Para los padres y la hermana de Santiago Aguilera, el secuestro y asesinato del joven de 18 años sólo alcanzará la “verdad y justicia” con la condena a los dos acusados a prisión perpetua, pero también con la determinación de las responsabilidades funcionales que puedan haberle cabido al fiscal que instruyó la causa, Enrique Senestrari.
Esto se visualizó este viernes en el Tribunal Oral Federal en lo Criminal 3 de la ciudad de Córdoba, cuando se escucharon los alegatos de los acusadores –público y privado– en el juicio por el secuestro extorsivo seguido de muerte de Santiago, ocurrido en Villa Dolores (Traslasierra) en agosto de 2022.
En ese marco, la primera presentación de conclusiones correspondió al penalista Alejandro Dragotto, quien asiste a los familiares de la víctima, Agustina (hermana), Carlos Aguilera (padre) y Mónica Allende (madre). Buena parte de este alegato estuvo dedicada a presentar reproches a la actuación del fiscal Senestrari, tanto en el manejo del caso mientras el secuestro se estaba ejecutando como en la investigación posterior a la muerte de Santiago.
Los acusados son Walter Ezequiel Gil (25) y Julio César Ramírez (32), sobre quienes pesa la dura acusación de “secuestro agravado por la muerte querida (dolosa) de la víctima”, calificado por causarle “lesiones graves o gravísimas” y por “el concurso de tres o más personas”.
“Justicia por Santiago es a lo que se ha reducido la vida de la familia Aguilera”, arrancó el abogado, para completar que se suspendieron “sus vidas desde el mismo momento en que él fue secuestrado”.
En uno de sus pronunciamientos categóricos, Dragotto se dirigió al tribunal, integrado por Cristina Giordano (presidenta), Facundo Zapiola y José Quiroga Uriburu, y dijo: “No hay crímenes perfectos, hay investigaciones imperfectas”. Tras esto, destacó la “tarea encomiable” de la división Antisecuestros y de los dos policías que concretaron la pesquisa, pero los diferenció del instructor, que no tuvo “una cuota mínima de empatía” para con los padres de la víctima.
Agregó Dragotto que el desempeño del instructor, al no interrogar al detenido Gil antes de la consumación del crimen, “motivó el fracaso rotundo” de la búsqueda con vida.
“El objetivo prioritario es la vida; es el principal objetivo, y el fiscal fracasó estrepitosamente debido a su actitud soberbia”, remarcó el querellante. Otra vez, reiteró que el fiscal se ocupó de tratar bien al detenido Gil (le proporcionó un colchón, un yogur y un pedazo de torta), pero opinó que no se preocupó por Santiago.
Sin olvidarse de “los autores”, el alegato de Dragotto cargó las tintas sobre Gil porque –aseguró– planeó el secuestro, lo llevó engañado y desde el teléfono de la víctima escribió el mensaje en el que exigía el rescate.
También le reprochó al acusado haber callado mientras estuvo detenido por respeto al “código mafioso”, a “la Omertá”, por temor a represalias de quienes ultimaron a Santiago.
Repitiendo una y otra vez que al detenido Gil no se le explicó que podía colaborar en la búsqueda a cambio de mejorar su situación procesal, reprochó otra vez que el fiscal tuviera indicado por ley lo que debía aplicar.
También Dragotto fue crítico con relación a lo sucedido con la instrucción una vez que se halló el cuerpo de la víctima, y mencionó “la maliciosa manipulación de la causa para que llegue a esta instancia” y no fuera juzgada en la Justicia provincial.
Con relación a Ramírez, dijo el abogado que su participación era tanto o más grave que la de Gil. Señaló que, desde el wifi de su casa, se ingresó a la cuenta de Gmail de Santiago (tal vez para buscar alguna billetera virtual). Mencionó que la exigencia de dinero motivó las torturas que sufrió la víctima.
Involucró a este acusado con sus parientes primos que están acusados en otras maniobras del secuestro y en la consumación del crimen.
Para ambos acusados, el querellante pidió la pena de prisión perpetua.
Dragotto sostuvo que “Walter Gil sabía de antemano que iban a matarlo” (a Santiago).
Para concluir, en exhortación al tribunal, el abogado definió: “Los únicos que están condenados a una pena a perpetuidad son ellos” y miró a Carlos, a Mónica y a Agustina. Volvió a sus palabras del comienzo y señaló que lo único que mantiene vivos a ellos es obtener “justicia por Santiago”.
Por si hacía falta, aclaró lo que para ellos es justicia: “No solo prisión perpetua” para los dos acusados, sino también determinar “la responsabilidad funcional” del fiscal en la tramitación de la crisis y en la instrucción de la causa.
Perpetua y partícipe secundario
Con sobriedad, el fiscal federal Carlos Gonella llegó al mismo pedido de prisión perpetua para Walter Gil por entender que había sido quien ideó el secuestro, clave en su consumación e ideólogo de la muerte de Santiago. Por esto, solicitó la pena de prisión perpetua.
En cambio, introdujo una variante respecto de Ramírez, porque consideró que no fue probado que el acceso a la cuenta de Gmail de la víctima, aunque sí fue en su casa, lo fuera desde el teléfono de la víctima. En el debate, por una intervención del defensor Jorge Perano, quedó establecido que ese acceso a la cuenta fue realizado desde una computadora (PC), lo que indicaría que este acusado no tuvo el celular de Santiago.
En cambio, el fiscal reseñó que Gil –por lo que indican las antenas celulares– se llevó el celular a su casa y fue quien redactó el mensaje extorsivo a los padres del joven secuestrado.
Por eso, Gonella pidió para Ramírez una pena de 15 años de prisión como partícipe necesario del secuestro seguido de muerte más los otros dos agravantes.
Por otra parte, el fiscal realizó pedidos en subsidio en caso de que el tribunal entienda que estos dos acusados no tuvieron participación en la muerte de Santiago. Para Gil, requirió una condena de 30 años de prisión por el secuestro y los agravantes de “concurso de tres o más personas” y “lesiones graves o gravísimas”.
En el caso de Ramírez, si no prospera su pedido de 15 años de prisión y cae la participación en el asesinato, el acusador público solicitó una pena de 10 años de prisión. Siempre como partícipe secundario.
El debate pasó a cuarto intermedio y continuará el próximo martes 20 con los alegatos de los defensores Mercedes Crespi y Rodrigo Altamira (Gil) y Perano (Ramírez).
