El fiscal general Eduardo Villalba, en representación de la Unidad Fiscal Salta, solicitó el miércoles pasado ante la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, la nulidad del sobreseimiento dictado en mayo último a favor del camionero imputado por el homicidio calificado por alevosía de María Cash, desaparecida desde el 8 de julio de 2011, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
El planteo fue formulado en el marco de una audiencia oral ante los integrantes de dicha sala -los jueces Santiago French (presidente), Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Ernesto Solá-, en la que el representante del Ministerio Público Fiscal expuso una serie de fundamentos para que la resolución que favoreció al imputado Héctor Romero sea declarada nula y se revoque su sobreseimiento.
En función de una serie de irregularidades detectadas en la resolución apelada, el fiscal pidió que la titular del Juzgado Federal N° 2, Mariela Giménez, siga al frente de la investigación, pero que el trámite del proceso sea remitido a otro juzgado. Dado a que la causa se inició con anterioridad a la implementación del sistema acusatorio, el expediente se lleva bajo las reglas del sistema mixto.
La querella, representada por el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, adhirió al planteo de revocatoria del sobreseimiento, aunque sobre el cambio de juzgado, también pidió el reemplazo de la jueza. La defensa, en tanto, resistió los argumentos con una breve exposición de argumentos.
Acompañado por su equipo de trabajo, compuesto por la auxiliar fiscal Florencia Altamirano y la licenciada Analía Vergara, el fiscal Villalba hizo un repaso detallado del derrotero de Cash, desde que salió de Buenos Aires el 4 de julio de 2011 con intenciones de ir a la provincia de Jujuy, su paso por Santiago del Estero y hasta que desapareció cuatro días más tarde -el 8 de julio de 2011-, cuando fue vista por última vez en la rotonda de Torzalito, de Salta, a donde llegó a dedo por la ruta 9/34, a 50 kilómetros de la ciudad capital.
Recordó que Cash quería regresar a su casa, pero no tenía dinero para abordar un micro, por lo que ese día deambuló por una estación de servicio, donde fue vista por varios testigos. “Por última vez, la vieron con su morral parada en la ruta, en dirección al sur”, señaló.
Las claves de la apelación del MPF
El fiscal Villalba presentó ante los camaristas los siguientes puntos centrales sobre los que basó su apelación:
- Desorientada: indicó que la joven estaba vulnerable y que los testigos la vieron desalineada y errática. Se presentó en el hospital local, pero no se quedó para su atención. Luego, pidió -sin éxito- asilo en una casa del barrio Portezuelo. Y que las cámaras del expeaje Aunor, la muestran dispersa.
- Testigo clave: se trata de René “Tucho” Torres, ya fallecido, a quien el fiscal consideró el “héroe” del caso porque, a seis días de la desaparición de Cash declaró haberla visto subir a un camión Mercedes-Benz blanco con la leyenda “Catita”, aporte que fue clave para identificar a Romero.
- Falta de colaboración: resaltó que Romero, pese a la trascendencia mediática del caso, nunca se presentó espontáneamente para comunicar que había visto a la joven y que la acercó desde la rotonda de Torzalito hasta la Difunta Correa. “Hubo que ir a buscarlo para que declare, pese a que fue el último que tuvo contacto con ella”, dijo el fiscal.
- Incongruencias graves: explicó que no coinciden la declaración indagatoria escrita de Romero con lo que el imputado dice en el video registrado de dicho acto procesal. Como ejemplo, mencionó que al consultarle si solía levantar personas en la ruta, la respuesta asentada por el juzgado fue: “No y que no sabe por qué lo hizo ese día”, mientras que del video surge que dijo que “nunca alzó a nadie, ni hizo nada con nadie”. Lo mismo se repite con las precisiones sobre dónde dejó a la joven y sobre el tiempo que demoraba en viajar de General Güemes a Joaquín V. González.
- Entorpecimiento: Acusó a los abogados Carlos y Hugo Cuellar de prestar “declaraciones falsas” (corroborado por antenas de telefonía celular) al afirmar que vieron a Cash en la ruta 34 el día en que desapareció, lo que sostenía la coartada de Romero respecto a que la joven se bajó del camión en la Difunta Correa. Con esa maniobra, Cuellar “mató la causa para siempre”, dijo Villalba, pues la investigación se desvió hacia otros flancos, entre ellos el de trata de personas, lo que derivó un desgaste descomunal en investigar más de 400 avistamientos falsos de Cash.
- Encubrimiento: puso en duda el rol del empresario Miguel Segura, empleador del camionero, al sostener que mediante documentación irregular (remitos antedatados) y coartadas falsas, le dio cobertura al imputado.
- Intervenciones telefónicas: destacó escuchas “fulminantes”. Entre ellas, Romero instruyendo al testigo Gustavo Lemos, el empleado que recibió su carga el 8 de julio, sobre qué debía declarar: “Vos tenés que decir que no sabés (…) no me va a meter en quilombo”; su hermano diciendo “lo único que le queda es apechugar (…) el quilombo está hecho hace 13 años”; el empresario Segura lamentándose por “el quilombo que tengo (...) por culpa de un chofer pelotudo que ha hecho una cagada”; y audios extraídos del teléfono del imputado donde al propio Romero, durante rastrillajes en 2019, se lo oye preocupado y se lo señala como responsable: “Parece que le han descuartizado a la mina y bueno ‘Romero’ ha sido el ultimo que la llevó hasta ahí”.
- Fallas periciales: criticó “fallas llamativas” en los peritajes, como la reconstrucción del viaje en camión que se hizo con un conductor “amigo del acusado”; y el presunto interés de un perro sobre una zona aledaña a una gomería que la jueza consideró como un probable lugar de despojo de los restos de Cash y que, para el fiscal, no fue marcado debidamente por el can.
- La presunción del fiscal: Villalba sostuvo la hipótesis fiscal de que Romero levantó a Cash confundiéndola con una trabajadora sexual, dado el lugar donde la recogió era un sitio donde mujeres que ejercen esa actividad captaban conductores.
“Merece la verdad”
En el cierre de su exposición, el fiscal general sostuvo que en su resolución la jueza incurrió en un “análisis parcializado”, utilizando las mismas pruebas con las que ordenó la detención e imputó a Romero para luego sobreseerlo.
Resaltó, la esforzada labor de la fiscalía federal y de los investigadores del Cuerpo Especializado de Investigación del Ministerio Público Fiscal de la Provincia.
“En todo momento de la causa, la fiscalía estuvo presente, sobre todo para la familia, incluso cuando nos hicieron sentir sus reclamos. Les pasó lo peor que le puede pasar a un padre o una madre”, afirmó.
Si bien reconoció que, tras la detención de Romero, tuvo “algunas dudas”, Villalba ratificó que está convencido de que el camionero fue el autor del crimen. “Luego de reunir todas las pruebas, tengo certeza de su autoría en el crimen de María, por lo que pido a los jueces que hagan un análisis completo de la causa, ya que Cash merece que se sepa la verdad”, concluyó.
Al finalizar la audiencia, los camaristas anunciaron que, dada la complejidad de la causa, extenderán los plazos procesales para dar a conocer su resolución, aunque aclararon que será este año.
