En la finalización del juicio por la trágica muerte del adolescente Luciano Valentín Aranda (14), quien recibió una descarga fatal mientras jugaba a la pelota en una plaza de la ciudad de Córdoba en 2022, la fiscalía de Cámara pidió una condena de ejecución condicional para los cuatro municipales acusados.
El representante del Ministerio Público Fiscal, Martín Berger, solicitó 3 años de ejecución condicional para los acusados Julio Sebastián Banegas, Hugo Roberto Chocobares, Ramón Edgardo Cuello y Marcos Ariel Farioli, quienes se desempeñan en el Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Alumbrado Público de la Municipalidad de Córdoba.
El fiscal los encontró responsables del delito de homicidio culposo.
Además, el fiscal Berger solicitó una condena de inhabilitación por cinco años.
A su turno, el abogado querellante Carlos Nayi, quien representa a la familia de la víctima, coincidió con la fiscalía y reclamó una condena de 3 años de ejecución condicional por el mismo delito: el homicidio culposo.
En paralelo, el letrado solicitó que se giren antecedentes a la fiscalía de turno que corresponda para que se investigue qué sucedió con “la falta de cuidados y mantenimiento en 1.265 plazas que había al momento de los hechos”.
En la tarde del jueves, se realizaron los alegatos de las defensas en la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba. Todos pidieron las absoluciones de los acusados, quienes se encuentran en libertad.
En los próximos días se conocerá cuándo será la última palabra de los acusados y el fallo del tribunal.
Tragedia en la plaza
Todo sucedió el 25 de enero de 2022, cuando Luciano Aranda fue a jugar a la pelota con amigos a una plaza pública sin nombre ubicada en Tristán Achával Rodríguez 1953, en el corazón de barrio Alto Alberdi, de Córdoba.
De pronto, Luciano fue a buscar una pelota y apoyó su mano en una columna de alumbrado público de la plaza.
Fue entonces que recibió una descarga eléctrica que resultó mortal. Su hermanito y sus amigos presenciaron atónitos la dramática escena.
La noticia conmocionó a Córdoba y expuso la precariedad del sistema de mantenimiento eléctrico en los espacios verdes y públicos.
A raíz de aquella tragedia, el por entonces intendente de Córdoba, Martín Llaryora, dispuso el cierre de numerosas plazas para que se mejorara las condiciones eléctricas. Hubo otros incidentes con electrocuciones en espacios públicos con víctimas que sobrevivieron.
Reclamo de la familia
El abogado Nayi reclamó que se trató de una muerte anunciada.
“Estamos frente a la crónica de una muerte anunciada, con un Estado ausente y una conducta arbitraria de parte de los funcionarios. Desde el año 2017, esa plaza pública donde iban a jugar cientos de niños era objeto de reiteradas quejas y reclamos por cables sueltos, luminarias que no encendían, malezas altas y ausencia de mantenimiento”, sostuvo.
Además –dijo Nayi– allí había una caja eléctrica en una de las luminarias, precisamente la del medio del terreno, la más próxima a la calle Ingeniero López, que exhibía toda su estructura “torcida”.
Fue justamente en ese poste en el que Luciano se apoyó y recibió una fuerte descarga eléctrica.
La investigación judicial posterior al hecho trágico determinó que existieron graves omisiones funcionales en el control del alumbrado público de esa plaza.
Los informes internos del área municipal, según los expedientes, ya advertían sobre desperfectos eléctricos sin los responsables adoptaran medidas preventivas.
De esta manera, llegaron a juicio los empleados de la Municipalidad de Córdoba Julio Sebastián Banegas, Hugo Roberto Chocobares, Ramón Edgardo Cuello y Marcos Ariel Farioli.
Según la investigación judicial, estos agentes municipales fueron los que tenían a su cargo el control de las luminarias del sector donde se encuentra emplazado el espacio público.
Falta de cuidados en la plaza
Durante la investigación judicial, realizada oportunamente por el fiscal Guillermo González, se comprobó que el sistema eléctrico de la plaza habría estado totalmente fuera de norma.
Ya en la sala de audiencias, el fiscal Berger sostuvo la acusación y la mantuvo en todos sus términos.
El acusador señaló en su alegato que el informe presentado por los municipales “no se condijo con la realidad”.
Añadió que, independientemente de la “vandalización que pudo haber existido en esa plaza”, la caja de energía “no estaba en condiciones” adecuadas de mantenimiento, remarcó Berger, quien reclamó que haya condenas por homicidio culposo.
El homicidio culposo gira en torno a la negligencia, la imprudencia, la impericia.
Por su parte, el abogado Nayi sostuvo: “Todo era irregular, absolutamente todo. Después de este evento se apagaron las luces de más de 600 plazas de la ciudad de Córdoba, porque todas estaban en infracción”.
“Cada uno de los operarios tenía la función –y no el derecho, sino el deber– de prever, controlar, disponer de las medidas de resguardo”, sostuvo el letrado.
El trágico fallecimiento de Luciano se transformó también en un pedido social por un mayor control y mantenimiento del alumbrado público en Córdoba capital.
Según el expediente, la persona que revisó la luminaria que provocó la descarga fatal sólo había aprobado un curso básico de electricidad, dictado por el Instituto de Capacitación de la Municipalidad.
Esa formación, limitada a tareas de riesgo, fue uno de los elementos señalados por el fiscal durante la instrucción como parte de una cadena de negligencias.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya había ratificado la elevación a juicio del caso al rechazar un recurso presentado por la defensa de los imputados, al considerar que “no se cumplió con las obligaciones de informar y realizar relevamientos semanales”, generando así “un riesgo penalmente relevante que resultó en la muerte de Luciano”.
