Los jueces de la Cámara del Crimen de la ciudad de Villa Dolores dejaron por escrito diferentes reproches hacia la fiscal Fabiana Pochettino por lo que ha investigado hasta ahora en la causa judicial por el gatillo fácil en Paso Viejo.
En dos resoluciones consecutivas en las que los jueces ordenaron excarcelar a dos de los cinco policías imputados por este crimen, se repitieron los párrafos críticos hacia la fiscal.
En la madrugada del pasado domingo 25 de octubre, Joaquín Paredes (15) fue asesinado de un balazo policial que le ingresó por la espalda. Se trató de una desmedida reacción oficial contra un grupo de jovencitos que estaba reunido en una plaza del pequeño pueblo ubicado en el departamento Cruz del Eje, en el norte cordobés.
Al menos otros dos jóvenes de 14 años resultaron heridos por policías que querían dispersarlos en el marco de la cuarentena por el coronavirus. Todos los adolescentes estaban desarmados, según contaron los testigos.
El principal acusado es el policía Maykel Mercedes López, quien en la causa penal quedó señalado como el autor material del asesinato de Joaquín. El uniformado está imputado por el delito de homicidio doblemente calificado, por el uso de arma de fuego y por su condición de policía. Además, está preso por tentativa de homicidio calificado (otro adolescente fue herido de un disparo) y por abuso de autoridad.
Según la fiscal Pochettino, López habría sido el único que disparó balas de plomo con su pistola. Lo acusa de haber efectuado siete disparos.
Además, los efectivos Ronald Fernández Aliendro, Enzo Ricardo Alvarado, Iván Alexis Luján y Jorge Luis Gómez deben responder por los supuestos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento en los deberes de funcionario público.
Pedidos y resoluciones
Las imputaciones fueron fijadas por la fiscal a fines de diciembre. Ante esto, los abogados defensores de estos últimos cuatro policías comenzaron a presentar recursos para solicitar que continuaran el proceso en libertad, ya que la figura penal contempla una pena que, en caso de condena, será de cumplimiento condicional.
El pasado miércoles 31 de marzo, la Cámara del Crimen de Villa Dolores, que comenzó a intervenir en este expediente luego de que se apartara la Cámara de Cruz del Eje, admitió el recurso presentado por el defensor Carlos María Cardeilhac y ordenó la inmediata liberación del policía Ronald Nicolás Fernández, bajo una fianza de 200 mil pesos.
En tanto, el martes último, hizo lo mismo en relación con el pedido del policía Jorge Luis Gómez, tras una presentación de su abogado Pedro Despouy Santoro.
“No se puede tolerar que la necesidad de privación de libertad de una persona durante el proceso responda a las sensaciones colectivas o alarma social, dado que tal interpretación resultaría violatoria del principio de inocencia”, se lee en el fallo que lleva las firmas de los jueces Raúl Castro, Carlos Escudero y Santiago Camogli Roque.
Pero el reproche es mucho más profundo. La fiscal, al ordenar las prisiones preventivas, había apuntado que se advertían alteraciones en el libro de guardia de la subcomisaría de Paso Viejo; que la jefa de esa dependencia, la comisaria Natalia Lorena Moreta, nunca dio la clave para que se peritara su teléfono celular; que cuatro de los cinco imputados se lavaron las manos antes de ser sometidos al dermotest, por lo que el análisis dio negativo, y que cuando se les secuestraron sus aparatos telefónicos, ya habían alterado el registro de sus comunicaciones, entre otros puntos.
Ante todos estos puntos, la fiscal alertó sobre “una actitud corporativa defensiva de parte de la institución policial respecto de los imputados que forman parte de ella”.
Al respecto, los jueces le indicaron a la fiscal que ella nunca imputó a nadie por alterar el libro de guardia y que tampoco avanzó en algún reproche legal en contra de la comisaria Moreta, por lo que no puede inferir que la actitud de esa funcionaria policial haya sido consecuencia de alguna presión o influencia por parte de los policías acusados.
“En el mismo sentido corresponde concluir respecto de la manipulación de los libros de guardia, el lavado de manos y el secuestro de los aparatos telefónicos. Si la fiscalía sospechó desde los primeros momentos de la investigación sobre la actitud corporativa de la fuerza policial, debió arbitrar los medios necesarios para neutralizarla y para que ello no ocurriera. En efecto, según se detalla en la prisión preventiva, la fiscal se hizo presente en el lugar del hecho a las 10.40 (el crimen ocurrió a las 3) e impartió directivas de modo verbal, siendo pues ese momento el indicado para realizar todos los actos procesales urgentes que aconsejaba un hecho de estas características. No obstante, surge que el secuestro de los aparatos recién fue ordenado por la instrucción a las 16.45 y se materializó a las 18.52, razón por la cual, sea uno u otro horario, los aparatos igualmente pudieron ser manipulados; en el primer caso, por demora de la fiscalía; en el segundo caso, por demora de la Policía administrativa en su función de Policía Judicial. Igual temperamento cabe aducir del lavado de manos y de los libros de guardia”, concluyen los jueces.
Consultada al respecto, la fiscal Pochettino prefirió no referirse de manera pública sobre estos fallos.
“Creen que no nos merecemos justicia porque somos pobres”
Maribel es mucho más que la tía de Joaquín. El adolescente vivía junto a ella y sus abuelos en Paso Viejo, por lo que la mujer siempre estuvo muy presente en su crianza. Ahora, tiene el desafío de levantar las banderas para reclamar justicia por el asesinato policial de su sobrino.
“Estamos muy disconformes porque están liberando a los policías. Creen que nosotros no nos merecemos justicia porque somos pobres”, critica Maribel cuando se le pregunta sobre cómo observan la investigación judicial hasta ahora.
Y denuncia: ”Esa madrugada hubo más de 30 balazos que los policías le tiraron a los chicos y en la causa figura que sólo hubo siete. Todos tiraron”.
La familia de Joaquín se muestra preocupada por el estado actual de la causa. Entienden que la fiscalía fue benigna al momento de imputar a cuatro de los cinco policías acusados.
Por eso, el miércoles último viajaron hacia la ciudad de Cruz del Eje para pedir reunirse con la fiscal Fabiana Pochettino, a la que le plantearon todos los reparos y le pidieron que agravara las imputaciones.
Al finalizar ese encuentro, los familiares se retiraron con la sensación de que por ahora nada va a cambiar en la causa.
