Mientras continúa con sus investigaciones sobre la corrupción en las cárceles de la provincia de Córdoba, el fiscal de Delitos Complejos del 1° Turno, Enrique Gavier, consiguió llevar a juicio abreviado y condenar a 11 integrantes de una asociación ilícita –cuatro de ellos, mujeres– que operaban desde el interior del Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María. Los ahora condenados cometían estafas desde un call center tumbero.
En el Juzgado de Control y Faltas N° 7, a cargo de José Milton Peralta, este jueves se celebró la audiencia y se llegaron a penas de prisión efectiva contra Iván Fernando Cittadini (39), Braian Nicolás Silva (25), Cristian José Vera (38), Daniel Jonathan Santucho (35), Carmen Isabel Vázquez (38), Sofía de los Milagros Abbas (25), Agustín Valdez (21), Laura Soledad Moreno (33), Nancy Pamela Rosales (35), Lisandro Omar Agasal (42) y Mauricio Eduardo Fernández (42).
Aún en etapa de instrucción, continúa la investigación de los principales supuestos miembros de la organización, entre jefes penitenciarios y líderes de los internos del penal.
La instrucción de Gavier sostiene que los 11 condenados en este tramo formaron “parte en calidad de miembros de una asociación ilícita cuya finalidad era cometer una cantidad indeterminada de delitos contra la propiedad”.
Esos “delitos habrían consistido en defraudaciones a través de la utilización de teléfonos celulares ilegalmente introducidos en el Establecimiento Carcelario N° 5 (de Villa María)“, con ”la colaboración indispensable de funcionarios del Servicio Penitenciario y de la Policía de Córdoba que también formaban parte de la organización".
Entre los funcionarios penitenciarios –todavía no llevados a juicio–, están Andrés Américo Aciar –hasta su detención, subprefecto técnico superior y director principal de esa cárcel–, Néstor David Gómez –subdirector de Operaciones–, Edgar Ezequiel Arroyo –jefe de Seguridad– y Oscar Pablo Figueroa –alcaide técnico superior, que fue oficial de servicio de la 2ª Compañía y en 2024 subjefe de Seguridad del Módulo MX2 de Bouwer (Córdoba).
Se dice que estos funcionarios se pusieron de acuerdo con el “pluma” del pabellón donde funcionaba el call center, Sebastián Ezequiel Moyano, y con otros detenidos, más otras personas que “trabajaban” fuera de la cárcel, todo con el objeto de cometer estafas telefónicas.
Por otra parte, a una de las integrantes de este grupo delictivo se le atribuyeron dos hechos de tenencia ilegal de armas, en uno de ellos, con el secuestro de un verdadero arsenal en su domicilio.
Las condenas en abreviado
Las condenas impuestas en este tramo por el juez Peralta fueron las siguientes: como miembros de asociación ilícita con sus montos de pena: a Lisandro Agasal, cuatro años y tres meses de prisión, unificados en cuatro años y ocho meses de prisión, con declaración de reincidencia; a Iván Cittadini, (también condenado por estafa), tres años de prisión y 10 meses de prisión; a Braian Silva (también por estafa), cinco años y dos meses de prisión; a Cristián Vera, cinco años de prisión; a Daniel Jonathan Santucho, cuatro años y dos meses de prisión; a Nancy Rosales (también por dos hechos de tenencia ilegal de arma), cinco años de prisión; a Carmen Vázquez (también por estafa), tres años y nueve meses de prisión, y a Sofía Abbas (también por dos estafas), cuatro años de prisión.
A tres años y 10 meses de prisión fueron condenados Agustín Valdez, Laura Moreno y Mauricio Fernández, este también como partícipe necesario de estafa.
A todos se les impuso además una multa de $ 90 mil.
A muchos de ellos se les decomisaron gran cantidad de celulares, dinero y otros elementos hallados en los allanamientos llevados a cabo en los domicilios a los “apoyos” externos.
Los hechos
La asociación ilícita (primer hecho) fue conformada entre los meses de enero y de septiembre de 2023, cuando Gavier allanó y cayó sobre toda la organización. Como se dijo, entre los jefes penitenciarios y Sebastián Ezequiel Moyano, “pluma” del pabellón 11 de Villa María, acordaron liderar una organización compleja y extendida, según la causa.
Además de los jefes penitenciarios, el pluma y otros internos también se confabularon con Sofía Macarena Moyano y con Ulises Nicolás Moyano como los principales integrantes de una banda criminal.
“La banda se dedicaría principalmente a la comisión de estafas telefónicas, para lo cual diagramaría también el ingreso, la tenencia y comercialización de elementos prohibidos dentro del establecimiento penitenciario”.
Contando con la autorización permanente del jefe máximo Aciar y de los otros jerárquicos –Gómez, Arroyo y Figueroa–, “los reclusos capitaneados por Sebastián Ezequiel Moyano, a través de la creación y utilización de diversas cuentas en la red social Facebook, contactarían a las potenciales víctimas y mediante diversos ardides las engañarían e inducirían a error para que efectuaran transferencias electrónicas de dinero y de este modo resultarían perjudicadas patrimonialmente”, dice el expediente.
El “pluma” Moyano proveía de celulares dentro del pabellón para que los subordinados “consumaran las estafas y luego le entregaran un porcentaje del producto de los ilícitos”.
“A esos fines, como resultaba imprescindible contar con personas que se hallaran en libertad, por cuanto sin su intervención resultaba inviable llevar adelante esos fraudes y sacar provecho, reclutaron a personas de su confianza, por vínculos de parentesco o de amistad, como miembros de esta asociación criminal”, consigna la causa.
En lo que se refiere a este tramo (del juicio abreviado), en el segundo hecho, de estafa, se describe que la víctima transfirió una suma de dinero por la adquisición en Marketplace de un sillón.
En el tercer hecho, resultó damnificado un conocido funcionario judicial provincial que quiso comprar rollos de alfalfa y transfirió $ 162 mil, a mediados de 2023.
La tercera estafa (cuarto hecho) fue también a través de Marketplace, con un juego de comedor. La cuarta fue por un juego de sillas.
Los hechos seis y siete tienen que ver con los secuestros de armas de guerra que Nancy Pamela Rosales tenía ilegalmente en su domicilio. En una primera ocasión, se secuestró un revólver 32, y en una segunda intervención, los efectivos se hicieron de una escopeta recortada Centauro.
