En el inicio del tramo final del juicio que se sigue en la Justicia Federal a policías y civiles por el cobro indebido de una cuota para la cooperadora de la Comisaría 1ª, el fiscal Maximiliano Hairabedian pidió penas en suspenso para los tres principales acusados y la absolución de los otros 10.
El debate se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF1) de Córdoba y este lunes se escuchó el alegato del acusador, quien al presentar sus conclusiones “bajó” las expectativas de condenas de prisión efectiva.
Según lo describe el expediente, la maniobra se habría extendido desde 2008 hasta 2013 en el Centro de la ciudad de Córdoba, en whiskerías y locales comerciales que habrían pagado cuotas a la cooperadora de la Comisaría 1ª. Según la instrucción, el abono era para no ser allanado o asaltado.
Entre los principales acusados se encuentra el civil Tomás Alejandro Yturrioz, quien encabezaba la cooperadora. Además, hay jefes policiales y otros particulares que habrían participado de la estructura que durante años cobró las “cuotas”, según se viene acreditando en el juicio.
El fiscal Hairabedian pidió condenas en suspenso, de tres años de prisión, para Yturrioz, y los comisarios Osvaldo Emilio Arias y Carlos Osvaldo Cejas, por los delitos de cohecho pasivo y por infracción a la ley de profilaxis antivenérea. Mientras que a Yturrioz le añadió el cargo de estafa reiterada y un pedido de multa de 20 mil pesos, a los dos uniformados el acusador le solicitó al tribunal inhabilitación especial perpetua y multas de 50 mil pesos.
Además, a los policías Arias y Cejas les pidió la absolución parcial por los delitos de trata de personas agravada, promoción de la prostitución y exacciones ilegales.
Por otra parte, el alegato del Ministerio Público requirió la absolución total de los otros 10 acusados: José David Farías, Héctor Hugo Santillán, José Armando Olmedo, Ruth Judith Ramos, Nicolás Ricardo Díaz, Gabriel Carlos Álvarez, Ricardo Marcelino Galarza, Ariel Alejandro Pérez, Walter Martín Roldán y Amado Rafael Núñez.
A modo de atenuantes para la mensuración de las penas de los tres con solicitud de condena, Hairabedian ponderó en su alegato el carácter del pedido, indicando que “los montos de dinero no eran suculentos”, que los acusados “no se habían enriquecido”, que “la situación económica (de algunos) era ajustada” y que “Yturrioz no se apropió de los fondos en su totalidad”.
Respecto de lo último, el fiscal agregó que “una parte importante (de lo recaudado) iba para actividades de la comisaría”. También valoró como elemento para disminuir el peso de la acusación “el paso del tiempo” transcurrido desde los hechos y la falta de antecedentes de los acusados.
Acusación allanada
El tribunal de este debate oral está integrado por Julián Falcucci (presidente), Carolina Prado y Jaime Díaz Gavier. Al finalizar el alegato fiscal, Falcucci recordó que, según el precedente “Mostachio”, cuando el fiscal no acusa (como en los pedidos de absolución) “el tribunal no está en condiciones de dictar un veredicto condenatorio”. Por esto, el presidente habilitó a los defensores de esos 10 acusados para que hicieran breves alegatos adhiriendo a lo que acababa de pedir Hairabedian.
Entre los absueltos, hubo sobreseimientos en etapa instructoria, como el comisario Nicolás Díaz, quien logró esa condición defendido por el penalista Juan Fernández Alé. Luego, fue incluido en el juicio por la Cámara de Apelaciones y esta (virtual) absolución se produce con la defensa de Alejandro Pérez Moreno.
Para los casos de Yturrioz, Cejas y Arias, se habilitó un cuarto intermedio hasta el 19 de abril para escuchar los alegatos de sus defensores.
La acusación
Al comienzo, el plan era cobrar por protección policial a negocios, desde el más chico hasta la institución más grande. La suma variaba, pero había que había abonarla a comienzo de mes. El cobrador se presentaba como miembro de una cooperadora de la Policía.
La idea era juntar dinero para destinarlo supuestamente a la manutención de móviles, a las resmas, las vacaciones, la comida para los “juanes” que hacen las rondas.
El esquema se diversificó y creció: así fue que se empezó a cobrar dinero a prostíbulos donde se explotaban a mujeres.
La cooperadora creció al amparo de muchos de los que manejaron la Comisaría 1ª de la Policía, en aquella vieja casona de calle Corrientes al 500 (hoy ya demolida).
Todo se vino abajo cuando, en el marco de otra pesquisa por trata de personas en una de las whiskerías que pagaban por protección, se descubrieron recibos a la cooperadora que “ayudaba” a la Comisaría 1ª.
Todos los acusados llegaron en libertad a la sala de audiencias.
Además de los exjefes policiales Díaz, Álvarez, Galarza, Cejas, Osvaldo Arias, Pérez, Roldán y Núñez, se incluyeron en el juicio a los cinco civiles Yturrioz, su pareja Ruth Judit Ramos, el hijo de ella Jorge David Farías, Santillán y Olmedo.
Vale añadir que, cuando el escándalo del pago de coimas saltó a la luz, desde el Gobierno se dispuso en 2013 anular todas las cooperadoras.
