de que el agente ya no forma parte de la planta de personal. Señalan que, si no hay delito, sí debe indagarse sobre la vulneración de cuestiones de género.
Tampoco acá conviene repasar los casos del ayudante fiscal que denigraba a mujeres en la oficina; del secretario de un juzgado que salía a la calle a “filmar” la entrepierna de las mujeres bajo sus polleras, o de un juez civil que espera el jury por una seria acusación de abuso sexual.
Más allá de la rápida reacción de las autoridades del Poder Judicial, desde el gremio de los trabajadores exigen que se revisen los mecanismos de control de un sinnúmero de conductas abusivas “naturalizadas” en las más diversas oficinas judiciales.
