El gobierno nacional endureció los controles sobre los presos de alto riesgo alojados en el Servicio Penitenciario Federal, a quienes ya no les permitirá mantener contacto físico con las visitas.
Esta medida, plasmada la Resolución 153/2025 del Ministerio de Seguridad, se publica un año después de la implementación del Sistema de Alto Riesgo y busca “neutralizar las mafias intra carcelarias”.
Los argumentos del cambio
Según fuentes del Ministerio a cargo de Patricia Bullrich, los internos estarían utilizando a sus familiares directos y abogados defensores para transmitir órdenes al exterior.
Entre el año pasado y este, se registraron 11 casos de detenciones: 9 familiares y 2 abogados que pasaban información para cometer crímenes.
Entre los casos destacados se encuentran la esposa de Luciano “Lucho” Cantero y la hija de Ariel “Guille” Cantero, de Los Monos. Los delitos imputados incluyen asociación ilícita, amenazas, incendio y secuestro extorsivo.
El nuevo protocolo
Como resultado de estos incidentes, se han impuesto nuevas restricciones a las visitas.
Los presos de alto riesgo podrán recibir la visita de hasta 2 familiares directos mayores de 16 años y sus hijos menores, cada 15 días y por 60 minutos. Estas visitas se llevarán a cabo exclusivamente en locutorios, sin contacto físico.
Las autoridades remarcaron que estas medidas son necesarias para cumplir con los compromisos internacionales vinculados con la prevención y persecución del crimen organizado.
El miércoles pasado, se detectó a un preso rosarino de alto riesgo entregando una hoja con órdenes para cometer delitos a su madre durante una visita, lo que llevó a la detención de la visitante.
No podrán ingresar personas condenadas o investigadas
También se ha establecido que no se autorizará el ingreso como visita a personas condenadas o investigadas por la posible comisión de un delito, ni se permitirán visitas de apoderados ni allegados.
El Servicio Penitenciario Federal deberá notificar a la Justicia si existe algún impedimento para autorizar las visitas de cada uno de los familiares directos solicitados por los internos.
Si se revoca la autorización de un visitante, no podrá volver a solicitarla en un plazo de seis meses.
Desde el traspaso del Servicio Penitenciario Federal al Ministerio de Seguridad a fines de 2023, se han implementado medidas para evitar el ingreso de droga, elementos punzantes y celulares, y para regular las visitas, comunicaciones telefónicas y correspondencia.
En el pasado, se reforzaron las medidas luego de que se recibiera una alerta de que dos capos presos, Esteban Lindor Alvarado y Claudio “Morocho” Mansilla, pudieron encomendar crímenes en Rosario durante 2024.
Los agentes penitenciarios podrán aplicar sanciones a los reclusos que infrinjan el sistema, como la intervención de las comunicaciones telefónicas, el monitoreo de visitas, la suspensión o prohibición de visitas o de establecer comunicaciones telefónicas, entre otras medidas.
El Servicio Penitenciario Federal deberá denunciar todos los delitos que se conozcan en este contexto.
