El fiscal general Federico Reynares Solari solicitó penas de hasta 20 años de prisión para seis imputados que llegaron a juicio acusados de integrar una banda que entre 2021 y 2023 cometió tres secuestros extorsivos con empresarios o sus familiares como víctimas, en la ciudad santafesina de Rosario o la bonaerense de Villa Ramallo, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
El pedido fue formulado el martes pasado en el marco del alegato fiscal en un juicio que se desarrolla en los Tribunales Federales de Rosario, y en el que Reynares Solari estuvo acompañado por el auxiliar fiscal Rodrigo Romero y la fiscal coadyuvante María Virginia Sosa, de la Unidad Fiscal Rosario.
Los imputados y el pedido de penas
La fiscalía solicitó penas de prisión de cumplimiento efectivo para los seis los imputados, por los delitos de asociación ilícita y secuestro extorsivo agravado. El siguiente es el detalle del pedido de penas:
- Claudio Daniel Coto (jefe de la asociación ilícita): 20 años de prisión.
- Néstor Adrián Santabaya (jefe de la asociación ilícita): 18 años de prisión.
- Emiliano Mario Andrés Acuña: 15 años de prisión.
- Sebastián Ezequiel Pugliese: 15 años de prisión.
- Silvia Beatriz López: 6 años de prisión.
- Nicolás Adrián Santabaya: 6 años de prisión.
Además, los fiscales pidieron el decomiso de bienes, vehículos, armas y dinero secuestrado durante los procedimientos, al considerar que provienen de la actividad criminal.
Una banda organizada y persistente
Los representantes del MPF detallaron que, entre julio de 2021 y diciembre de 2023, la banda planificó y ejecutó secuestros extorsivos, amenazas y extorsiones en Rosario, Villa Ramallo y San Nicolás, con una logística digna de una “fuerza de seguridad paralela”: selección de víctimas de alto perfil patrimonial, tareas de inteligencia, alquiler de casas para cautiverio, vehículos con patentes cambiadas, teléfonos analógicos para evitar rastreos y hasta un distorsionador de voz.
“No se trata de hechos aislados, estamos frente a una organización criminal jerarquizada y persistente en el tiempo”, sostuvo en el alegato Reynares Solari.
Los representantes del MPF identificaron como jefe de la organización y pidieron la pena más elevada -20 años de prisión-, para el comerciante Claudio Daniel Coto (63), quien manejaba la estrategia general y utilizaba identidades falsas para camuflar la autoría de los delitos perpetrados. Según la fiscalía, su segundo en la cadena de mando era el mecánico Néstor Adrián Santabaya (61), definido por los investigadores como “jefe operativo”.
Un Peugeot 208 empleado por la banda durante los secuestros extorsivos. Foto: Captura de imagen de la causa
En un rol de “soldados” o mano armada mencionaron a Emiliano Mario Andrés Acuña (38, y quien se identificó en la causa como “animador de eventos infantiles”) y el cerrajero Sebastián Ezequiel Pugliese (47), mientras que Silvia Beatriz López (44) actuaba en las tareas de inteligencia y logística, y Nicolás Adrián Santabaya (32, hijo del mecánico) colaboraba en funciones de apoyo.
Todo encajó como “un rompecabezas que conduce a los mismos nombres y la misma firma criminal”, dijo el fiscal en otro tramo de su alegato.
“Estos hechos no son improvisados, son la muestra de una criminalidad organizada que puso en riesgo la vida y la libertad de ciudadanos comunes con el único fin de enriquecerse”, afirmaron Reynares Solari, Romero y Sosa ante el tribunal al cerrar un alegato en el que manifestaron que la justicia no solo identificar y condenar a los culpables, sino también desarticular la estructura económica de estas organizaciones.
El juicio proseguirá el 3 de octubre próximo con el alegato de la defensa, mientras que el veredicto podría darse a conocer antes del 10 de ese mes.
Los secuestros
La investigación de los hechos que se le atribuyen a esta banda estuvo a cargo del fiscal general Javier Arzubi Calvo, con funciones de coordinación del Distrito Rosario, por los secuestros ocurridos en esa ciudad santafesina; y el fiscal federal Matías Di Lello, de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, por un hecho ocurrido en la ciudad de Ramallo.
Ambas fiscalías contaron además con la colaboración del fiscal federal Santiago Marquevich, titular de de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), quienes pudieron desbaratar a la organización criminal realizando un trabajo conjunto con el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina.
El primero de los hechos que llegó a este debate ocurrió el 24 de enero de 2023 en la ciudad bonaerense de Villa Ramallo y tuvo como víctima a uno de los hijos de un empresario, quien fue secuestrado cuando circulaba en una camioneta por un camino de tierra y se montó un falso operativo policial que incluyó vehículos y hombres con uniformes de la Policía Federal.
El hombre fue trasladado hasta un domicilio de San Nicolás. Los captores se comunicaron a través de mensajes de texto con un familiar del cautivo y le hicieron saber la ubicación de la camioneta, donde habían dejado un bolso con teléfonos celulares y una nota donde daban instrucciones y pedían un millón de dólares de rescate.
El familiar comenzó a recibir llamados y las negociaciones se extendieron hasta que, al día siguiente, cuando acordaron el pago de 580 mil dólares. Lo obligaron a hacer un recorrido de varias postas que culminó en una estación de servicio de la localidad bonaerense de Wilde (partido de Avellaneda) donde por la noche un motociclista pasó a retirar el dinero.
“Estos hechos no son improvisados, son la muestra de una criminalidad organizada que puso en riesgo la vida y la libertad de ciudadanos comunes con el único fin de enriquecerse”, afirmaron los fiscales en el alegato.
Los delincuentes se comunicaron a las 2 de la madrugada del 26 de enero de 2023, para avisar que habían liberado a la víctima en el puente de la ruta nacional N°9 de ingreso a la localidad santafesina de Theobald, a unos 60 kilómetros de Rosario.
El segundo y tercero de los secuestros, uno en tentativa porque la captura resultó fallida y el otro consumado, ocurrieron con cinco días de diferencia, en el mismo sitio y tuvieron como víctimas a la pareja y el hijo adolescente de un empresario rosarino.
El 5 de octubre de 2023, a las 6.43, la mujer y su hijo se dirigieron a la cochera del edificio de Rosario donde residen para subirse a su auto. En ese marco, los imputados intentaron ingresar al área de cocheras para sustraer, retener y ocultar a las víctimas y exigir un rescate a cambio de su liberación, pero la maniobra se vio frustrada porque el techo del utilitario quedó atascado con el portón del edificio, motivo por el cual se retiraron.
El 10 de octubre siguiente a las 6.44, una camioneta Renault Trafic blanca logró ingresar a las cocheras del mismo edificio y cuando la mujer y el adolescente bajaron, fueron capturados por tres sujetos con los rostros cubiertos que los obligaron a subir al rodado.
Según la investigación, los captores trasladaron a las víctimas al Barrio Parque Avambaé de San Nicolás, donde las hicieron permanecer durante todo el cautiverio en una habitación. El empresario recibió una llamada y tres mensajes de WhatsApp en los que le advertían sobre sus familiares secuestrados y que, a cambio de su liberación, exigían 3 millones de dólares.
Luego, le indicaron que pasara a retirar por un restaurante un bolso con celulares. Sin que se pagara rescate, la mujer y su hijo fueron liberados ilesos alrededor de las 20 del mismo día, sobre la ruta nacional 188, en una zona rural de la localidad de Campo Salles, partido de San Nicolás.
Para la fiscalía, la Trafic blanca empleada en este hecho es la misma que fue utilizada ploteada como ambulancia el 21 de octubre de 2023 en un robo de 530 millones de pesos a una financiera del microcentro porteño, y que apareció incendiada en el partido bonaerense de Lanús.
