Vendedor de huevos y de paraguas. La declaración fiscal de Juan “el Francés” Viarnes (63) no convenció a los investigadores sobre su real actividad económica con movimientos bancarios por casi medio millón y compraventa de vehículos. Terminó procesado por lavado de dinero, pero ahora la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba anuló el fallo.
El famoso agente encubierto ilegal que destapó el “narcoescándalo” y terminó con la existencia de la División de Drogas de la Policía tuvo hace unos días quizás el mayor “alivio” judicial en los últimos años ante la Cámara, con excepción de su liberación, en junio.
Viarnes se transformó en una “figura” repetida en la Justicia federal, que ventiló sus falsas identidades: desde integrante del Ministerio de Defensa y un “coronel” del Ejército hasta un miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o un funcionario de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
Primera condena en 2022: dólares falsos
El “hombre de los mil rostros” había sido condenado en abril a cinco años y medio de prisión en la causa por falsificación y circulación de moneda falsa, estafa y falsificación de documento público.
Había sido denunciado por Luis Edgardo Pereyra y su padre, Luis Héctor Pereyra, por estafa en la compra de vehículos con dólares apócrifos. En 2013, “el Francés”, simulando revestir el cargo de “coronel” del Ejército, les mencionó que su amigo “Fernando”, un “teniente” del Ejército, tenía intenciones de comprarles un Peugeot 206, un minibús Mercedes Benz y un Volkswagen Polo.
Los Pereyra aceptaron cerrar la operación por 205 mil pesos. Viarnes envió a Agustín Orlando Heredia (haciéndose pasar por “Lucas”) y a Fernando Nicolás Castro (simulando ser “Fernando”) para concretar el negocio.
Al intentar pagarles con 41.200 dólares falsos, los Pereyra se negaron a hacerlo en esa moneda, pero los aceptaron como “seña” con la promesa de que luego los convertirían a pesos. Los dueños entregaron los rodados, pero perdieron el rastro de “Lucas”, quien les dijo, incluso, que Viarnes había muerto.
En una estación de servicio, Luis Pereyra reconoció al “coronel Viarnes” y a “Lucas”, llamó a la Policía y los detuvieron. Al allanar la casa de Viarnes en Urca, los efectivos encontraron 361.200 dólares truchos y las falsas credenciales de la ex-Side y del Ejército.
Viarnes se autoincriminó y apuntó contra Drogas Peligrosas por la presunta fabricación de operativos contra traficantes, en los que fungía como informante encubierto y testigo oficial, operativos luego anulados. A partir de allí, salió a la luz la causa que perfiló el “narcoescándalo”.
El por entonces jefe de la Drogas Peligrosas, Rafael Gustavo Sosa, había dispuesto la actuación de Viarnes como “agente encubierto” o “provocador” en una investigación contra Gabriel Osvaldo “Gordo Gaby” Ludueña (41), presunto líder de una banda narco al que le secuestraron 15 kilos de cocaína. La causa posteriormente fue anulada por el rol ilegal de Viarnes.
A partir de las declaraciones de Viarnes, su nombre comenzó a sonar cada vez más fuerte y resultó el disparador de una serie de sospechas sobre su vinculación con el manejo de dólares y pesos falsos producido por una banda santafesina para comercializar y distribuir a “clientes” y a “proveedores” en Santiago del Estero, Chaco, Buenos Aires y Córdoba. Viarnes y Ludueña fueron condenados.
Segunda condena de 2022: “narcoescándalo”
Dos meses después y en el marco de otro juicio, Viarnes recibió cinco años de prisión por asociación ilícita, extorsión y violación de los deberes de funcionario público, conocido como el “narcoescándalo”.
El terremoto que provocó el caso en 2013 terminó en 2016 con la detención y la posterior condena leve del entonces jefe de Drogas Peligrosas, el Rafael Gustavo Sosa, y de otros policías (Viarnes precisamente no fue juzgado por entonces porque se encontraba prófugo).
En el juicio, Viarnes fue liberado porque llevaba más de seis años de prisión –desde el inicio de la tramitación de su extradición, en 2016–, por lo que cumplió el tiempo de su condena.
Se cayó el lavado
En la última causa pendiente, “el Francés” fue procesado en 2021 junto al “Gordo Gaby” Ludueña (42) por presunto lavado de activos. Viarnes fue acusado de haber blanqueado miles pesos a través de múltiples operaciones sospechas.
Así, en 2013, Viarnes recibió acreditaciones por 457 mil pesos, realizó consumos por 69 mil pesos y 10 operaciones de compraventa de vehículos (entre ellos, un Kangoo que le vendió al sargento primero Fabián Peralta Dattoli, condenado por el “narcoescándalo”) por 559 mil pesos en total.
Ludueña habría lavado fondos sucios con la compra de Ford Ranger 2 y un Hyundai Coupe Génesis por 600 mil pesos en total, mientras que Ricardo Gustavo “el Tucumano Ricky” García (50) habría blanqueado más de 1,3 millones de pesos (no fue procesado para evitar la doble persecución penal, ya que arrastraba la misma medida en Tucumán).
Llamativamente, entre 2011 y 2013, Viarnes declaró al fisco haber estado vinculado a la venta de huevos, ropa y paraguas y el transporte de pasajeros, aunque por aquellos años llevó adelante las maniobras en el “narcoescándalo” y en la causa de los dólares apócrifos.
En agosto de 2021, el juez N° 1, Ricardo Bustos Fierro, lo procesó junto con Ludueña por lavado. La defensa del “Francés” apeló al sostener que se había vulnerado el principio de especialidad de la extradición, de legalidad y de carencia de fundamentación.
Según el tratado de extradición con Paraguay, el extraditado no puede ser procesado por un hecho distinto al delito por el que fue requerido y concedida la extradición. Sostuvo que en el pedido de extradición no se mencionó que se lo requiriera por lavado, por lo que consideró que Bustos Fierro se extralimitó.
Lo que dijo la Cámara
El camarista Eduardo Ávalos recordó que el tratado establece que ningún extraditado será detenido, procesado o condenado en el territorio del Estado requirente “por un delito cometido antes de la fecha de la solicitud de extradición distinto de aquél por el cual fue otorgada la misma” (con ciertas excepciones).
“Una vez que el requerido es entregado al Estado solicitante, puede ser imputado por otros hechos distintos del que motivó la entrega. Pero si los mismos fueran –según su fecha de comisión– anteriores a la entrega, su juzgamiento requerirá una nueva solicitud”, advirtió.
Bustos Fierro requirió en 2016 la extradición por la causa de los dólares falsos (falsificación de moneda extranjera, estafa, encubrimiento agravado, falsificación de documento público y la circulación de moneda falsa).
La Justicia paraguaya la concedió una vez que terminaran el proceso penal en contra de Viarnes en aquel país (fue condenado por la falsificación de un carné de conducir). Eso sucedió en marzo de 2021 y en abril fue extraditado a la Argentina.
“El suceso por el cual Viarnes resultó procesado no fue motivo de pedido concreto de extradición y toda vez que su fecha de comisión (imputado por lavado en 2018) resulta ser anterior a la de la solicitud de extradición (2016), en virtud del tratado de extradición (…), no habiéndose verificado (…) los supuestos de excepción (…), y encontrándose en juego las garantías constitucionales del debido proceso, corresponde declarar la nulidad” del procesamiento, dijo el camarista.
“La solicitud de extradición debe referirse a un hecho concreto; petición que, además, debe contener una descripción, circunstancia que posibilita que el Estado requerido efectué el debido contralor de la preservación de las garantías (…). E implica que el Estado requirente asume la responsabilidad de someterlo a juzgamiento únicamente por ese hecho”, razonó en consonancia con el voto de su par, Graciela Montesi.
En cambio, sí confirmó el procesamiento de Ludueña por su vínculo con “Gordo Gaby” García (con antecedentes por narcotráfico) al señalar que en la causa en la que se los investigó (drogas) se secuestró una importante cantidad de estupefacientes, a pesar de que posteriormente fueron sobreseídos por la intervención de Viarnes como “agente encubierto” ilegal.
La Cámara recordó que Ludueña también fue condenado con Viarnes en la causa de los dólares y que no registra ninguna una actividad económica que le permitiera justificar las compras de los vehículos por 600 mil pesos.
“Conocía el origen ilícito de los fondos con los que adquirió los vehículos. A partir de su inscripción registral y ventas los incorporó al mercado, procurando darles así apariencia lícita”, remarcó Ávalos.
