El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) de Córdoba condenó este martes al fiscal federal de San Francisco Luis María Viaut a la pena de cinco años de prisión tras hallarlo culpable de los delitos de exacciones ilegales agravadas y tráfico de influencias, en concurso real.
También el tribunal impuso al fiscal condenado por coimas una multa de seis millones de pesos e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Viaut llegó a juicio acusado junto con un empleado de la dependencia a su cargo y otras tres personas más de cobrar dinero para frenar investigaciones o de ejercer influencia para intervenir en causas en curso en la justicia provincial.
El fiscal federal de San Francisco (en uso de licencia) no irá preso porque el fallo no está firme y además sigue siendo funcionario judicial. Viaut depende ahora de la Procuraduría General de la Nación y tiene inmunidad que puede ser removida por los organismos correspondientes.
El empleado que acompañó a Viaut en los dos hechos de la acusación es el ordenanza de su fiscalía, Darío Fabián “Paco” Rivarola, quien recibió pena de tres años de ejecución condicional, más multa de cuatro millones de pesos e inhabilitación especial perpetua.
Los otros tres acusados, partícipes en uno de los dos hechos de la acusación, recibieron penas condicionales: Víctor Hugo “Vitito” Brugnoni, dos años de prisión y multa de cuatro millones de pesos por cohecho activo; Walter Gustavo Fattore y Gerardo Agustín “Coco” o “Coquito” Panero, seis meses de prisión y dos millones de pesos, como partícipes secundarios de tráfico de influencias. Los tres también recibieron inhabilitación especial perpetua.
Salvo Viaut, durante el juicio los otros acusados confesaron los hechos y los términos de la acusación.
Pedidos de pena
En sus alegatos del jueves pasado, los fiscales María Marta Schianni (instructora) y Carlos Gonella habían solicitado siete años de prisión para Viaut.
En su alegato, Gonella había pedido además una multa de 51.300 dólares y que el dinero incautado sea destinado a entidades benéficas de la zona. Requirió también que, en caso de que Viaut sea condenado, se lo inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos.
Los cinco imputados llegaron a juicio por dos hechos.
Por un lado, Viaut y Darío Fabián Rivarola (empleado de la fiscalía de San Francisco) estaban acusados de concusión agravada, en carácter de coautores, por ofrecer a los titulares de una cooperativa tambera “cajonear” una investigación en curso mediante el pago de un soborno.
En el segundo hecho, ambos estaban acusados de tráfico de influencias. En ese caso, Gerardo Agustín Panero y Walter Gustavo Fattore fueron considerados en el alegato como partícipes secundarios de la maniobra, luego de que Víctor Brugnoni, acusado de cohecho activo, les ofreciese dinero a cambio de su intervención en una causa en la justicia ordinaria en contra de su hijo.
En la acusación de este hecho se relata que Brugnoni pagó 17.100 dólares para que Viaut ejerciera influencia en la Justicia provincial para aliviar la situación procesal de su hijo. Agustín Brugnoni estaba imputado por abuso sexual con acceso carnal por la fiscal de Bell Ville Isabel María Reyna, quien finalmente elevó la causa a juicio. Rivarola, al igual que el otro hecho, era quien pedía el dinero a nombre del fiscal de San Francisco, mientras que en este caso Fattore y Panero actuaron de intermediarios. Hace pocas semanas, la Cámara del Crimen de Bell Ville condenó al joven Brugnoni a la pena de siete años y medio de prisión por el delito de la imputación.
En su alegato, Gonella y Schianni solicitaron dos años de prisión en suspenso para Brugnoni ya que consideraron como atenuantes su estado de salud, la situación de desesperación en la que se encontró al momento de cometer el delito y su posterior confesión y colaboración con el esclarecimiento del hecho. Para Fattore y Panero el pedido fue de seis meses de prisión de ejecución condicional por la situación laboral y de salud de ambos, atenuada a su vez por su declaración y arrepentimiento. En el caso de Rivarola, el Ministerio Público Fiscal solicitó tres años de prisión en suspenso, una multa de veinte mil pesos y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
