Presuntos testaferros, 54 vehículos , un inmueble y la sospecha del lavado de fondos espurios detrás de las figuras de los narcotraficantes Raúl Alberto “el Tuerto Cacho” Cuello y Walter Antonio “Mandinga” Ferreyra a través de una concesionaria de la ciudad de Córdoba.
La causa acumula 19 procesamientos dictados por el juez federal N° 1, Ricardo Bustos Fierro, en agosto del año pasado por lavado de activos agravado (por la habitualidad y por la utilización de una persona de existencia ideal).
El foco judicial recae sobre los principales investigados por el fiscal Enrique Senestrari: “el Tuerto Cacho” y Ferreyra. Ambos arrastran, además, condenas por narcotráfico de junio de este año (la tercera para Cuello).
En un escalón más abajo en el caso por el presunto lavado, surgen 17 presuntos partícipes necesarios: Valeria Soledad Rivarola (exesposa del “Tuerto”); Milagros Agustina Cuello y Claudia Alejandra “Cuchi” Cuello (hijas del narco); Marcos Eduardo Vaca (novio de “Cuchi”) y Aurelia Norma Pedraza (madre de Cuello).
También figuran Florencia Nicole Agustina Aguilar y Walter Andrés Aguilar (novia y suegro, respectivamente, del “Tuerto”); Tamara Edith Moreno (esposa de “Mandinga”); Luis Alfredo Cuello; Nélida Ayelén Paola Juárez; Brian Emmanuel Rodríguez; Sergio Gustavo Luján; Carlos Eduardo Ávila; José Alberto Pavón; María Clementina Pérez; Lucas David López, y Pablo Marcelo Cardozo.
La última novedad se produjo el lunes, luego de que la Cámara Federal confirmó los procesamientos de López y de Cardozo como supuestos partícipes necesarios y –al mismo tiempo–declaró desierta la apelación por seis de los acusados y desistido el recurso por otros cinco.
Córdoba: millonarios fondos ¿“negros”?
La causa comenzó cuando la Gendarmería detectó el nombre del “Tuerto Cacho” en una serie de intervenciones telefónicas realizadas en otra investigación (sobre una banda narco).
Aparentemente, habría tenido vínculo –presuntamente con actividades ilegales y por lazo familiar– con los sospechosos de aquella causa, ya que una de las principales imputadas es su media hermana (por parte de la madre, Norma Aurelia Pedraza).
De los seguimientos y escuchas emergieron comunicaciones relacionadas a operaciones inmobiliarias y compraventa de vehículos, por lo que el fiscal estimó que entre enero de 2015 y hasta 2017 “el Tuerto Cacho” y “Mandinga” habrían blanqueado dinero del narcotráfico de esa forma.
Para eso, habrían utilizado a testaferros con la finalidad de que los vehículos les fueran transferidos a esos prestanombres para, posteriormente, comercializarlos.
Para perpetrar las maniobras se habrían valido de la concesionaria Ariel Automotores, de José Alberto Pavón, en Crisol Norte. El empleado Cardozo o el mismo Pavón (también aparece relacionada a la concesionaria la imputada María Pérez) habrían realizado los trámites de obtención del Certificado de Transferencia de Automotores (Ceta) para luego vender los autos y las motos a terceros.
Pavón habría recibido dinero “negro” para blanquear o vehículos por transferir, lo que quedó plasmado en los Ceta que habrían gestionado él, Cardozo y Pérez. Así, habrían omitido el control de ciertas cuestiones relacionadas a la prevención de lavado (reporte de operaciones sospechosas, etcétera).
Sobre Pavón, el juez consideró que “puso a disposición de Cuello y de Ferreyra su concesionaria de venta de vehículos”, lo que “quedó acreditado” con la investigación, las escuchas y los Ceta de los vehículos sospechosos.
En las maniobras habrían tenido participación el resto de los imputados, quienes no habrían contado con una actividad económica ni capacidad contributiva registradas. Así, habrían actuado como testaferros para aparecer como titulares registrales de los bienes.
De este modo, se habría lavado unos seis millones de pesos con la compra de al menos 54 vehículos. En la nómina figuran dos Honda NX4 Falcon; una Yamaha YS 250 Faser; cinco Honda CG 150 Titán; una Honda Biz; dos XR (de 150 y 250 cc); una Honda CVX 250; una Bajaj Rouser 200, y otra no identificada.
En el rubro de autos, figuran un Volkswagen Trend; dos Fiat Palio Fire; un Strada; un Saveiro; un 147; un Renault 12; un Peugeot 206; un Chevrolet Corsa; un Palio; un VW Cross Up; un Punto; un Clio; un VW Up; un Cross Fox; otro no identificado; un Suzuki Fun; un 206; un Bora, y un Siena.
También un Sandero; un Astra; un Onix; un Ford Ecosport; un Punto Sporting; tres Ford Focus; dos Feline (208 y 308); un Falcon; una Ranger; un Gol; una Toyota Hilux; dos 308 Allure; dos Fox, y un Qubo.
El fiscal también precisó la compra sospechosa de un inmueble ubicado en Villa Inti Có (Córdoba), a nombre de Milagros Cuello, hija del “Tuerto”.
Uno de los imputados, Brian Rodríguez, sugestivamente poseía siete vehículos registrados a pesar de que adujo dos ingresos, uno de ellos como albañil. Para el juez, no presentó pruebas de que los haya comprado lícitamente.
Sospechas en Córdoba
A pesar de no tener ninguna actividad declarada, “el Tuerto” sí contaba con cinco vehículos registrados a su nombre, sin poder justificar su posesión. Si bien adujo que trabajaba como changarín, la Justicia no pudo comprobarlo.
Los investigadores pudieron establecer que habría acumulado grandes sumas de dinero, cuya inversión luego diversificaba, y mantenía un bajo perfil.
Su “mano derecha”, Ferreyra (sin actividad declarada), se habría ocupado de realizar las gestiones previas a las operaciones de compra, que luego eran cerradas por Cuello. Al ser indagado, señaló que se dedicaba a la compraventa de vehículos.
Los investigadores detectaron que los vehículos del entorno familiar y social de “Mandinga” y del “Tuerto” aparecían a la venta en la concesionaria de Pavón. Entre ellos, uno a nombre de Florencia Aguilar, Walter Aguilar, Sergio Luján, Brian Rodríguez y Pedraza.
De las escuchas a la novia de Cuello, surgió la mención de un inmueble adquirido en barrio Valle Cercano, luego de que “el Tuerto Cacho” –entonces residente en Alta Gracia, en una casa con pileta y dos esculturas de leones– un día antes concurrió a una inmobiliaria con una valija.
Confirmación para Cardozo y López
El lunes, la Sala B de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cardozo y del electricista López. Los jueces Abel Sánchez Torres y Liliana Navarro consideraron que Cardozo realizó un “aporte necesario” en las maniobras de lavado al llevar adelante una “deliberada omisión de controlar cuestiones básicas de prevención en materia de lavado”.
Cardozo habría gestionado los Ceta perpetrando una “declaración jurada falsa” que facilitó el lavado” por parte de Cuello y de Ferreyra. Si bien Cardozo negó la acusación y sostuvo que alguien usó su clave fiscal, nunca lo denunció. Eso alimentó la presunción del camarista Sánchez Torres de que todo se trató de un “mero argumento defensivo sin valor” probatorio.
De cualquier forma, solicitó al fiscal que profundizara la investigación sobre el presunto rol del imputado. “Por su función dentro de la empresa –reflexionó el juez de Cámara–, es válido sostener que (Cardozo) conocía que quienes abonaban los vehículos (de contado o financiando una pequeña parte, sin firmar ningún papel)” eran Cuello y Ferreyra.
“Habría conocido que ambos ponían los vehículos a nombre de terceras personas y que los compraban y vendían en un corto período de tiempo, lo cual le habría permitido sospechar del origen ilícito de los fondos a cualquier persona que habitualmente se dedica a esa actividad”, dedujo el camarista.
Por su parte, el magistrado advirtió de que, a pesar de que López no registra ninguna actividad económica ante Afip, en seis meses (marzo-septiembre de 2017) registró dos autos (dos Peugeot 308, por 500 mil pesos en total) y una moto con un ingreso de entre 15 mil pesos y 18 mil pesos como electricista.
“Con sus ingresos, mal pudo adquirir dos automóviles y una moto en tan sólo seis meses”, razonó el camarista. Sugestivamente, uno de los 308 registraba a “Mandinga” y a una hermana del “Tuerto” como autorizados para conducirlo: y la moto, al mismísimo Ferreyra.
