El interventor del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Gustavo Vidal Lascano, pidió al Órgano de Control de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba que inicie una investigación administrativa contra todos los oficiales y suboficiales carcelarios que siguieron tratando como su jefe a Juan María Bouvier, tras la detención de este. Le permitieron privilegios muy diferentes a los de cualquier interno, sin impedimentos para mantener y usar un teléfono celular, atender a su contador e incluso recibir a un amigo que le llevó de regalo gaseosas y chocolates.
Mientras avanza esa investigación, los agentes incluidos en la nómina de quienes estuvieron a cargo de la vigilancia del pabellón donde está Bouvier fueron trasladados a otros destinos.
Los privilegios del interno Bouvier -durante 15 años jefe del SPC- salieron a la luz en un capítulo de la resolución del fiscal Enrique Gavier, quien le dictó la prisión preventiva por considerarlo el líder de una asociación ilícita que cometió una larga serie de delitos en las cárceles: desde la venta de favores a los internos a la operación de bandas dedicadas a estafas telefónicas, conocidas como “call centers tumberos”. Incluso, con un tarifario para cada producto o servicio ofrecido a este auténtico mercado “cautivo”.
A la hora de justificar la necesidad de que Bouvier permanezca detenido, Gavier hizo notar que en libertad sería alta la peligrosidad procesal del exmandamás carcelario, pero que su capacidad para interferir en las investigaciones se sostiene estando detenido en un pabellón carcelario controlado y vigilado por empleados a quienes condujo hasta los primeros días de diciembre pasado.
Es por esto que Gavier sugiere que se estudie la posibilidad de enviar a Bouvier y al resto de los integrantes de la “banda penitenciaria” a un establecimiento carcelario de otra provincia, donde no tenga la influencia que sigue ejerciendo en Córdoba.
En concreto, la investigación de Gavier devela que Bouvier recibió visitas de personas que no son familiares directos -sin tenerlo permitido- y que él mismo confirmó en llamadas telefónicas con su hija, que fueron intervenidas y que, a su vez, demuestran otra irregularidad: la disponibilidad de un celular en su celda.
“Si bien se pudo corroborar que no se hace respetar el régimen de visitas para él, no se descarta que existan más transgresiones al tratamiento penal, por la influencia que ejerce sobre la institución que ha manejado por más de 15 años. Resulta sumamente difícil inmiscuirse intramuros para controlar que se le dé el tratamiento correspondiente. Durante cada párrafo de la investigación se ha revelado que durante la extensa gestión de Bouvier este ha colocado agentes a él anuentes en cada esfera jerárquica. Por ello, se estima necesario considerar la posibilidad de trasladar a los imputados a otro establecimiento penitenciario ajeno a la provincia de Córdoba, que pueda alojarlos como cualquier otro interno”, entiende Gavier.
El pedido deja en una situación muy incómoda a la intervención del SPC, que desde hace meses surfea un escándalo tras otro, derivados de la caída del imperio de Bouvier. Si accede a la sugerencia del fiscal, reconoce de manera tácita que no puede gobernar las cárceles, que siguen estando en manos del detenido exjefe.
“Cuando me anoticié por La Voz de la resolución del fiscal y el tema de los privilegios que habrían recibido los penitenciarios presos, mandé un oficio (que fue recibido de inmediato) al Órgano de Control de las Fuerzas de Seguridad que tiene la potestad exclusiva de investigación administrativa, comunicándole que dí una orden a la Dirección General del SPC para que se le informe al Órgano la nómina de los oficiales y suboficiales que tienen a su cargo el pabellón en el que se encuentran detenidos, para que se inicie una investigación administrativa”, relató Vidal Lascano.
El interventor designado por el gobernador Martín Llaryora pidió que se informe la nómina de agentes de la “tropa” que tenían a su cargo la custodia del pabellón donde está alojado Bouvier. Se trata de personal que trabaja en turnos de ocho horas y que rota en forma permanente, por cuestiones de seguridad. La investigación administrativa buscará determinar en qué momento y bajo la responsabilidad de quiénes Bouvier habría accedido en su encierro a los privilegios denunciados por el fiscal. De suyo, la investigación administrativa también alcanzaría a los responsables generales y de seguridad del módulo donde están alojados Bouvier y el resto de los exjefes detenidos y acusados de ser parte de la “banda penitenciaria”.
“En efecto, aun estando preso ejerce muchísima influencia en la institución: recibe visitas fuera de reglamento, sé que lo visitó ‘el Caña’, sus hijas regularmente también van (obviamente, no se las requisa) y los agentes le siguen dando tratamiento de jefe”, reveló al fuscal un empleado carcelario. Ese testimonio fue corroborado por el contenido de comunicaciones telefónicas del propio Bouvier con su hija, en la que relata que estuvo el tal “Caña”, quien le llevó “unas cocas y unos chocolates” porque sabe que le gustan, y que lo fue a ver su contador.
Gustavo Heredia es “Caña”, un agente penitenciario suspendido por tener una denuncia de violencia de género.
La Voz quiso saber en qué lugar está detenido Bouvier y el resto de los penitenciarios presos. Desde el Ministerio de Justicia de la Provincia se respondió que “por cuestiones de seguridad no se puede informar con precisión ni el módulo ni el pabellón en el que están detenidos”. Sí confirmaron que se encuentran en el complejo carcelario de Bouwer y que no ocupan ningún área VIP, que de paso aseguran que no existen.
“Todos los pabellones son iguales, no existen alojamientos VIP; todos tienen las mismas condiciones de superficie y de mobiliario. Incluso comparten el salón de visitas. Lo que sucede es que para evitar conflictos internos se agrupan los detenidos según su perfil, por el tipo de delito del que están acusados. No conviene mezclar a un preso por homicidio con uno acusado de una estafa. Y en el caso de los exjefes penitenciarios fueron agrupados con este mismo criterio, en un pabellón donde están alojados integrantes de fuerzas de seguridad acusados de distintos delitos”, explicaron fuentes del Ministerio de Justicia.
Además de Bouvier, están detenidos y con prisión preventiva Víctor Hugo Vivas, Darío José Tello Pajón, Diego Martín Ayala, Silvia Guadalupe Barbero -pareja de Bouvier- y Héctor Hugo Robledo.
