En la penúltima audiencia del juicio que se sigue al dirigente radical Mario Ignacio Rey (56) por presuntos hechos de corrupción durante su gestión como funcionario municipal, entre 2011 y 2012, el fiscal de cámara Marcelo Hidalgo pidió que fuera condenado a seis años y medio de prisión por tres hechos de “extorsión”.
El juicio se desarrolla desde agosto y ha sufrido varias dilaciones que postergaron su final hasta después de las elecciones para diputados nacionales.
Además de Rey, que se desempeñaba como subsecretario general de Servicios, también son juzgados por los mismos hechos Héctor Alejandro Resk (57) –director de Logística y Seguridad– y Guillermo Alejandro Medina (56) –director general de Servicios y Mantenimiento.
Una cámara oculta y dos empresas de seguridad que se presentan como denunciantes han sido dos elementos clave en la sustanciación del juicio por jurados que se desarrolla en la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba.
La acusación sostiene que los tres funcionarios habrían extorsionado a directivos de la empresa Visión Nocturna que prestaba servicios de seguridad a la Municipalidad en diferentes dependencias.
Los tres comparten la imputación de coautores de “extorsión reiterada” (dos hechos), pero a Rey se le agrega la de autor de una “tentativa de extorsión” (hecho segundo).
Según el Código Penal argentino, este delito tiene un mínimo de cinco años de prisión efectiva.
En el inicio de la primera gestión de Ramón Javier Mestre –entre diciembre de 2011 y mayo de 2012–, se sitúan los tres hechos de la acusación, elevada a juicio en 2015 pero que recién llegó a debate 10 años después.
Para los otros dos funcionarios, Hidalgo pidió pena de seis años de prisión.
El tribunal técnico está compuesto por los jueces Luis Nassiz, María Antonia de la Rúa y Enrique Berger.
Como querellante, la abogada Karina Zeverín Alfieri representa a los titulares de la firma, María Constancia Almada. Falleció quien era su vicepresidente, pero estuvo en las negociaciones con la comuna Alfredo Nicolás Escribano. Ella solicitó las mismas penas que requirió el fiscal Hidalgo.
También, por otra víctima, se inscribe el abogado querellante Fernando Caminos. En cuanto a los pedidos de pena, Caminos solicitó 10 años de prisión para Rey y ocho años para Rezk y para Medina.
En ese juicio se escucharon importantes testimonios y se apreciaron cámaras ocultas que los empresarios presentaron con la denuncia, realizadas por el conductor televisivo Tomás Méndez.
En diversas reuniones, en el despacho de Rey y en bares de la vía pública, se habrían producido los tres hechos, algunos de los cuales quedaron registrados en video, con los rostros y voces de los funcionarios.
Entre los hechos expuestos en el juicio y en los alegatos, quedó al descubierto el festejo de un cumpleaños de Rey en el club Municipalidad. Según lo surgido en el debate, el entonces funcionario extorsionó a la empresa de seguridad para que montara un operativo de custodia de su fiesta, sin que le cobrasen. Para esto, a cambio de recibir los pagos por los servicios habituales –siempre según la acusación–, los empresarios debieron contratar personal y gastar recursos durante varias horas.
El defensor Julio Deheza –y su hijo, que lleva el mismo nombre– reprochó la acusación y señaló que se sustentaba en el inescrupuloso accionar del conductor televisivo Méndez. Señaló que los hechos están prescriptos y que también puede argumentarse la falta de una duración razonable del proceso.
Los hechos
Visión Nocturna prestaba servicios desde 2009 en la gestión de Daniel Giacomino, antecesor de Mestre. Según la acusación, en el despacho de Rey se realizó una reunión inicial (en diciembre de 2011) entre este funcionario y los directivos de la empresa en la cual Rey presentó a sus colaboradores –Rezk y Medina– y les dijo que, para efectivizarles las deudas pendientes de la gestión anterior y continuar con la prestación a futuro, debían abonar diversos porcentajes de los contratos, según los casos. De igual modo, “aprovechándose de los cargos públicos que ejercían”, les indicaron a los empresarios que debían “contener a algunos militantes” radicales, lo que equivalía a contratar a “militantes que colaboraron con las campañas políticas” dado “que no todos podían ser nombrados” en la Municipalidad.
En la acusación, se indica que Rey mencionó “que tenía que recuperar los $ 300 mil que había gastado en la elección interna contra Ramón Mestre y en consecuencia le informó sobre el cuadro tarifario de coimas” que Visión Noctura debía pagarle a él, según un esquema: “20% de los pagos viejos” entre 2010 y el inicio de la gestión; 15% por “pagos no tan viejos”, y 10% para “arreglar trabajos nuevos”.
Más adelante, el 17 de diciembre de 2011, en el hotel Castelar (Alta Córdoba), indicaron a los titulares de la firma que Santony sería “el primero en ingresar a la firma como empleado, pero trabajando en la Municipalidad para seguir de cerca las tareas pertinentes con la empresa y con la Municipalidad”. Les exigieron un sueldo de $ 5 mil, pero terminaron arreglando por $ 4 mil. En esos momentos, el dólar estaba a unos $ 4,40.
En la misma reunión, se ratificó el “cuadro tarifario” de coimas y se les indicó a los directivos que “oportunamente” les indicarían cuáles serían “los militantes del partido radical para que los contrate en la empresa”, agregando que “si no accedía a los pedidos se les irían cortando todos los servicios hasta quedarse sin nada”.
Luego, en febrero de 2012, en un bar céntrico, Almada entregó a Rezk $ 22 mil y este se los dio a Santony, para llevárselos a Rey, según la acusación. Esto “fue el producto del deducido de un monto total de los cheques que sacó la Municipalidad por el pago de facturas viejas de servicios de logística de las ambulancias del 107, tal lo exigido en la primera reunión” con los funcionarios.
En el segundo hecho, una “tentativa de extorsión”, Santony comunicó a directivos de Visión Nocturna que debían pagar $ 20 mil para “que no se les cayera la compulsa” por un nuevo contrato, más la suma de $ 20 mil todos los meses “para no molestarlos más”.
El tercer hecho, otra acusación de “extorsión”, involucra a la empresa Centinela, radicada en Alta Gracia, cuyos directivos también habrían sufrido similares exigencias de parte de los funcionarios.
“El día 1º de marzo de 2012″, Rey, Rezk y Medina “se reunieron en el bar del Espacio Cultural del Dinosaurio Mall” de barrio Alto Verde “y hablaron de los servicios que cubría la empresa y de la posibilidad de contratar más servicios aún, pero fundamentalmente de poder cobrar en tiempo y forma”. La acusación señala que los empresarios reclamaron “por el atraso de los pagos de la Municipalidad a la empresa” y los tres funcionarios, “aprovechándose de los cargos públicos que ejercían”, les dijeron que necesitaban un “gesto de buena voluntad” por parte de la firma “para que salieran dichos pagos y se aceitara todo el mecanismo de servicios y de pago, entendiéndose eso como la entrega de una cantidad de dinero”.
En otra oportunidad, Rey les habría manifestado “que la empresa debía contratar una mujer para que le activara todos los expedientes dentro de la Municipalidad a dicha empresa, siendo ella Alicia Romoli”.
Previamente, Rezk, “aprovechándose del cargo público que ejercía”, también habló de la “necesidad” de contratar a una mujer para que “le activara todos los expedientes dentro de la Municipalidad, como si fuera una gestora”. El sueldo a cargo de Centinela, según la acusación, se fijó en $ 4 mil.
Entre el 1º de febrero de 2012 y el 30 de mayo de ese año, Centinela comenzó a prestar servicios de vigilancia. En ese contexto, Rezk le entregó el nombre de dos personas (o más) que la firma debía contratar como vigiladores entre su planta de personal.
