Con posturas enfrentadas, las partes alegaron este martes en el juicio que se sigue a un expolicía que en 2015 mató por la espalda a un joven de 17 años que acababa de robar una cartera en la esquina de Colón y Sagrada Familia, en Córdoba Capital. Para la fiscal de Cámara Laura Battistelli, el acusado Lucas Gastón Carranza cometió un exceso en sus funciones y por un “homicidio culposo” le pidió una pena de tres años de prisión, de cumplimiento en suspenso.
A la par que requirió una inhabilitación profesional de ocho años, la acusadora consideró numerosos atenuantes en el comportamiento impulsivo que tuvo Carranza, que estaba drogado al momento del robo que terminó en la ejecución de Rodrigo Sánchez.
El disparo fue a tres metros de distancia.
La petición de Battistelli contó con la postura en contrario del acusador privado, el penalista Adolfo Allende Posse, quien representa a Gabriela Sanso, mamá de la víctima. Al presentar sus conclusiones, el querellante consideró que el hecho se encuadra en un “homicidio simple, con dolo eventual”.
Por esto, Allende Posse reclamó al tribunal de la Cámara 9ª del Crimen una pena de 12 años de prisión.
En cambio, la defensora oficial Andrea Bruno rechazó la calificación legal del expediente y tampoco coincidió con la postura de la fiscal. Consideró que Carranza debe ser absuelto. Eventualmente, en subsidio, planteó que su cliente puede haber tenido un error en el riesgo que corría al enfrentarse.
Dudoso enfrentamiento
Nuevamente, al escucharse las conclusiones en esta penúltima audiencia, las partes se refirieron a la posibilidad de que hayan esgrimido armas Sánchez o su cómplice Leonardo Sanabria, el motociclista que esperaba a la víctima, fugó y que años después fue condenado por robo simple.
Battistelli se permitió dudar si Sanabria pudiera portar un arma. Allende Posse reiteró que no hubo enfrentamiento y que los peritos reiteraron que no se constataron disparos en la zona, más allá de los que efectuó el acusado.
Antes de los alegatos, el ahora expolicía acusado pidió usar la palabra. Señaló que repelió el disparo de uno de los jóvenes. “Di la voz de alto y repelí el disparo”, señaló en referencia a lo que realizó, en respuesta a un supuesto ataque de los motochoros hacia él.
El expolicía aseguró que todo sucedió muy rápido y que escuchó el estallido de un vidrio, gritos y luego el disparo que le efectuaron. Al inicio del debate, reconoció su adicción a las drogas y aseguró que luego de este episodio siguió en funciones y transitó la peor parte de su dependencia a los estupefacientes, aún en funciones y con un arma de fuego a su disposición.
Otros argumentos y pedidos
Las partes de este juicio se esforzaron por fundamentar argumentos y afianzar la idea de tres posturas que tienen pocos puntos de contacto.
Battistelli, a lo largo de más de dos horas de alegato, planteó diversos elementos a favor y en contra de la postura del acusado, aclarando que la respuesta a una supuesta agresión debe ajustarse a la “proporcionalidad” y a la “menor lesividad”.
La fiscal quitó relevancia al hecho de que el disparo se haya producido por la espalda, al citar jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), como en el caso Goico, un policía que mató a un automovilista al dispararle de atrás cuando este evadió un control en Alta Córdoba, en 2013.
También citando al TSJ, la fiscal entendió que debía considerarse una pena de prisión en suspenso porque luego de este episodio mortal, se determinó una “condena condicional porque después de este evento no ocurrieron otros” que tuvieran a Goico como protagonista de nuevos delitos.
Pero el querellante Allende Posse recordó que Carranza, mientras seguía siendo policía, fue protagonista en dos nuevos hechos reñidos con la ley penal. En julio de 2017, un guardia de seguridad de Falabella lo frenó cuando se llevaba una campera a la que le había quitado el precinto de seguridad. En diciembre de ese año, intentó robar a un taxista, como pasajero, pero el conductor se bajó con la llave y lo dejó “regalado”. Luego, lo trompeó y llamó a la Policía, que detuvo a Carranza.
Tiempo después, la Justicia sobreseyó a Carranza de ambas acusaciones, por prescripción por el transcurso del tiempo.
Frente a esto, el querellante Allende Posse entiende que el argumento de la pena de prisión en suspenso pierde sustento. Al dialogar con La Voz, en igual sentido se pronunció Gerardo Battiston, observador del juicio como amicus curiae y presente en la audiencia en representación de la Secretaría de Derechos Humanos.
El proceso oral también analiza la demanda civil planteada por la mamá de Sánchez, presentada por escrito y que en esta audiencia Pedro Sacone, el representante del Gobierno de la Provincia, rechazó de plano.
Entre otros temas que pronunció en su alegato, Allende Posse puso énfasis en el estado de narcosis que tenía Carranza al matar a Sánchez y en la fuerte adicción que sostuvo cuando siguió portando el uniforme y el arma reglamentaria. Recién fue expulsado de la Policía años después, tras los episodios por los que fue imputado en 2017.
En tal sentido, el querellante pidió al tribunal -integrado por los vocales Roberto Cornejo, Fernando Martín Bertone y Gustavo Rodríguez Fernández (presidente)- que emita una recomendación al Gobierno de Córdoba y especialmente a la Policía de la Provincia para que tomen medidas a fin de evitar que sean adictos a las drogas los aspirantes a la fuerza y los efectivos en ejercicio.
